Revolución en los juzgados de Soria que cambiarán el modelo de funcionamiento a final de año

La justicia está en pleno proceso de cambio organizativo, un nuevo modelo que revoluciona las estructuras y que elimina los juzgados como se conciben en la actualidad. La aplicación de la Ley de Eficiencia en Soria concentra en tres Tribunales de Instancia lo que son hasta ahora los juzgados, que se integran pero como plazas de magistrados.

De este modo, ya no habrá, por ejemplo, Juzgado número 1 sino magistrado número 1. El proceso ya ha echado a andar y Soria se enmarca en la fase tres que recoge la ley, por lo que el nuevo modelo se implantará el 31 de diciembre, tal y como avanzó el secretario coordinador provincial, Pedro de Miguel, letrado de la Administración de Justicia.

Cada Tribunal de Instancia se corresponde con un partido judicial, en la provincia los de El Burgo de Osma, Almazán y Soria capital. En los dos primeros casos apenas habrá cambios por cuanto los juzgados, aunque con otra nomenclatura, funcionarán prácticamente igual. De hecho, la implantación se adelanta al 1 de julio. En la capital, los diez juzgados existentes quedarán integrados en un único Tribunal de Instancia, con ocho magistrados, en concreto cuatro de civil y penal, uno de lo Social, otro de lo Contencioso-Administrativo, otro de Menores y uno de Penal.

El Ministerio de Justicia señala que los 10 juzgados unipersonales de la provincia de Soria quedarán agrupados en tres Tribunales de Instancia, lo que favorecerá su especialización, permitirá distribuir adecuadamente las cargas de trabajo y optimizará los recursos.

Y para su funcionamiento, se pone en marcha la tan esperada Oficina Judicial, que dará soporte a los magistrados pero con servicios comunes, no como ahora que cada juzgado cuenta con su propio personal. Con la nueva estructura de la Oficina Judicial, que fue la que marcó las directrices a la hora de diseñar y ejecutar las obras de remodelación del Palacio de Justicia hace años, existirá un servicio común de tramitación, otro general y otro de ejecución, donde se concentra la actividad, con una mayor especialización.

El secretario coordinador destacó que lo que se pretende con esta reorganización es buscar una mayor eficiencia y gestión de los recursos personales y materiales. «Es más flexible, de modo que si se detecta mayor carga de trabajo, ya no hace falta crear un juzgado completo. Si es necesario aumentar plantilla, se hará de plazas de magistrados y funcionarios, sin crear una estructura entera», explicó sobre el nuevo modelo.

Pero para llegar a ese punto todavía quedan muchos pasos que dar, como por ejemplo elaborar y aprobar una relación de puestos de trabajo, RPT, que se ajuste al nuevo diseño, además de realizar una programación divulgativa, otra formativa y los protocolos de actuación en cada partido judicial, que ya recoge la propia ley con modelos de referencia.

Los borradores de la RPT los enviará el Ministerio de Justicia para reubicarlos en la nueva estructura y se abrirá una negociación con los sindicatos y los consiguientes movimientos laborales que se irán desarrollando por fases.

El Tribunal de Instancia no es un órgano colegiado porque cada magistrado seguirá actuando de forma independiente, pero con este modelo se pretende que haya coordinación en la organización, como por ejemplo unificar criterios de funcionamiento. Habrá un presidente del Tribunal de Instancia que, de inicio, en Soria será el juez decano, puesto que actualmente ostenta la jueza del Juzgado de lo Penal, Cristina Sualdea. Con posterioridad, será elegibles.

Además, la Ley de Eficiencia también crea las Oficinas de Justicia en el Municipio, en las que se podrán realizar actos y trámites procesales de manera telemática, evitando los desplazamientos. Con esta medida diseñada por el Ministerio de Justicia se pretende aprovechar los juzgados de paz, ahora con pocas funciones, y dotarles de los medios informáticos y técnicos para que puedan interactuar con el Tribunal de Instancia del correspondiente partido judicial.

Requiere una inversión que llegará de fondos europeos, y los medios humanos serán los propios de las agrupaciones de paz, ya que en los grandes municipios trabajan dos funcionarios de la administración de Justicia que serán quienes se encargue de este nuevo cometido. Podrán hacer videoconferencias con los tribunales, solicitar la justicia gratuita... gestiones que antes requerían un desplazamiento.

Para la puesta en marcha de estas Oficinas de Justicia en el Municipio no existe un plazo, sobre todo porque hay que dotarlas de los medios técnicos y formar al personal.