Heraldo-Diario de Soria

Justicia

Soria insiste en un quinto juzgado y resolver las "disfunciones" de la cárcel

El Decanato vuelve a reclamar una «oficina judicial» en la prisión, dos funcionarios de auxilio y más equipos de videoconferencias para poder reducir los traslados

Interior del edificio de los Juzgados de Soria.

Interior del edificio de los Juzgados de Soria.MARIO TEJEDOR

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La memoria de 2023 del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León vuelve a poner de manifiesto las carencias que sufre la administración de justicia en Soria y que adquieren ya carácter de ‘históricas’ porque a pesar de reiterarse las peticiones no son atendidas. Las principales reivindicaciones vuelven a centrarse en la implantación de un quinto juzgado de Primera Instancia e Instrucción y solucionar las «disfunciones» que ha generado la apertura del nuevo centro penitenciario hace ya más de tres años.

El balance presentado esta semana sobre la actividad judicial en el año 2023 destaca «la clara desproporción de trabajo recibido por el Juzgado número 4 de Soria» debido al fin de la exención temporal adoptada sobre el 50% del reparto de asuntos que está sin efecto desde el final de agosto. El juzgado número 4 es el que tiene atribuido en exclusiva los casos relativos a contratos de financiación inmobiliarios. Ante esta situación el Decanato pide «nuevas medidas de corrección en el reparto para evitar el desequilibrio y la desproporción existente». Más allá de esa cuestión «se ha mantenido un volumen de trabajo similar al 2022 en todos los órdenes».

En cuanto a las necesidades, la memoria indica en primer término las referidas a la creación de órganos y plazas judiciales. La primera cuestión tiene que ver con la cárcel nueva e insiste en que su situación fuera de la ciudad «produce graves disfunciones» ampliadas por la falta de transporte regular. «Los funcionarios de auxilio deben desplazarse en taxi, con el importante gasto económico y pérdida de tiempo», explica. Por ello se incide en la necesidad de dotar la Decanato de «un servicio común con dos funcionarios de auxilio, destacados en el centro penitenciario, para atender las necesidades de auxilio, notificaciones, citaciones o emplazamientos».

Cabe destacar que no se hace referencia a la creación específica de un Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, como sí ocurría en memorias anteriores. Si se incide en la necesidad de dotar a la cárcel de Las Casas de «varios equipos de videoconferencias –en la actualidad solo hay uno–» ya que «si se necesitan hacer gestiones con varios internos, debe procederse al traslado de los mismos». En este contexto apela, dado que el centro penitenciario dispone de espacio suficiente, por la creación de una oficina judicial que mejoraría la eficacia de la acción judicial.

En este apartado, la última petición es ya un clásico en la memoria del Decanato de Soria. El balance vuelve a poner sobre la mesa el incremento de la litigiosidad «sobre todo en materia civil» por lo que «procedería la creación de un quinto juzgado de Primera Instancia e Instrucción».

PLANTILLA

En lo relativo a la plantilla, además de los nuevos trabajadores para atender al centro penitenciario, el Decanato ve necesario «reforzar» el Juzgado número 4 por el «sobreesfuerzo» que afronta por los motivos explicados con anterioridad. Además se reitera «como en los anteriores años, la petición de refuerzo para la oficina del Registro Civil» con un funcionario más.

En el apartado de materiales, además de las dificultades propias del edificio judicial advierte de que «no existe ningún despacho libre que pudiera utilizarse como sala multiusos, para albergar curso de formación a funcionarios o las dependencias de la junta electoral durante los procesos electorales».

A todos estos asuntos se suma la vacante en la Audiencia Provincial, como señaló el presidente del TSJCyL, José Luis Concepción en la presentación de la memoria. «De igual modo, las Audiencias Provinciales de Soria y Zamora carecen de presidente por traslado y jubilación, respectivamente de sus anteriores titulares. Ello determina una minoración de efectivos en las mismas y obliga a los magistrados más antiguos la asunción de las funciones gubernativas propias de los presidentes que, en algunos casos, no desean realizar, lo que aumenta sus obligaciones sin reportarles beneficio económico o de cualquier otra índole alguno».

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