El Procurador del Común alerta del "problema estructural" de la contaminación del consumo de agua en Soria

«Consideramos, pues, que no estamos ante incidencias aisladas o esporádicas, sino ante un problema de carácter más bien estructural, vinculado en buena medida a la contaminación difusa de acuíferos, que se manifiesta con especial crudeza en el medio rural, donde la debilidad de las haciendas locales, la limitada disponibilidad de personal técnico y la dispersión poblacional hacen muy difícil, en la práctica, que los Ayuntamientos puedan afrontar con medios propios soluciones estables ante la aparición de este problema». En estos términos se expresa el Procurador del Común en un escrito dirigido a la Diputación Provincial sobre la incidencia de la contaminación por nitrato en los suministros públicos en la provincia de Soria y las medidas de apoyo de la institución Provincial.

Hay que recordar que a finales de octubre, la institucion provincial aprobó su primer Plan de Actuaciones en Acuíferos Contaminados 2025, que contempla ocho proyectos con un presupuesto total de 404.097 euros De esta cantidad, la Diputación Provincial aporta 311.155 (77%), mientras que los ayuntamientos beneficiarios contribuyen con 92.942 euros (23%).

La institución del Procurador ha abierto ya varios expedientes de oficio relacionados con la «deficiente» calidad sanitaria del agua de consumo humano en diferentes municipios del territorio de la Comunidad, algunos de ellos situados en la provincia de Soria. Estos expedientes, aclara el Común, se iniciaron principalmente por la presencia en los respectivos suministros públicos de nitrato y, en menor medida, de arsénico, fluoruros y otros tipos de contaminantes.

Eleva a 30 los ayuntamientos de Soria en los que se ha constatado problemas de contaminación en los suministros desde el año 2023, datos que posteriormente «hemos contrastado y podido verificar a través de los registros oficiales disponibles (SINAC)». Más todavía «se han ido incrementando» las localidades que han sufrido episodios de contaminación en el agua de consumo que en algunos casos, además, «han sido persistentes» al mantenerse en ocasiones «durante varios meses».

Enumera las localidades que han sufrido problemas de esta índole «en el momento que recibimos la información municipal». Se trata de Adradas, Castillejo de Robledo, Fuentepinilla, Aldealices, Almazuel, Candilichera (Fuentetecha), Fuentecantos, Golmayo (La Muela), Langa de Duero (Alcozar y Zayas de la Torre), Momblona, Reznos, Renieblas (Fuentesaúco) y San Esteban de Gormaz (Pedraja de San Esteban, Torremocha de Ayllón), Velilla de San Esteban, Aldea de San Esteban y Olmillos).

«Ninguno de estos abastecimientos», añade la institución, tenía instalados sistemas de tratamiento y, en algún caso, al recuperar los valores de aptitud «se seguían registrando porcentajes muy próximos al límite, con el consiguiente riesgo de que se volvieran a sobrepasar los límites aceptables». En otras zonas de abastecimiento el problema era la falta de actualización de los datos del parámetro nitrato en el SINAC, «lo que nos impedía contrastar su evolución y su eventual presencia en el agua de consumo».

La respuesta municipal a todos estos problemas ha sido «desigual», con medidas correctoras inmediatas, como otras conexiones o desnitrificación, y en otras paliativas temporales, en forma de agua embotellada o cisternas. El Procurador del Común justifica su intervención porque se trata de la salud pública, además de por la reiteración de estos episodios.

El problema de los núcleos de menor tamaño es la generación de «incertidumbre» en la población y causan «desconfianza» en el vecindario sobre la prestación del servicio de abastecimiento.

La superación del valor de 50 mg/l de nitrato es el parámetro fijado por la normativa sanitaria para exigir la «inmediata necesidad» de protección reforzada de colectivos vulnerables, tales como lactantes, gestantes, personas con diversas patologías...), que de no llevarse a cabo comportaría riesgos. El Procurador del Común adjudica en todo este escenario un papel clave a la Diputación, y le reconoce que «ha desarrollado, en los últimos años, un número importante de actuaciones concretas para apoyar a los municipios afectados».

En este sentido, destaca los 400.000 euros en 2024 para nuevas captaciones, que movilizaron 750.000 euros junto a los municipios, y el millón de euros de 2025 con una financión del 77% por parte de la institución provincial, al igual que sucedió en 2024.

El Procurador del Común también valora de forma positiva la colaboración que la Diputación mantiene con la Junta de Castilla y León, «especialmente en situaciones de emergencia», el acuerdo marco para inversiones en abastecimiento y «una progresiva respuesta ante un problema creciente». Sin embargo, alerta de que los municipios de menor tamaño se ven obligados a recurrir durante meses a soluciones de emergencia como cisternas o agua embotellada, aunque el mantenimiento de estas prácticas, conviene el Procurador del Común, «no puede ser la respuesta ordinaria» de la Diputación. Considera que «debe reforzar sus actuaciones dirigidas a la prevención y corrección de la contaminación por nitrato, así como de otros elementos químicos en el agua de consumo humano».

En este punto, aboga por un «plan provincial» de apoyo con vigencia «plurianual» que incluya, al menos la identificación y priorización de las localidades con episodios recientes o en las que exista riesgo potencial a partir de los datos del SINAC y de los servicios sanitarios, con objeto de intentar anticipar la aparición de problemas en los suministros». Plantea también líneas estables y suficientes de ayuda económica» para instalaciones, explotación y mantenimiento de sistemas de tratamiento y el diseño de un protocolo de activación inmediata de medidas paliativas en colaboración con los ayuntamientos afectados.

Aboga por intensificar la cooperación provincial con los municipios para que se pueda contar con agua potable de calidad se viva donde se viva en la provincia, y ofrece cuatro pautas de resolución. La primera, que se valore la posibilidad de consolidar la prevención y corrección de la contaminación química del agua de consumo humano, especialmente la causada por nitratos, pero sin excluir otros compuestos detectados en la provincia (arsénico, flúor…) , como línea de «actuación prioritaria» dentro de su programación estratégica y presupuestaria anual. Ello permitiría, a juicio del Procurador del Común, dar continuidad a las convocatorias ya impulsadas en 2024 y 2025, «que han demostrado su utilidad para los municipios con menos capacidad técnica y financiera, y adaptar el diseño de las actuaciones provinciales a las condiciones reales de los ayuntamientos sorianos»

En segundo término, valorar la aprobación de un plan provincial específico de apoyo a municipios con contaminación en el abastecimiento, orientado «no sólo a actuar cuando la calidad del agua ya ha quedado comprometida, sino también a anticipar estos episodios». El plan podría aprovechar la información procedente de los controles municipales para identificar las localidades en riesgo recurrente, definir criterios objetivos de priorización y prever recursos y financiación suficientes para garantizar la eficacia y continuidad de las actuaciones programadas.

En tercer lugar, que se refuercen líneas estables de ayuda económica, similares a las convocadas por la Diputación en años anteriores, destinadas tanto a la instalación como al mantenimiento y explotación de los sistemas de tratamiento, así como para nuevas captaciones, interconexiones de redes y mejoras en depósitos y bombeos. Estas ayudas «deberían acompañarse de asistencia técnica provincial continuada, facilitando a los pequeños municipios la redacción de proyectos, la supervisión de obras y la gestión de sistemas de tratamiento cuando no dispongan de personal propio».

Y finalmente, y como cuarta petición, la elaboración y puesta en marcha de un protocolo de activación inmediata de medidas cada vez que se detecte la superación de los valores paramétricos en el agua de consumo. Recomienda que el protocolo podría prever mecanismos de coordinación con los ayuntamientos para la señalización de puntos de consumo, la comunicación pública y la atención prioritaria a personas vulnerables (gestantes, lactantes, personas mayores o dependientes), «garantizando que la respuesta sea uniforme y garantizada en toda la provincia cada vez que se detecte la superación de los valores paramétricos legales».