Sacyl prorroga los abortos de las sorianas en Madrid

Las mujeres sorianas que tomen la difícil decisión de abortar deberán hacerlo fuera de la provincia y, principalmente, en Madrid. La Gerencia Sanitaria mantiene la prórroga del contrato para afrontar las interrupciones voluntarias de embarazos con la Clínica Isadora, en la capital del país, y así seguirá hasta que haya «una nueva licitación», es decir, que habrá un nuevo proceso de contratación para esta prestación sanitaria. Hace ya más de tres décadas que las sorianas tienen imposible abortar en su provincia y los últimos datos indican que el 97% de las mujeres residentes en Soria que tuvieron que hacer frente al proceso fuera de la Comunidad Autónoma.

A nivel administrativo, el actual contrato procede del año 2024. A principios de aquel año se autoriza la prórroga del contrato para los procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo (IVES), con destino a las pacientes a la que la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León deba prestar asistencia sanitaria en la provincia de Soria. La prórroga es de 12 meses, hasta finales de 2024. Por estos servicios la Junta fijó un pago de 21.780 euros para la Clínica Isadora, ubicada en Madrid. En 2025 se daba continuidad a ese contrato y para este 2026 la situación se mantiene. «El contrato de las IVE está prorrogado hasta que se publique nueva licitación y este se resuelva», explicaron fuentes del Sacyl en Soria.

En el caso de Soria cabe destacar que si bien los abortos se realizan mayoritariamente en un centro privado la financiación de la práctica totalidad de las operaciones procede de recursos públicos. La situación de la provincia se mantiene a pesar que desde el Ministerio de Sanidad se ha puesto especial énfasis en que los abortos estén directamente vinculados con la sanidad pública. El pasado octubre la ministra, Mónica García, presentó los datos anuales acompañados de un informe que evaluaba la evolución y situación actual de esta prestación sanitaria en el sistema público de salud. Castilla y León figuraba en el grupo en el que, según el Ministerio, menos del 20% de los abortos se practicaban en la pública.

«El informe advierte que mantener la interrupción voluntaria del embarazo fuera de la sanidad pública supone una doble privatización: por un lado, relega el aborto al ámbito de lo íntimo e individual, y por otro, lo desvincula del Sistema Nacional de Salud al depender de proveedores privados. Esta situación refuerza el estigma, invisibiliza la prestación y debilita el principio de universalidad que caracteriza al sistema público», explicaba Sanidad en aquel momento. De la misma forma el informe hacía referencia a «la implantación y actualización de los registros de objetores de conciencia en todas las comunidades autónomas y la presencia de equipos no objetores en todos los niveles del Sistema Nacional de Salud, con el fin de asegurar la prestación pública efectiva». Es precisamente ese elemento el que ha motivado la batalla entre Sanidad y la Comunidad de Madrid cuyo último hito ocurrió hace unos días con la presentación de un recurso contencioso del ministerio contra la Comunidad por la ausencia de ese registro.

124, un 23% menos

Los últimos datos anuales sobre abortos corresponden al año 2024. Durante esa anualidad 124 mujeres sorianas abortaron lo que supuso un descenso del 22,98% sobre los 161 casos del 2023 –37 abortos menos–. La mayor parte de los casos correspondieron a mujeres de entre 20 y 40 años con 16 casos de mujeres entre 15 y 19 años y 7 de más de 40.

De los 124 abortos registrados en Soria durante el 2024 hubo 93 (75%) que contaron con financiación pública, según el informe anual que publica el Sacyl. Entre los datos que cita el informe se explica que esos 93 abortos se realizaron fuera de la Comunidad Autónoma. Con respecto a los restantes 31 casos destacar que según Sac7yl, 4 se realizaron dentro de la Comunidad Autónoma y los otros 27 fuera de Castilla y León. «El 17,29% de las Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE) tuvieron lugar en centros de otras Comunidades Autónomas, pero suponen el 96,77% de las de Soria, el 87,94% de las de Segovia, y casi la mitad de las de Palencia (48,65%). Todas las IVE financiadas de Soria se realizaron en otras CCAA, y todas las financiadas de Salamanca se realizaron en centros de Castilla y León», explican.