Soria estabiliza 28 plazas de secretarios de municipios, el 75% de los interinos

Estos días van a elegir destino las personas que se han presentado al proceso de estabilización de secretarios interventores que inició el Gobierno central en 2022 para acabar con la interinidad de este colectivo, que en provincias como Soria supera el 50%. De hecho, en 38 de las 70 agrupaciones municipales que hay en Soria los secretarios están sin plaza, y muchos de ellos llevan más de 15 años en su puesto, pero ahora podrían quedarse en la calle por sólo hay 28 vacantes.

La Unión Europea obligó en 1999 a España a reducir la interinidad por debajo del 8%, y el Gobierno central modificó el Estatuto de los Trabajadores para que las empresas hicieran fijos a sus empleados. Sin embargo, la Administración pública no hizo sus deberes, lo que le conllevó dos expedientes. En 2014 inició el primero sancionador contra el reino de España por no transponerla en el conjunto de las administraciones públicas; sí en el ámbito privado en 2015. Hasta que Miquel Iceta, durante su breve mandato como ministro de Política Territorial y Función Pública, empezó la encomienda a través de una ley (20/2021, de 28 de diciembre) de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. A partir de ahí salió el Real Decreto 408/2022, donde se convocó la oferta de empleo público para la estabilización de empleo temporal en la Administración General del Estado.

Se trata de una convocatoria libre, es decir, se estabilizan plazas no personas, lo que significa que a este proceso no solo se presentan secretarios interinos, sino que está abierta a otros funcionarios interinos de la Junta, Estado, Administración Local o Justicia, entre otros, que cumplan con los requisitos de la convocatoria.

Se estabilizan las plazas de naturaleza estructural que hayan estado ocupadas de forma temporal ininterrumpidamente al menos tres años antes del día 31 de diciembre de 2020.

Además, las plazas que han salido a estabilización llevan ocupadas de forma ininterrumpida por el interino con anterioridad al 1 de enero de 2016. Algunos, de hecho, casi veinte años. Lo malo es que no han salido todas las plazas a estabilizar. Hay Comunidades como Andalucía o Galicia que habiendo muchas plazas a estabilizar no las han comunicado al Ministerio de Administraciones Públicas, de modo que no han salido vacantes.

Los procesos para la estabilización se dividen principalmente en dos vías: El concurso-oposición, para plazas ocupadas temporalmente de forma ininterrumpida por el interino al menos los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2020. Y de manera excepcional el concurso de méritos, para plazas ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida por el interino con anterioridad al 1 de enero de 2016.

Así, salieron 573 plazas por el sistema de concurso y 114 por concurso oposición, de modo que resultaban un total de 687 en toda España para secretarios de intervención. Y la cifra de interinos a nivel nacional supera las 3.200 personas.

La Asociación Nacional de Secretarios Interventores y Tesoreros Interinos (Ansiti) lamenta que se van a quedar fuera más de 2.500 compañeros porque no se han sacado la totalidad de las plazas.

Y además, hay casi medio centenar que se han quedado libres por renuncias, jubilaciones o fallecimientos que el Gobierno central tampoco ha sacado.

Ansiti ha propuesto al Ministerio de Función Pública la celebración de procesos selectivos de consolidación y/o estabilización para funcionarios interinos en situación de abuso de temporalidad, en condiciones justas y equitativas que favorezcan la valoración del reconocimiento de la capacitación y de la experiencia acumulada en el ejercicio interino de los puestos de trabajo reservados.

«Hemos solicitado al Ministerio que amplíe el número de vacantes pero todavía no ha contestado. También está en los juzgados ese abuso de temporalidad», señala el presidente de esta organización sindical sin ánimo de lucro, Lorenzo Campillo. «Y sigue pendiente también la situación de todos aquellos que no han podido acreditar su licenciatura, que se van al paro sin indemnización después de años, algunos más de 30».

Y es que, tal y como indica la convocatoria, aquéllos que no se han podido presentar a ambos procesos (al concurso y al concurso oposición), no cobrarán la indemnización por cese en el caso de que no consigan estabilizar, porque era requisito imprescindible.

Los interinos que no superen el proceso de estabilización tendrán derecho a una compensación económica (20 días de retribución fija por año de servicio, con un máximo de 12 mensualidades, siempre que se presentaran al sistema de concurso y al concurso oposición.

La mayor parte de los secretarios interinos están empatados a 80 puntos acreditando sus licenciaturas y los más de tres años de temporalidad, y ha solicitado sus municipios, pero la letra de corte fue la ‘V’, de modo que la elección de plaza empezará siguiendo ese orden alfabético. Si hay 38 en Soria pero sólo 28 vacantes, diez se quedarán en la calle. Eso siempre y cuando no se adelante alguno de fuera de la provincia. «La realidad es que el que está en Soria es porque tiene algún vínculo, y han contribuido a dar estabilidad a los ayuntamientos donde trabajaban evitando que cada año o cada dos años cambiara el secretario, con todo lo que conlleva el proceso administrativo de toma de posesión y demás, ya que si no tienen arraigo no se quedan; optan a las plazas y en cuanto pueden se van a otro destino».

En la provincia hay 70 agrupaciones municipales, cada una conformada por dos o tres municipios, algunos incluso cuatro, más entidades locales menores. Y algunos de esos secretarios llevan alargando la interinidad más de 20 años. «Sólo demandamos una estabilidad laboral, la fijeza de nuestros puestos de trabajo», sostiene un secretario de un municipio soriano que ahora tendrá que elegir destino.

Cabe recordar que los procesos de estabilización en la Administración tenían que haber finalizado el 31 de diciembre de 2024, según la Ley 20/2021 y aún no lo han hecho muchos de ellos, siendo el objetivo dejar la temporalidad en el conjunto de las administraciones públicas en el 8%, objetivo que está lejos de cumplirse.