El Ayuntamiento tramitará el expediente de Cerro de los Moros tras el varapalo del TSJ

Primera ‘patata caliente’ para Javier Antón con vistas al inicio de su Alcaldía y varapalo judicial para el Ayuntamiento de la ciudad y, en especial, para el ex regidor Carlos Martínez Mínguez. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha tumbado la resolución de Alcaldía de febrero de 2023 por el que dejaba en suspenso la aprobación provisional del polémico desarrollo urbanístico de Cerro de los Moros, y el alcalde en funciones, Luis Rey, ya adelantó poco después que el Ayuntamiento tramitará el expediente.

La sentencia del alto tribunal, desvelada este miércoles por el PP con fecha 10 de abril y a la que ha tenido acceso Heraldo Diario de Soria, estima parcialmente el recurso administrativo interpuesto por la promotora Pilares de Arlanzón, contra la citada resolución del 28 de febrero de 2023 por la que se reclamaban determinados informes y se acordaba que en tanto no fueron evaluados «no podrá ser adoptado acuerdo alguno en relación a la aprobación provisional de la modificación puntual número 27 del vigente PGOU de Soria, e interpuesto también contra la desestimación presunta por silencio administrativo del recurso de reposición deducido contra la citada resolución mediante escrito de fecha 28 de marzo de 2023. El fallo admite recurso de casación en el plazo de 30 días tras la notificación.

Cerro de los Moros, una promoción urbanística muy contestada por el mundo social, político y cultural no solo de Soria sino de toda España, proyecta la construcción de en torno a 1.200 viviendas con hasta seis alturas (se redujo el número de pisos y las 9 alturas previstas) en una zona de alto valor paisajístico, con un impacto visual directo sobre la zona del río y San Saturio y la proximidad al Castillo y sus detractores también alegan el legado machadiano para impedir una operación de este tipo.

El TSJ anula las resoluciones por «no ser conforme a derecho , dejándose sin efecto sus pronunciamientos y en especial la suspensión de plazo de resolución en ellas adoptados, acordándose que por el pleno del Ayuntamiento debe procederse a resolver sobre la aprobación provisional en los términos contemplados en el artículo 159 del Rucyl, de la modificación puntual número 27 del PGOU de Cerro de los Moros, desestimándose el resto de pretensiones formuladas» y sin imposición de costas.

El alto tribunal rechaza la aprobación de la modificación puntual directamente como pedía la promotora. A partir de ahora, el Ayuntamiento deberá tramitar el expediente, aunque eso sí, podrá aprobarlo o rechazarlo. La suspensión no sólo fue aprobada en resolución de Alcaldía, sino que para dotarla de una mayor seguridad jurídica también se dio luz verde en el pleno. El equipo de gobierno pretendía que Cerro de los Moros, con una contestación social evidente, que concita un gran rechazo por parte de la ciudadanía y una oposición más que destacada al proyecto, por no decir generalizada (como la plataforma ‘Salvemos Cerro de los Moros), durmiera el ‘sueño de los justos’ (más de dos años ha estado congelado) pasando la pelota al tejado del TSJ.

Los socialistas siempre han defendido que el convenio urbanístico de Cerro de los Moros data de la época del PP en la Alcaldía, e incluso el propio Rey amenazó entonces con remitirlo a la Fiscalía.

Un planeamiento urbanístico, en suma enormemente molesto para el equipo de gobierno socialista aunque el TSJ ha vuelto a poner la pelota en el tejado del Ayuntamiento y no se descartan más procedimientos judiciales. El PP, por ejemplo, invitó a mantener conversaciones con la empresa en aras de una solución. Una permuta también se ha llegado a poner sobre la mesa por el tema de los derechos urbanísticos.

En la práctica, lo que la empresa busca es que el trámite de la aprobación inicial sea llevado a cabo directamente por la Comunidad Autónoma. La modificación urbanística plantea que las construcciones se ejecuten en la vaguada más próxima a Los Pajaritos, un espacio cuyas vistas ya están dominadas por edificios. El cerro y los terrenos incluidos en el sector en la falda del Castillo pasarían a ser públicos. El PGOU contiene una ordenación orientativa, de donde se desprende la posibilidad de que las casas ocupen el cerro de los Moros.

El TSJ no entra en el fondo de la aprobación por parte de aquel pleno urgente y extraordinario de la suspensión, lo que para el PP es «contradictorio» y la sesión sería «válida». Es decir, tumba la resolución de Alcaldía pero no entra en la decisión plenaria, tal vez porque la raíz se encuentra en la decisión del alcalde y considera que de esa forma se extendería la anulación al resto de la tramitación del expediente.

Fue el portavoz de Urbanismo del PP en el Ayuntamiento de Soria, Saturnino de Gregorio, el encargado de desvelar una sentencia que llega justo en la semana en la que Antón se prepara para ser alcalde. El edil acusó al equipo de gobierno de «falta de transparencia» por no dar a conocer un fallo tan trascendental para el urbanismo de la capital. «Hemos tenido que buscar la sentencia», señaló.

De Gregorio recordó que la promotora, Pilares de Arlanzón, presentó dos proyectos en 2019 y 2021 para la construcción el primer año de 1.300 viviendas y dos años después de 1.100, con seis plantas y con una reducción de las mismas tras el dictamen de la comisión de Patrimonio. El Ayuntamiento de Soria no aprobó este desarrollo y la promotora emprendió una exposición pública en el año 2021.

De Gregorio añadió que obligará a una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) porque la anterior ha caducado al sobrepasarse los cuatro años. Para el concejal, el Ayuntamiento ha dejado pasar «tres años que eran fundamentales» y «lo que ahora va a hacer es esconder la cabeza en el ala y echar la culpa al PP por el convenio de 2006, y dirá que la responsabilidad patrimonial puede alcanzar los 40 millones de euros, cuando es mentira, porque la cantidad sería irrisoria».

El edil del PP recordó que Carlos Martínez Mínguez «ha estado 20 años como alcalde y no ha sido capaz de resolver esto. Ha gobernado con un Plan General de Ordenación Urbana aprobado por el PP en 2006, y a ver qué hace ahora el PSOE». Elevó a 373 las alegaciones presentadas contra Cerro de los Moros, «aunque realmente son poco más de diez de entidades y particulares con el mismo módulo de alegación».

«En esta cuestión tiene a la opinión pública en contra», expresó, y abogó por «otros cauces porque se puede llegar a un acuerdo, puede haber salidas negociadas. El Ayuntamiento tiene que decidir si quiere que se construya allí o no y cuántas viviendas. Puede cambiar el PGOU para que allí se construya o no y más o menos. Lo lógico es coger el toro por los cuernos e incluso el Ayuntamiento puede presentar una modificación de oficio y que decida las características urbanísticas».

Por su parte, el alcalde en funciones del Ayuntamiento de Soria, Luis Rey, ya adelantó poco antes de las 13.30 horas que se tramitará el expediente de Cerro de los Moros y salió al paso de la rueda de prensa convocada por el PP en el que daba cuenta de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Rey señaló que «transparencia, seguridad jurídica y honestidad hay en todo lo relacionado con el urbanismo del Ayuntamiento de Soria en todos estos años. Transparencia porque el PP y el resto de partidos, a pesar de todo lo que dicen los populares, ha estado perfectamente informado de todo lo que sucede con este expediente».

«Seguridad jurídica», continuó, «porque parece lógico que había un procedimiento en marcha y esperábamos a la resolución del mismo, no solo por el tema de la suspensión del procedimiento sino porque la promotora estaba solicitando la aprobación del expediente».

Rey defendió que «había que esperar a la resolución del mismo y aunque no lo haya dicho el PP en su rueda de prensa, desestima el resto de peticiones incluida la aprobación provisional del expediente en este procedimiento, así que seguridad jurídica para garantizar los intereses patrimoniales también del Ayuntamiento de Soria». También argumentó que ha habido «honestidad, porque este Ayuntamiento ha trabajado en urbanismo con honestidad frente, y parece mentira que sea el PP el que haga ruedas de prensa exigiendo cosas, a lo que hicieron los populares entonces, que si ustedes recuerdan, supuso la aprobación de un convenio urbanístico que implicaba incluso la cesión de las vías del tren al Ayuntamiento que no eran propiedad del promotor en su momento de quienes firmaron aquel convenio, y fuimos nosotros y ASI (Alternativa Soriana Independiente) entonces, quienes levantamos la mano para denunciar una situación que suponía un perjuicio evidente para el Ayuntamiento».

El también concejal de Urbanismo reconoció que por el camino ha habido procedimientos judiciales favorables al Ayuntamiento, «en el sentido de la edificabilidad adicional que permitía el convenio que firmó el PP, que no se la reconocieron. También ha habido procedimientos judiciales por los terrenos de la depuradora por parte de los propietarios diciendo que eran suyos, también se ganó, y ahora con esa seguridad jurídica que tenemos, el Ayuntamiento, que a nadie le quepa duda, va a tomar la decisión urbanística que más favorezca a la ciudad».

Rey anunció, en definitiva, que «toca tramitar el expediente y que a nadie le quepa duda que el Ayuntamiento va a seguir defendiendo los intereses municipales y los intereses de la ciudad de Soria, del patrimonio y de su urbanismo».