El pleno de Soria da el visto bueno a los cambios para comenzar a reciclar orgánico
Antón asegura en su primera sesión plenaria que se han "desbloqueado" las reuniones con los trabajadores
La sesión plenaria del Ayuntamiento de Soria comenzó a las 8.30.
Primer pleno de Javier Antón como alcalde del Ayuntamiento de Soria que arrancó madrugador, a una hora poco habitual, las 8.30, felicitando a los funcionarios en su día, Santa Rita, y que dio el visto bueno a la modificación del contrato de la recogida de basuras para permitir la implantación del reciclado de orgánico, el contenedor marrón. El PP se abstuvo y Vox votó en contra, unos por las dudas sobre las subvenciones asociadas, otros por considerar que supondrá subida de impuestos para los ciudadanos.
La concejala de Servicios Locales, Ana Alegre, cifró en 280.000 euros los ingresos del Ayuntamiento de Soria derivados del reciclado. "La recogida selectiva genera ingresos directos, gracias al esfuerzo de los vecinos, que hace que tengamos una de las tasas de basura más baratas", afirmó Alegre, quien explicó que esta modificación no es más que el primer paso e irán llegando todas las explicaciones. La empresa adjudicataria presentará ahora su propia propuesta de modificación y hará los informes pertinentes, puntualizó.
Respondía así al concejal popular Saturnino de Gregorio, que cifró la modificación en 325.000 euros, pero cuestionó cómo se aplicarán las subvenciones, la de la Unión Europea de 700.000 euros, entre otras cosas para la compra de los contenedores marrones, unos 270, y la de la Junta de Castilla y León, de 615.000 euros vinculada a la recogida de residuos orgánicos. "Es el inicio, tendrán todos los informes", recalcó Alegre, quien añadió que también las directivas europeas obligan a dar este paso, y que los plazos para la compra de contenedores finaliza el 30 de junio. De Gregorio aprovechó para reclamar la incorporación de otro técnico y que además se resuelva el expediente sancionador abierto "por el incumplimiento" del contrato de recogida de basura.
La concejala defendió el modelo de tarjeta para abrir los contenedores de orgánicos, "que no recoge datos", recalcó, y que se usa en otras ciudades como la manera más efectiva de evitar impropios, "que estropean todo lo que hay en el contenedor", puesto que ya no podría utilizarse para compost. Contestó así al edil de Vox, Fernando Castillo, que cuestionó por qué si es tan efectivo el modelo tarjeta no se hace en otros contenedores. Insistió en que "el fanatismo climático tiene un precio, contenedores inteligentes, tarjetas, la solución más cara y compleja, además de las multas, como en otras ciudades". Vox también criticó que las directivas europeas sean aplicadas "cuando interesa, porque también marcan la exención del IVA a los autónomos y no se aplica".
El pleno también aprobó el plan especial de urbanismo para la instalación del hipermercado Lupa en el polígono de Las Casas, una vez que la promotora ha presentado el estudio de tráfico para regular el acceso.
Por otro lado, el alcalde reconoció que la presencia de coches decomisados en la calle León, en las proximidades de la Comisaría de la Policía Nacional, es "preocupante" y explicó que se están haciendo trámites para retirarlos con los juzgados, que son quienes piden la custodia de estos vehículos a la Guardia Civil hasta que se resuelve la causa judicial. Avanzó, en respuesta a la queja de Vox, que desde los juzgados de El Burgo y Soria ya han contestado que pueden ser considerados residuos urbanos, y con el de Almazán están tramitando la solución, "exigirle, según la legalidad".
Antón aseguró igualmente que se han "desbloqueado las reuniones con los trabajadores", en respuesta a la pregunta del PP sobre la relación de puestos de trabajo, RPT, del Ayuntamiento, y si "seguirá con contrataciones temporales subvencionadas".
Según pudo saber este periódico de fuentes sindicales, el "desbloqueo" se materializó el pasado miércoles en la primera reunión para un periodo de consultas respecto a la modificación de los horarios de instalaciones deportivas, más concretamente las piscinas. Habían sido reiteradas las reuniones suspendidas porque la parte sindical deseaba grabarlas y no se les permitía puesto que ya se hacía para la elaboración de las actas. La mediación del Serla ha hecho que los trabajadores acepten no grabar con la condición de que las actas les sean entregadas en un plazo máximo de siete días, que se cumplirá la semana próxima.