Rey avanza que no revisará el PGOU hasta resolver el Cerro de los Moros

El Ayuntamiento de Soria no iniciará la «necesaria» modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) hasta que resuelva el expediente del Cerro de los Moros. Así lo explicó el concejal de Urbanismo, Luis Rey, en el transcurso del Pleno ordinario de mayo durante el debate de uno de los puntos del día relacionado con su área de trabajo. La sesión volvió a evidenciar el rechazo de la oposición a la gestión urbanística y económica del equipo de Gobierno, cuestionado el uso de la figura del reconocimiento extrajudicial de créditos para el pago de facturas sin contrato.

El primer asunto a debate, sobre Urbanismo, versaba sobre la desestimación del recurso de reposición interpuesto por la promotora contra la denegación de la aprobación puntual del PGOU 31 que afecta al sector del Mirón, concretamente a la franja de Puerta de Nájera. Luis Rey explicó que la desestimación, tras los preceptivos informes, reitera los argumentos de la primera negativa al desarrollo urbanístico ahondando en que «no está justificado el interés público» y detalló que no encajan en el actual ordenamiento cuestiones de aparcamientos, equipamientos o viales.

Desde la oposición y asumiendo los razonamientos del informe por el que se deniega la modificación urbanística, advirtieron sobre lo que consideran que son deficiencias en la gestión del departamento. Desde Vox, su concejala Sara López, recordó que el inicio del expediente es febrero del 2022 por lo que «no pueden pasar tantos años sin resolver» ya que «genera incertidumbre, paraliza la inversión y provoca desconfianza».

El PP, a través de Saturnino de Gregorio, también cuestionó «los tiempos» del equipo de Gobierno, pero además reclamó que el informe jurídico también debería haber incluido otro informe técnico. El PP también cuestionó la falta de avances en la renovación del PGOU, aprobado por el último gobierno popular del Ayuntamiento de Soria en 2006, y criticado desde un primer momento por el PSOE «pero con el que parecen estar muy cómodos porque no lo revisan». De Gregorio también ‘aconsejó’ que de cara a futuro se orden todo el sector para que «el Mirón no se convierta en un nuevo Cerro de los Moros». Estas razones llevaron a ambos grupos a abstenerse en este punto.

Rey defendió que en materia de Urbanismo «no es tan sencillo» avanzar en los expedientes y que en este casos «se han hecho cosas» durante el tiempo de tramitación. Sobre el PGOU, el edil aseguró que coincidía con el PP en la necesidad de afrontar la revisión del PGOU, pero que «el día que resolvamos el expediente del Cerro de los Moros arrancaremos con la revisión del PGOU».

Los siguientes puntos abordaron cuestiones de gestión económica. La primera el Plan Económico y Financiero del Ayuntamiento para los ejercicios 2026-2027 que el Ayuntamiento debía activar para cerrar el 2025 con déficit de casi 600.000 euros, como ya se explicó en la presentación de la liquidación. El concejal de Hacienda, Javier Muñoz, recordó que es una cuestión «coyuntural» derivada de la incorporación de remanentes como ‘adelanto’ para inversiones cubiertas por fondos europeos. El plan establece 4 medidas o acciones como el refuerzo de los ingresos por la tasa de basuras, la limitación del uso del remanente, el refuerzo del área de recaudación con un técnico y 3 administrativos y la congelación de las subvenciones.

Para Vox, ejerciendo de nuevo Sara López de portavoz, el plan es una «declaración de un hachazo fiscal» por la subida de basuras y pese a que el documento puede ser defendido «técnicamente» considera que es «políticamente discutible». López lamentó que las medidas que se pretenden implementar no están «cuantificadas».

También repitió Saturnino de Gregorio por el PP y en su caso expuso que el último Decreto Ley, de principios de junio, ya suprime que se pueda incurrir en déficit por el uso del remanente, con lo que el Ayuntamiento podría estar exento de presentar este tipo de plan si no fuera, como también establece ese documento, que hay que cumplir con los 30 días del pago a medio a proveedores cuando Soria acredita ahora 35,11 días.

Muñoz defendió que tras consultas a la Junta, que será la entidad que tutele el plan, y el Estado se ha optado por presentación evitando cualquier cuestión que pudiera afectar a futuro a la gestión municipal. El edil defendió además que el plan cuenta con «cuatro medidas muy claras». «Es un buen documento y nos debe servir de guía», remarcó. Finalmente, el plan se aprobó con los votos del PSOE, la negativa de Vox y la abstención del PP.

El punto más delicado, también de cuestión económica, tiene que ver con el reconocimiento extrajudicial de créditos por valor de algo más de 185.000 euros. Esta figura de gestión se utiliza para poder abonar facturas que por diversas razones no se abonaron en su momento y corresponden a servicios prestados al Ayuntamiento. En el caso de Soria hay dos bloques, algo más de 40.000 euros de servicios cuya partida habilitada en 2025 se quedó sin crédito y otros 140.000 euros de prestaciones que supusieron aumentar costes en contratos activos. Estas facturas pasan a abonarse con cargo al ejercicio 2026.

Vox fue muy dura lamentando que «otra vez» se deba recurrir a esta figura contable. «No es normal, es una vía de escape para sortear la ley de contratación y fruto de una gestión caótica y fuera de control», indicó. López puso el acento en 4 facturas, por importe de 120.000 euros. La edil de Vox reconoció que el informe sostiene que sí se han prestado esos servicios, por lo que «se deben pagar, pero no podemos aceptar esto como normal». López detalló que hay facturas pendientes de labores de representación, de alojamientos del Certamen de Cortos o de contratos activos sobre los que no se ha tramitado una modificación para cubrir los gastos. «¿Cómo es esto posible?» lamentó.

El PP dio por buenas las quejas de Vox y añadió que en esto «hay una responsabilidad política» y especialmente cuestionó una factura de 50.000 euros para la adjudicataria de las obras de Doctrina recordando que la empresa inicial ya advirtió sobre sobrecostes que ahora llegan. Saturnino de Gregorio remarcó que debía haberse tramitado una modificación de contrato. Ambos partidos votaron en contra.

Muñoz se limitó a recordar que la figura contable es habitual entonados los Ayuntamientos y que los pagos cuentan con el aval técnico de que los servicios han sido prestados.

MOCIÓN LGTBI

El pleno se cerró con una moción de apoyo al colectivo LGTBI con motivo del Día del Orgullo. La moción pretendía ser una declaración institucional, pero la negativa de Vox provocó que finalmente se recurriera a la vía de la moción que si tuvo el respaldo del PP. El texto de consenso fue el aprobado por la Federación de Municipios y Provincias. La moción fue aprobada con los votos de PSOE y PP y la abstención de Vox.