Carreteras cortadas por derrumbe: quién decide el cierre, a quién reclamar y cómo se pagan las obras
Muchos conductores se encuentran con la vía cerrada sin saber a quién reclamar ni por qué ruta continuar, así es el marco legal y los pasos oficiales que regulan la seguridad según el tipo de vías
La carretera CL-116 ha sido cortada por el derrumbe del Palacio de los Hurtado de Mendoza
Cuando una carretera provincial queda cortada por un derrumbe, la autoridad de tráfico ordena el cierre inmediato y la diputación provincial asume la reparación de la vía con sus propios presupuestos o fondos extraordinarios. El itinerario alternativo se establece mediante señalización temporal coordinada entre la Guardia Civil de Tráfico y las brigadas de la diputación.
Quién decide el corte y quién asume la reparación
La decisión de cerrar una carretera provincial por un derrumbe corresponde a la autoridad de tráfico competente, que en la práctica es la Guardia Civil de Tráfico o la policía autonómica con competencias en la provincia.
El Reglamento General de Circulación permite a esta autoridad imponer restricciones o cierres temporales cuando exista peligro para los usuarios, sin necesidad de esperar a la valoración técnica del titular de la vía.
Una vez ordenado el corte, se informa de forma inmediata a la diputación provincial, que es la administración titular de la red viaria provincial conforme a la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
Los técnicos de la diputación evalúan la estabilidad del firme, taludes y elementos afectados para determinar si el cierre se mantiene hasta que finalice el peligro de desprendimiento y puedan retirarse los materiales, tal como ha ocurrido recientemente en carreteras de Soria y León .
La conservación y reparación de las carreteras provinciales es responsabilidad exclusiva de la diputación titular, que destina anualmente partidas específicas para mantenimiento ordinario y extraordinario de su red viaria.
Cómo se financia la reparación y cómo se establece el desvío
Los fondos para reparar derrumbes en carreteras provinciales provienen de los presupuestos propios de cada diputación, que pueden complementarse con subvenciones extraordinarias del Gobierno central cuando los daños son consecuencia de fenómenos meteorológicos adversos.
El procedimiento de reparación urgente se activa mediante contratos de conservación extraordinaria que las diputaciones adjudican directamente cuando existe riesgo para la seguridad vial. Pontevedra, por ejemplo, aprobó en agosto de 2026 seis contratos derivados de un acuerdo marco por más de 4,4 millones para ejecutar obras de reparación y mejora en carreteras provinciales de las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes.
El desvío del tráfico se establece mediante señalización temporal instalada por las brigadas de la diputación en coordinación con la Guardia Civil de Tráfico. El itinerario alternativo debe estar debidamente señalizado y contemplar vías con capacidad suficiente para absorber el tráfico desviado, priorizando carreteras de la red estatal o autonómica cuando sea posible.
En casos recientes, como el derrumbe en la CL-116A en Soria o los desprendimientos en la carretera de Peñalba en León, el tráfico se ha desviado por vías convencionales cercanas hasta restablecer la seguridad en el tramo afectado .
La responsabilidad patrimonial por daños derivados del mal estado de conservación recae sobre la diputación titular conforme a los artículos 32 a 37 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. Los particulares tienen derecho a ser indemnizados por las lesiones que sufran en sus bienes o derechos como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo en casos de fuerza mayor.
El plazo para reclamar esta responsabilidad patrimonial es de un año desde que se produce el daño o se determinan las secuelas, conforme al artículo 67 de la Ley 39/2015.
