Heraldo-Diario de Soria

DIPUTACIÓN

El PSOE pedirá financiación y medios a la Junta para la protección ciudadana

Los diputados socialistas Romero, Alonso, Rey y Corredor durante un Pleno. / VALENTÍN GUISANDE-

Los diputados socialistas Romero, Alonso, Rey y Corredor durante un Pleno. / VALENTÍN GUISANDE-

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JOSÉ SOSA / Soria
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La Ley de Protección Ciudadana fue aprobada el 28 de marzo de 2007 y pretendía dar respuesta a cuestiones como la extinción de incendios fuera de las grandes poblaciones. Entre los detalles que debían desarrollarse destaca que debía determinarse la configuración y delimitación de las zonas de actuación inmediata (Zais), y las zonas de emergencia así como la dotación de recursos personales y materiales con que deben contar como servicio mínimo, para garantizar el cumplimiento de los fines del sistema de protección ciudadana, para lo que se establecía el plazo de un año. En los próximos días, según desveló el portavoz socialista en la Diputación, Ángel Núñez, la Junta publicará un decreto con las citadas ‘Zais’. «Ahora nos encontramos con un proyecto de Decreto que no sólo afronta tarde esta y otras cuestiones de la ley, sino que, además, lo hace con una irresponsable imposición de obligaciones a otras administraciones, sin afrontar una cuestión tan importante como las dotaciones de recursos personales y materiales y sin plantear alguna posibilidad de responsabilización o financiación por parte de la administración regional del sistema que diseña» explicó Núñez añadiendo que «el Decreto vuelve a trasladar en el tiempo determinaciones básicas en la configuración del sistema, dejándolas en manos de su desarrollo por el Consejero, que volverá a dejarlo en el cajón del olvido».

El grupo del PSOE en la Diputación provincial planteará, de cara al próximo Pleno de la institución provincial (viernes 3 de diciembre), una moción donde pedirá que la Junta «cumpla con sus compromisos de la Ley de Protección Ciudadana aprobada en 2007». La solicitud socialista espera de este modo que desde el Gobierno regional se aporten los medios y la financiación necesaria para desarrollar la normativa regional.

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