La consejera atribuye a la Diputación la potestad de privatizar los centros

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, destacó ayer, ante la polémica suscitada en Soria por la intención de la Diputación de privatizar cuatro residencias de ancianos de su propiedad, que la institución «está cambiando el modelo de gestión e introduciendo medidas que hagan sostenible el funcionamiento de los centros» y que estas decisiones corresponden a «cada gestor», que establece «los criterios que considera que más garantías tienen para prestar los servicios que están ofreciendo con sostenibilidad».

Marcos apuntó que por su parte la Junta lo que hará es seguir “velando”, como hasta ahora, por que el servicio que se presta a los residentes tenga la «calidad» adecuada, haciendo «seguimientos permanentes con los mecanismos de inspección para que se cumplan los criterios de acceso y de funcionamiento de los centros, que tengan los ratios de profesionales y con las categorías adecuadas a la atención a esas personas, etcétera», informa Ical.

Sin embargo, no todo fue respaldo a la medida en la jornada de ayer. El Grupo Socialista en la Diputación, a través de su portavoz, Ángel Núñez, llamó a «recapacitar» al equipo de Gobierno dado que «está conduciendo» a la institución «a un proceso judicial duro y muy, muy largo». En sus palabras «va a tener consecuencias de pleitos, de juicios con los trabajadores. Van a tener como consecuencia readmisiones o indemnizaciones que van a ser muy costosas».

Núñez explicó que «aunque estamos casi al final de la resolución, no estamos ni mucho menos al final del proceso como demuestra el hecho de las alegaciones» que hoy se estudiarán en la Comisión de Régimen Interior y Personal. En ellas «no sólo hay razones económicas y laborales sino también la oportunidad de la Ley de Ordenación Territorial», en cuyo anteproyecto se abre la puerta a que la Junta gestione este tipo de centros.

Por ello instó a los miembros del Equipo de Gobierno «que reflexionen y negocien, que piensen en el bien de los trabajadores, de los residentes y de la Diputación, porque la podemos estar metiendo en un ‘fregado’», apuntó.

Juntó con la diputada Pilar Delgado, Núñez desgranó el contenido de algunas de las alegaciones que a su juicio deberían estudiarse con cuidado. Por ejemplo, los documentos «no justifican la necesidad de esa concesión, la valoración económica no es real» y la jurisprudencia al respecto llevaría «a declarar la nulidad del proceso». A su juicio, el ahorro previsto no es tal y de hecho si no se pueden bajar los sueldos de los trabajadores «las cifras quedarían cuestionadas» al ser «lo único» en lo que se ahorra.