El recorte de ayudas a la cogeneración aboca al cierre a las 4 plantas sorianas

Las cuatro plantas de cogeneración eléctrica mediante el biogás de los purines tienen muy comprometida su viabilidad. Según explicó ayer el alcalde de Langa de Duero, Constantino de Pablo, la decisión anunciada el jueves por el Gobierno de un fuerte recorte a las subvenciones por kilovatio generado suponen un «problema muy grave» para el sector. Ágreda, Almazán, Los Rábanos y el propio municipio de Langa cuentan con instalaciones de este tipo en distintos grados de uso. El temor es claro: Si no hay apoyo, no hay rentabilidad; si no hay rentabilidad, llega el cierre.

El propio De Pablo confirmó en la mañana de ayer que la planta de Langa ya está en alerta. «De momento no van a cerrar del todo, sólo van a mantener un 20% de la actividad», pero si se mantiene el anuncio oficial «cerrará».

La noticia llegó de primera mano. El presidente de la asociación que agrupa a las plantas de cogeneración de España, José Carlos Vila, se reunió el jueves con responsables del Ministerio de Industria. «Creo que han estado con el Ministerio de Industria, con el secretario o el subsecretario», apuntó De Pablo. Para el jueves, a las 13.00 horas, ya se ha convocado una reunión en Langa para informar de primera mano a los ganaderos, afectados también de forma colateral por la medida al enfrentarse a una eliminación más cara y complicada de los purines que generan sus explotaciones.

«Si las subvenciones de la depuración no las mantiene el Gobierno, cierran. Creo que ya la de Ágreda ha cerrado y la de Los Rábanos también. Creo», apuntó el regidor municipal ribereño. «Parece ser que van a cerrar todas las de España, no solamente las cuatro de la provincia de Soria. Es un problema bastante serio».

De Pablo apuntó que la medida no sólo afecta a los «10 empleados» de la planta de Enercorr XXI, erigida por Ros Roca hace 13 años. «Los ganaderos están pagando un poquito de lo que les cuesta la depuración. El resto lo compensaban con la comisión por la producción de energía eléctrica a través de gas. Si esa comisión se les retira, las plantas son deficitarias».

La consecuencia es fácil de entender, porque si se cortan esos ingresos «causarían un déficit para la empresa y antes de que vaya a más tienen que cerrar». Sólo en la planta de Langa «se están depurando 300 metros cúbicos diarios. Es Soria, es Burgos, es Segovia y es Aranda (de Duero). Hay un radio de acción de 30 kilómetros».

La alternativa para que los ganaderos sorianos pudiesen dar salida a esos purines inherentes a cualquier explotación animal sería «echarlo al campo con unas medidas reglamentarias, pero no pueden echar todo lo que quieran». Estas mismas semanas ponen un claro ejemplo de las dificultades porque «en este tiempo, que está lloviendo ¿cómo lo echan? Es un problema muy serio». Cabe recordar que los purines tienen que verterse en según qué concentraciones y evitando que se los pueda llevar el agua para evitar la contaminación de suelos o acuíferos, y por tanto no se pueden extender legalmente sin control.

De Pablo insistió en que el problema es tan sencillo de explicar como duro para el sector. «Para cumplir con el gasto que tienen de la depuración, el Gobierno estaba pagando una comisión por a cogeneración por gas, por kilowatio. Si esa comisión se la retiran, no pueden pagar los gastos», resumió ayer ante los medios.

Las reacciones al anuncio del Gobierno sobre este recorte no se han hecho esperar y de hecho en el plano político ya tiene claros detractores.  El portavoz de Agricultura del PSOE en el Congreso, Alejandro Alonso, exigió al Gobierno que dé marcha atrás en el recorte «drástico» de las retribuciones a las plantas de cogeneración por el tratamiento de purines, prevista en la Ley del Sector Eléctrico. A su juicio, se ataca a «un sector clave de la agricultura española» que en los últimos años ha alcanzado una cifra de negocio de 19.000 millones de euros en la que se emplea a «cientos de miles» de personas. 

El socialista vio «inexplicable» que el Ejecutivo haya tomado esta decisión de recortar las primas «sin negociación ni análisis de impacto» y «triturando» un acuerdo suscrito por el Gobierno socialista y el sector en 2007, informa Europa Press.