La Junta buscará solución al empleo en Distiller tras la sentencia del Supremo

La Junta de Castilla y León se ha comprometido a buscar una fórmula que permita salvar el empleo  en la planta de tratamiento de residuos peligrosos de Distiller, a la que el Tribunal Supremo ha anulado la autorización ambiental que le  concedió el Gobierno regional en 2009.

Según explicó ayer el delegado territorial de la Junta en Soria, Manuel López Represa, el Gobierno regional estudia el contenido de la sentencia que recibió el lunes, a la vez que garantizó fórmulas para mantener el empleo en esta planta y en otras de la Comunidad que se  puedan ver afectadas por la sentencia. En el año 2007, Distiller contaba con una treintena de empleados. En este sentido, López Represa avanzó que «las circunstancias actuales no son las mismas que cuando se interpuso el recurso».

La sentencia del Tribunal Supremo desestimó los recursos de casación, interpuestos por la Junta y Distiller, contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en la que anuló la orden por la que se concedió la autorización ambiental a la empresa, con sede en Ólvega, ante la falta de la existencia de unos planes de gestión que concreten los lugares determinados para la eliminación de este tipo de residuos.

Ecologistas en Acción de Castilla y León aseguraron ayer que esta sentencia conlleva el cierre y la clausura de la planta que está en funcionamiento en Ólvega. «Si la Junta no ordena este cierre nosotros pediremos al Supremos que ejecute la sentencia», según explicó ayer Miguel Ángel Ceballos, responsable de residuos de Ecologistas en Acción.

Ceballos puso el ejemplo casos  similares que han ocurrido en Castilla y León, pero con plantas que se encontraban en construcción y que no llegaron a abrirse a causa de sentencias que anularon la autorización medio ambiental,  como la de Venta de Baños (Palencia).

En cuanto conoció la sentencia,  la agrupación ecologista solicitó a la Junta el archivo de la Declaración de Impacto Medio Ambiental, previo a un trámite de autorización que la empresa había solicitado para una ampliación de actividad, «este nuevo permiso no se sustenta sobre ninguna norma desde que el Supremo ha anulado la autorización ambiental que se concedió con el inicio de la actividad».

Ceballos explicó que el 90% de los residuos eliminados en Ólvega  proceden de fuera de la Comunidad Autónoma, como Galicia, Cataluña, Navarra, Valencia y Aragón. «Se ha demostrado que una provincia como Soria no necesita estas instalaciones que están sobredimensionadas».