Los polígonos industriales de los pueblos se promocionarán de manera conjunta

La Diputación Provincial promocionará la oferta de suelo industrial disponible en la provincia para atraer la implantación de empresas en los pueblos. Para ello se ha comenzado a elaborar un estudio que recogerá el estado del suelo industrial disponible y dotacional con el fin de darlo a conocer dentro de los círculos empresariales. Así lo dio a conocer ayer la vicepresidenta de la institución, Esther Pérez, en el Pleno ordinario que celebró la corporación.

Pérez lanzó el anuncio en el acalorado debate que suscitó el punto del orden del día en el que se aprobó la modificación de los estatutos del Consorcio para la promoción, desarrollo y gestión de la Ciudad del Medio Ambiente que tuvo el apoyo unánime de los tres grupos políticos. El portavoz de Ciudadanos, José Antonio de Miguel, fue el que encendió la discusión con su primera intervención en la que manifestó que el nuevo «PEMA se ha quedado en una pena». Con este juego de palabras el diputado lamentó que el proyecto en el soto de Garray se sea solo un polígono industrial, «aunque bienvenido sea». En este sentido recordó que cuando las Cortes Regionales de Castilla y León aprobaron la ley de la Ciudad del Medio Ambiente (CMA) se trataba de un proyecto regional mucho más ambicioso, en el que se había comprometido una importante inversión de empresas punteras que anunciaron la creación de un millar de empleos.

«Entre unos y otros nos hemos encargado que este proyecto sea una pena», insistió. Lamentó que varios sectores de esta provincia no velen por el desarrollo de la misma y advirtió que la situación puede afectar a proyectos empresariales que se encuentran en proceso de implantación, como la empresa de flores, o para futuros proyectos.

De Miguel realizó un alegato en favor ahora del PEMA y consideró que a pesar de que se haya convertido en un polígono industrial «la Diputación tiene que mantenerse dentro del Consorcio «para salvar lo poco que queda de él».

El Pleno de la Diputación aprobó ayer la modificación de 14 artículos de los estatutos que permitirán adaptar el Consorcio al nuevo Decreto del nuevo Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA) y al nuevo régimen jurídico que va a regir a partir de ahora.

El PP también dio el visto bueno a las modificaciones. La portavoz, Ascensión Pérez, manifestó su apoyo y agradeció al PSOE su interés de quedarse en el seno del Consorcio, a pesar de que había manifestado públicamente la posibilidad de abandonarlo. Pérez agregó que los cambios y la continuidad del PEMA en Garray van a dar seguridad jurídica a las empresas que ya están implantadas, después de la redefinición de la Junta de Castilla y León de la Ciudad del Medio Ambiente.

Por su parte, la portavoz del PSOE, Esther Pérez, recordó la posición política que ha tenido siempre su partido en la CMA que desde el primer momento no se mostró a favor con la ubicación en el soto de Garray, «pero vamos a seguir reivindicando a la Junta toda la inversión que anunció para la provincia de Soria». En este sentido aseguró que la paralización del proyecto no llegó solo a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional «sino también por la paralización de las inversiones de la Junta para acometer las obras».

La portavoz socialista recordó a los miembros de la corporación que el PSOE ya auguró que la CMA se iba a convertir en «un polígono al uso», a la vez que anunció que desde la Diputación se promoverá la defensa y la promoción de todo el suelo industrial que está disponible en la provincia de Soria, para facilitar la implantación de empresas, por ese motivo se ha va a elaborar un estudio que facilite todos los datos para iniciar una promoción adecuada.

De Miguel contestó a la portavoz socialista asegurando que el soto de Garray era la ubicación más adecuada para un proyecto de estas características, por estar próximo a la capital. Rechazó las críticas que se expusieron en su día de que se trataba de una zona inundable, «estos días lo podemos ver porque no se ha inundado nada». También rechazó las críticas que se produjeron sobre la posibilidad de que se iba a realizar un «pelotazo urbanístico» en los terrenos «en los que se habían contemplado un buen número de viviendas oficiales».

Para De Miguel fue fundamental la figura de la soriana María Jesús Ruiz, entonces vicepresidenta de la Junta y consejera de Medio Ambiente, que fue «la principal impulsora de la CMA», dijo. En este sentido agregó que «en el momento que el PP la retiró de estos cargos el proyecto se abandonó y se vino abajo. Esto fue más transcendental que la sentencia del Constitucional que ni siquiera entró a valorar el proyecto».

Por último, Ascensión Pérez, defendió el interés y la voluntad de apostar por este proyecto «en el que aparte de los errores sí ha habido compromiso del Gobierno regional y ha generado ilusión confianza y ahora garantías jurídicas», puntualizó, «no se puede decir que no ha habido voluntad por parte de la Junta».