Junta y Diputación invertirán 1,4 millones en el sellado de las escombreras

Acabar de una vez por todas con las escombreras ilegales que hay en la provincia es el objetivo de un convenio que firmarán la Diputación Provincial y la Junta, por importe de 1,4 millones de euros. El acuerdo posibilitará el sellado de todas las escombreras, pero su importancia es todavía mayor: permitirá atajar el problema porque sienta las bases para impedir la proliferación de estos vertederos y que los existentes vuelvan a aparecer. El convenio recoge las acciones necesarias para que el vertido y recogida de estos residuos, procedentes de las obras menores y la reparación domiciliaria, se gestionen a través de los canales autorizados.

La existencia de estas escombreras es conocida tanto por la institución provincial como por la Junta y, especialmente, por los ayuntamientos que muchas veces tienen atadas las manos a la hora de actuar, y acaban con expedientes abiertos por la propia Junta, cuando no con denuncias por parte del Seprona de la Guardia Civil.

La Junta aportará 950.000 euros, mientras que la Diputación destinará un máximo de medio millón de euros, tal y como concretó ayer el presidente provincial tras la Junta de Gobierno, que dio luz verde a este convenio.

Luis Rey se refirió a la proliferación de escombreras como «un problema complejo», tal y como se puso sobre la mesa en el último Consejo de Alcaldes. El dirigente confirmó el empeño de la Diputación «por tratar de controlar los vertederos ilegales que se han ido generando y poder darle también un valor ambiental a la provincia». La preocupación no es menor en los municipios, si bien su capacidad de actuación es mucho menor. Algunos como es el caso de Ólvega han habilitado un lugar específico, con contenedores, donde se pueden echar los residuos que son recogidos cada cierto tiempo por una empresa.

La consejería que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones se encargará de la contratación de los trabajos de restauración de las escombreras y la financiación de estos trabajos. Además, asesorará a la Diputación y los ayuntamientos en materia de gestión de residuos, «sobre todo en lo que se refiere a la tramitación a la hora de autorizar el tratamiento de residuos a la que está sometida el punto limpio donde se almacenan en espera de tratamiento».

Asimismo, la Junta promoverá una campaña para concienciar a la población sobre la correcta gestión de los residuos de la construcción y demolición de pequeños inmuebles, que se generan en este tipo de obras y en las reparaciones cotidianas.

El compromiso de la Diputación permitirá cerrar el ciclo. Se encargará del servicio de recogida, transporte y entrega de los materiales de desecho a un gestor autorizado en este tipo de residuos domésticos y de construcción. Lo hará en cofinanciación con los ayuntamientos interesados.

Entre sus competencias estará también la de impulsar la obtención de la autorización para el tratamiento de residuos a los que están sometidos los puntos limpios coordinando y apoyando su tramitación, según indicó Luis Rey.

Por último, la Diputación informará a los municipios en los que se presta el servicio sobre su obligación de exigir una fianza previa a la concesión de la licencia de obra. También sobre los mecanismos existentes para exigir a los ciudadanos una tasa por estos residuos de obras que se generan.

Las dos administraciones instarán a los municipios a adoptar las medidas de vigilancia, inspección y control en escombreras que consideren adecuadas. La Diputación está pulsando en estos momentos el interés real de los ayuntamientos, a los que ya trasladó el asunto durante el Consejo de Alcaldes para ver «su nivel de compromiso».