El PP confía en que la Junta reconsidere la reclamación

«La Junta sabrá lo que tiene que decir, cuando el fin era prestar un servicio y dar empleo en una decisión de urgencia. Es una cuestión de forma». La portavoz del PP en la Diputación, Ascensión Pérez, se mostró convencida de que “el problema” de la reclamación económica de la Junta a la institución provincial «se resolverá» y, aunque evitó pedir de forma expresa que reconsidere la postura, se mostró partidaria de que así sea.

El sentir del PP de la Diputación ante la reclamación de 400.000 euros de la Junta a la institución que dirige el socialista Luis Rey, por incumplir unas condiciones en una convocatoria de ayudas al empleo, quedó resumida ayer en estas cinco líneas expresadas por la diputada de Almarza, hoy en la oposición pero en la legislatura anterior en el Equipo de Gobierno que presidía el popular Antonio Pardo.

Ascensión Pérez se mostró más que prudente a la hora de demandar de forma clara a la Junta que reconsidere su reclamación, pero sí dejó claro que «se trataba de tomar una decisión de urgencia en respuesta a los ayuntamientos. No se trata de justificar nada pero situaciones excepcionales requieren medidas excepcionales», apuntó.

La diputada considera que «entre instituciones hay que remar en la misma dirección», a la vez que recuerda que la convocatoria abierta por el Gobierno de Pardo no tenía otro objeto y otro fin que el de la creación de empleo. «No hay que tapar nada. Es una cuestión de forma», reiteró.

La portavoz popular recordó, asimismo, la urgencia con la que los ayuntamientos requieren la contratación de operarios municipales. «Son convocatorias fruto de las reclamaciones de necesidades urgentes que hacen los ayuntamientos, para limpiar parques, jardines o hacer cualquier otra tarea», argumentó Pérez.

El Servicio Público de Empleo reclama un total de 410.183,35 euros a la Diputación, por incumplir las condiciones de una convocatorias de ayudas a la contratación de desempleados. La partida corresponde al Plan de Empleo para ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, a través del cual se le adjudicó una cantidad de 391.865 euros, que ahora se le exigen, además de los intereses. La Diputación se anticipó y sacó el suyo, con condiciones diferentes antes que lo hiciera la Junta.

En similares términos se expresó el diputado José Antonio de Miguel, del grupo no adscrito. De Miguel dejó constancia del temor que existía en el Grupo de Gobierno a que la Junta tomara cartas en el asunto, del que durante esta legislatura se ha hablado en repetidas ocasiones con la gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, la soriana Rocío Lucas. «Teníamos ese miedo y sabíamos que corríamos ese riesgo porque (el Equipo de Gobierno anterior) se pasó de frenada. Pensábamos que se iba a solucionar pero no ha sido así», agregó.

El diputado y alcalde de Almazán pidió expresamente a la Junta que «recapacite» en su reclamación, con el argumento de que el fin de la convocatoria era el mismo: «La creación de empleo».

La Diputación aprobó su propia convocatoria el 10 de febrero de 2015, con una dotación de 400.000 euros, las condiciones de las contrataciones y los beneficiarios. Mientras, la Junta dio a conocer su convocatoria con los correspondientes requisitos a través de una orden del 26 de febrero de ese mismo año, esto es, 16 días más tarde. La cuantía de la Administración regional para Soria era de 391.865 euros.

Las condiciones que estipulaba la convocatoria eran diferentes. En el caso de la Diputación eran más generales y establecían que el dinero se tenía que destinar a contratar desempleados y el periodo de duración del contrato debería concluir el 31 de octubre de ese mismo año. Así, la institución provincia subvencionaría contratos con una duración mínima de 90 días a tipo completo o su equivalencia a tiempo parcial. La Diputación hizo una segunda convocatoria, con el objetivo la segunda de repartir en ayudas una cuantía de 179.329 euros, que fue el sobrante de la primera.