Trabajo multa a la asociación San Roque por tener un ‘bar’

Los vecinos de la localidad de Muriel Viejo podrían quedarse sin centro social después de que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social comunicara a la Asociación Cultural San Roque, que lo gestiona, una sanción cercana a los 20.000 euros, al considerar que este espacio cumplía el servicio de bar. Así lo confirmó la portavoz de la junta directiva de la asociación, Sonia Mateos, quien explicó que en verano recibieron la visita en el local, ubicado en la planta baja de la Casa Consistorial, de un inspector de Trabajo, quien finalmente formuló la multa al considerar que la persona encargada de la gestión del centro social debería estar dado de alta en la Seguridad Social y que la asociación cultural debería figurar como empresa.

«Hace muchos años en el pueblo había dos bares. Pero se cerraron y lo que buscábamos era un local en el que la gente pudiera reunirse. Tenemos bebida, sí, pero la cobramos a un precio bastante más bajo que un bar. Y quien la sirve es un socio que no percibe ninguna cuantía por ello», comentó.

Mateos explicó que en un principio todos los jóvenes se encargaban de la gestión de este espacio pero «hace unos cuatro años» uno de los socios se presentó voluntario «para encargarse de hacer los pedidos o de servir a la gente». «Pero ni es un asalariado ni nosotros una empresa», asegura molesta.

Y es que a través de una notificación de Trabajo han conocido que al miembro que se encargaba de la gestión del local, «mal llamado bar», «le han hecho autónomo de oficio». «Y a la asociación empresa», añadió.

Por ello, y tal y como informaron desde la Asociación Cultural San Roque, la cuantía solicitada podría rondar los 20.000 euros. «Nos piden 17.000 euros por lo que no ha cotizado supuestamente el chico que se encargaba de la gestión y 3.000 euros a la asociación por no habernos dado de alta como empresa», lamentó, aunque matizó que se trata de «cantidades estimadas».

La asociación cultural presentó un recurso a la notificación de Trabajo, siendo desestimado . «Y ahora parece que sólo nos queda ir a juicio», comentó.

La asociación cuenta con cerca de 100 miembros, que podrían llegar a hacerse cargo de la deuda. «El abogado nos ha dicho que si la asociación se disuelve y, por ejemplo, se cerrara el centro social, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social podría exigir que la multa fuera abonada por los vecinos», señaló, algo que la asociación quiere evitar a toda costa.

La asociación tampoco aboga por el cierre del local al considerar que se trata de un espacio que hace un servicio social. «Hay personas mayores que quedan allí todas las tardes para jugar a las cartas y que de otra manera a lo mejor no se juntarían. Y no tienen por qué consumir», comentó. «Es un lugar de encuentro y si se cierra el pueblo se irá apagando», afirmó.

«Ahora que se está celebrando la Feria Presura, que trata sobre la despoblación, creo que hay ahí mucho politiqueo pero no son conscientes de todas estas cosas que ocurren y que son las que realmente están haciendo daño al medio rural», señaló.

Mateos lamentó que Trabajo se haya «obcecado» con la asociación cultural de cuya junta directiva forma parte y barajó la posibilidad de que «alguien haya formulado alguna denuncia» relacionada con el funcionamiento del centro social de la localidad.

«En toda la provincia y en toda España hay casos de este tipo, de asociaciones que tienen un local que sirve como centro de reunión y en el que se consumen bebidas», explicó. «Hay muchísimos municipios en la misma situación», añadió.

La junta directiva de la asociación tiene previsto hablar en los próximos días con el abogado que lleva su caso para determinar los pasos a seguir. «Por un lado creemos que pinta bien porque no tiene ni pies ni cabeza lo que está ocurriendo pero por otro pinta mal porque nos están diciendo que incumplimos la ley», comentó Mateos.

Todo ello ha molestado a los vecinos de Muriel Viejo, que esperan que su rutina no se vea afectada y poder disfrutar de la compañía de otros en el centro social.