Diputación aprueba por unanimidad los Planes 2018

La corporación de la Diputación Provincial de Soria aprobó ayer por unanimidad, con 23 votos a favor, el Plan Provincial de obras de 2018. Los portavoces de todos los grupos, con algunas matizaciones, coincidieron en que las bases propugnan un reparto «justo y equitativo» que permite responder a las necesidades que tienen los municipios de la provincia de Soria, «por eso esperamos que la bases se mantengan en un futuro», explicó el presidente de la Comisión de Planes, José Antonio de Miguel.

El Plan Provincial de 2018 contempla una inversión de 7,7 millones de euros, de los que cinco millones los aportará la Diputación Provincial y el resto los ayuntamientos solicitantes de las obras. Se financiarán 259 obras en 180 localidades, la mitad de estas obras corresponden al ciclo hidráulico.

De Miguel explicó, en una de sus intervenciones en el pleno, que una cuantía de 3,2 millones de euros de la subvención «tienen nombre y apellidos» y se repartirán de acuerdo a los criterios fijos de las bases, como la población, las inversiones en las pedanías y una asignación mínima por municipio. En este sentido agregó que el reparto beneficia a los ayuntamientos con menos población y citó a modo de ejemplo la localidad de Valdeprado que recibirá este año 1.400 euros por habitante, frente a Almazán o El Burgo de Osma, a los que les corresponderá 50 euros por habitante.

La vicepresidenta, Esther Pérez, puntualizó que con la introducción de unas bases en este mandato «se han compensado las inversiones en barrios y en entidades que llevaban años sin recibir dinero de Planes como hemos comprobado de acuerdo al contenido de la encuesta de infraestructuras». Pérez defendió que el actual modelo como más garantista, «porque permite que todos los ayuntamientos puedan tener acceso a las obras».

Asimismo subrayó que el reparto respeta la autonomía municipal de cada Ayuntamiento «pero también asegura las inversiones en los barrios, dado que ahora no se conceden las partidas a los pueblos con la excusa de que tienen que invertir en los barrios y luego no lo hacen».

En el debate plenario, los diputados de los distintos grupos volvieron a hacer mención al «confesionario» como método que se empleaba en anteriores legislaturas para el reparto de los Planes. Uno de los más críticos fue José Antonio de Miguel quien recordó que como alcalde de Almazán le ha tocado quedarse sin fondos de Planes «porque me decían que acudiese a pedir a la Junta».

La diputada no adscrita, Ascensión Pérez, coincidió en que se trata de un reparto «equitativo gracias a que se han corregido algunos desajustes que se advirtieron al principio de la legislatura». Asimismo defendió la gestión que se realizó en legislaturas anteriores, en las que ella formó parte del equipo de Gobierno. En este sentido recordó que años difíciles, como 2009, 2010 y 2011, la Diputación soriana decidió mantener los Planes cuando se retiró la aportación de la Junta de Castilla y León, «pero otras diputaciones los eliminaron».

Por su parte, el portavoz del PP, Jesús Peregrina, también defendió la gestión de legislaturas anteriores y aseguró que «el hecho de que las bases garanticen un reparto justo y equitativo eso no quiere decir que los anteriores ejercicios no cumplieran con los objetivos previstos que eran los de atender todas las necesidades de los municipios».

El presidente, Luis Rey, cerró el debate de los Planes, con la reivindicación de que la Junta se comprometa a cofinanciar estas obras de servicios municipales «que son muy necesarias porque fijan población».