MEDIO AMBIENTE
El Seprona pone 48 denuncias de escombreras ilegales en 18 pueblos
La Junta de Castilla y León sanciona a Duruelo, Cidones y Ólvega por dejar verter
Las escombreras siguen siendo un práctica en el medio rural-HDS
Las escombreras están llamadas a su desaparición. Al menos eso es lo que pretenden las administraciones públicas. Aunque desde el año 2011 existe una ley que impide los vertidos de estos residuos y la obligación de depositarlos en un centro especializado, lo cierto es que las escombreras siguen formando parte del paisaje de la provincia de Soria.
Por ese motivo se mantiene la vigilancia y se aplican las sanciones para disuadir a los infractores. Durante el año pasado los agentes del Seprona de la Guardia Civil tramitaron un total de 48 denuncias por vertidos en escombreras ilegales en 18 municipios. Tanto en poblaciones próximas a la capital, como Golmayo o Cidones, como en localidades más alejadas, entre las que están Medinaceli y Cigudosa. Hay pueblos pequeños, pero también hay pueblos grandes, como Almazán, San Leonardo de Yagüe o Covaleda.
Ocho de cada diez de ellas las detectan las patrullas durante los servicios de vigilancia que realizan en caminos y en rincones del monte. Mientras que el resto se conocen a través de denuncias anónimas o gracias a la investigación que realizan los agentes del Seprona. Los vertidos que se tiran en estas escombreras proceden de los residuos que se producen en las obras. En este caso, el constructor o el promotor de las obras está obligado a trasladarlo a un centro especializado de tratamiento para su valorización. El Seprona observa dónde se produce obra nueva y solicita a la documentación correspondiente de la valorización de los residuos en un centro, en este caso es el que se encuentra en funcionamiento en Golmayo. «También solicitamos de manera habitual a la planta la documentación sobre el origen de los residuos que trata», explicó el teniente del Seprona, Fernando Carrillo.
Aunque el número de escombreras ha disminuido, «porque las obras no son tantas», explica Carrillo, se estima que cerca de la mitad de aquellos que producen este tipo de residuos lo siguen tirando a un escombrera ilegal, «muchas veces por desconocimiento», aclara.
El teniente del Seprona explica que a la vez que se denuncia «se educa a la gente». En algunas ocasiones la Guardia Civil sorprende a los infractores cuando están tirando los escombros. «No solemos denunciar sino que les damos un plazo razonable para que recojan lo vertido y lo lleven a un centro de tratamiento».
La ley es muy clara y responsabiliza de estos hechos o bien a los que tiran de manera ilegal o bien a los propietarios de los terrenos o a aquellos que han autorizado el vertido, por ello una buena parte de las denuncias responsabilizan a los dueños de las fincas donde se realiza el acopio de estos materiales.
El Servicio de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León tramitó el año pasado tres expedientes sancionadores contra los ayuntamiento de Duruelo de la Sierra, Ólvega y Cidones por dejar verter residuos de construcción y demolición.
El Ayuntamiento de Cidones pagó 900 euros de sanción y presentó los oportunos justificantes de entrega de los residuos a un gestor autorizado. El Consistorio olvegueño fue sancionado con 400 euros y posteriormente realizó una restauración de la zona afectada, mientras que Duruelo pagó 540 euros y también tiene en proyecto restaurar la zona.
Era muy habitual que los ayuntamientos sorianos tuviesen un espacio localizado como escombrera para facilitar el vertido de residuos y así evitar que hubiese varios puntos diseminados por los alrededores. Pero desde la aprobación de la ley esta práctica está prohibida y se ha obligado a los consistorios a vallar la zona y a señalizar la prohibición de seguir utilizando la escombrera. «En alguna ocasión nos hemos encontrado que el mismo constructor tiene la llave de este vallado que se la ha facilitado el mismo ayuntamiento», explica el teniente del Seprona, o bien han dejado los restos cerca del vallado.
La Junta de Castilla y León suele optar, en muchos casos, por un apercibimiento antes de iniciar un expediente sancionador hacia el propietario del terreno o hacia los ayuntamientos, «es cierto que no todo el mundo tiene medios de transporte para trasladar los residuos hasta el centro de tratamiento, pero los constructores se tienen que concienciar de realizarlo de acuerdo a la ley», puntualiza el jefe de servicio de Medio Ambiente, José Antonio Lucas, quien agregó que «hay que cambiar esta dinámica».
El Gobierno regional regula estas prácticas, a través de la ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados que vino a desarrollar una transposición de una normativa europea que exigió la eliminación de estas escombreras, «pero hasta que no se dé una solución será muy difícil que desaparezcan todas», asegura Lucas.
Los agentes medioambientales de la Junta elaboraron un censo de 207 escombreras incontroladas, pero los vertidos son móviles, es decir, dejan de aparecer en un enclaves hasta que aparecen en otro nuevo, por lo que es fácil que el número sea más elevado.
El problema está en vías de solución gracias al convenio que firmaron el año pasado la Diputación y la Junta de Castilla y León para cerrar las escombreras y restaurar las zonas. La actuación de Soria se enmarca dentro de plan de la Consejería para poner en marcha un plan alternativo legal para la recogida y la gestión de los residuos de construcción y de demolición, de tal manera que se acabe con los vertidos ilegales. El presupuesto para esta intervención en l a provincia de Soria asciende a 1.450.000 euros para realizarlo en los próximos años.