Muriel Viejo defiende la labor social del ‘bar’ de la asociación cultural

Ocho meses después de que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social comunicara a la Asociación Cultural San Roque la sanción al considerar que el centro social de Muriel Viejo estaban siendo gestionado como un bar el asunto continúa en los tribunales. La alcaldesa de la localidad, Ana Bárcena, el presidente de la asociación, Rafael Álvarez, y el socio encargado de la gestión del ‘bar’ explicarán mañana a la juez de lo Contencioso Administrativo de Soria «las particularidades» de estos lugares de encuentro existentes en el medio rural.

«No hay que olvidar que todo esto parte de la miseria humana de un vecino que ha denunciado», explicó Álvarez remontándose al pasado mes de noviembre, cuando la Inspección de Trabajo y Seguridad Social comunicó a la asociación la posible sanción.

Álvarez afronta el encuentro de mañana con la juez «con serenidad» y afirma que irá «con la verdad por delante». En la declaración intentará transmitir «los dos problemas» a los que se enfrentan: «la denuncia por parte de un vecino contra el ‘bar’ de la asociación y que desde las agrupaciones de este tipo no hay una manera legal de llevar bien este tipo de actividades, que hacen una labor social».

La posible sanción, a la que tendría que hacer frente una asociación en la que los miembros pagan una cuota anual de diez euros, asciende a 17.000 euros. «La multa es de 14.000 euros más los 3.000 de no tener al socio que se encargaba del servicio dado de alta en la Seguridad Social», detalló el presidente.

Por su parte, la alcaldesa de la localidad, que también declarará mañana como responsable del Consistorio, propietario de las instalaciones cedidas a la Asociación Cultural San Roque, espera que «al final la lógica» se imponga en este proceso. «La cesión está hecha desde hace unos 20 años y en ese tiempo hemos sido muchos los socios que nos hemos encargado un poco más de la gestión del bar», comentó.

Bárcena aseguró que el Ayuntamiento «apoya a la asociación, que engloba al 99% de los vecinos y a muchas otras personas que residen fuera de la localidad», ya que suma en torno a «120 o 130 asociados».

Álvarez incidió en la importancia de este tipo de lugares de reunión en los pequeños municipios de la provincia. «Si cerramos este tipo de locales estamos siendo nosotros mismos los que vamos a despoblar los pueblos», lamentó. Por ello animó a los propios habitantes del medio rural a «reeducarse» para conseguir que éste tenga futuro y que sea un lugar atractivo en el que vivir.

Por este motivo la Asociación Cultural San Roque ha decidido seguir ofreciendo el servicio de ‘bar’ a los vecinos de la localidad. «El socio que estaba encargado en ese momento dijo que se hacía autónomo para que no cerrase ese servicio, por lo que le hemos cedido la gestión», comentó el presidente de la agrupación. «Y así solucionábamos el problema hasta que saliera el juicio. Pero que nadie piense que esto es un negocio o que se saca dinero porque sobre todo se está haciendo por dar vida al pueblo. Quien lo lleva es una persona de más de 50 años que ha venido al pueblo y que se ha establecido y quiere ofrecer un servicio», señaló.

La regidora también señaló que esta actividad no entra en confrontación con otras al no existir un establecimiento de hostelería en la localidad. «Antes había dos bares pero hace muchos años que cerraron y este espacio se convirtió en un lugar de reunión en el que charlar, jugar a las cartas, tomarse un café o una cerveza», explicó.

«En un pueblo de 87 empadronados y 50 vecinos en invierno la mayoría de las veces no hay un motivo para salir de casa y este lugar obliga a las personas a moverse, a salir, a hablar con otros vecinos», indicó Bárcena.

La alcaldesa aseguró que la existencia de un centro social de este tipo es «una acción contra la despoblación» y no entiende cómo la multa por ofrecer ese servicio «asciende a 17.000 euros».

El presidente de la asociación reseñó que se está planteando, «junto a presidentes de otras asociaciones culturales de este tipo que tienen el mismo problema», solicitar «una solución». «No tenemos un reglamento o unas directrices que podamos seguir y que consideramos que son necesarias para que no ocurran este tipo de cosas», explicó.

«No es un problema sólo de Muriel», aseveró la alcaldesa, que indicó que es algo que se repite «en muchos pueblos de la España de interior». Por eso espera que el juez «tenga sensibilidad y que vea y entienda cómo son las circunstancias». «La ley está ahí y nadie dice que no se cumpla pero por suerte existe la interpretación de los jueces y confiamos en que entienda que no es ningún negocio y que la gestión de la barra siempre la hemos realizado los socios», sentenció.