Una PAC transitoria

Esta semana arranca el calendario de reuniones previsto desde el Ministerio de Agricultura con las comunidades autónomas, organizaciones agrarias, y otros colectivos sociales dentro del proceso de negociación de la reforma de la Política Agrícola Común post 2020. El reto es analizar con detalle todos los aspectos de las propuestas de la Comisión de cara a la aplicación de la PAC en España, en relación, por ejemplo, a los planes estratégicos, una de las principales novedades de la nueva arquitectura agraria, que puede poner en riesgo una PAC común.

La propuesta de reforma de la Comisión Europa se presentó el pasado mes de junio, por lo que la Eurocámara dispone de «muy poco tiempo» para aprobar su proyecto antes del final de la presente legislatura. Así lo cree Esther Herranz, eurodiputada del PP y redactora del informe principal del Parlamento sobre la reforma de la PAC.

Es una realidad que las elecciones europeas del mes de mayo limitan el calendario, no obstante, como señala Herranz, «el objetivo es adoptar, al menos, un dictamen de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo en marzo o abril de 2019». Todo ello, con el fin de que el informe parlamentario quede aprobado al principio de la próxima legislatura y se inicie la negociación con el Consejo de Ministros de la UE.

Existen aún muchas incertidumbres en torno a la nueva PAC, especialmente condicionada por la gestión del Brexit, como apunta Clara Aguilera, europarlamentaria del PSOE y vicepresidenta de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. Un cierre, con o sin acuerdo, en las negociaciones que se están llevando a cabo en Bruselas, tendrá efectos políticos y presupuestarios de los que hay que estar muy atentos.

Actualmente, la primera ministra británica, Theresa May, ha expresado su confianza en cerrar un pacto en las próximas semanas, aunque no hay garantías de que el Parlamento de el visto bueno a este eventual acuerdo. Todo ello, en un contexto en el que se ha hablado incluso de un periodo de transición del Brexit más allá de diciembre de 2020.

Europa está muy pendiente de estas negociaciones que marcarán el devenir de la estrategia comunitaria, y también de la PAC. De momento, la propuesta de reforma de la CE recoge una reducción en los fondos agrícolas del 5% y aboga por un nuevo modelo de resultados para el periodo post 2020, apoyado en una mayor flexibilidad para los Estados Miembros. Entramos de lleno, en esta materia, en los planes estratégicos nacionales que suponen para buena parte del sector una evolución clara hacia la renacionalización.

Para Clara Aguilera esta nueva estrategia va más allá de la reforma actual, ya que tiene que ver con un futuro de cofinanciación «mayor» y una «gran» reducción del presupuesto. «Este modelo de mayor subsidiariedad nos llevará en 2027 a cofinanciarlo todo, y eso nos preocupa», según declara la europarlamentaria socialista.

PLANES ESTRATÉGICOS

Los planes estratégicos son sin duda uno de los aspectos más complejos de esta reforma. Tal y como expone Esther Herranz, la elaboración de estos nuevos planes por parte de los Estados y su adopción por la Comisión Europea «llevarán tiempo y puede que no estén listos en la fecha prevista de 2021». Por este motivo, entiende que «sería conveniente empezar ya a anticipar la posibilidad de una prorroga de la PAC actual con el objetivo de evitar cualquier interrupción en los pagos a los agricultores».

La ponente del informe principal de Parlamento Europeo sobre la reforma de la PAC no cree, en este sentido, que una prórroga del régimen actual pudiera ser «motivo de preocupación para el sector agrario europeo. Recuerda, en este caso, que el actual régimen de pago básico entró en vigor más tarde que el resto de la reforma, «lo que supuso la prórroga del régimen anterior». De esta forma, según destaca, va a proponer en el proyecto de informe que será presentado en la Comisión de Agricultura del Parlamento del mes de noviembre «una prolongación de los reglamentos actuales hasta el 2023».

La PAC no se va a aprobar definitivamente en esta legislatura, eso es algo que tiene muy claro el sector. Una prórroga de los reglamentos más allá de 2020 «solo supondría el mantenimiento de los regímenes de ayuda de la PAC». El presupuesto del que disponga la PAC después de esa fecha dependerá de la decisión que adopten los Estados miembros.

En este sentido, el Parlamento «es partidario de mantener los fondos de esta política, al menos, al mismo nivel que en el periodo actual, y así lo va a pedir Herranz en el informe que está elaborando.

Falta por definir aún el compromiso de los Estados con el presupuesto europeo, ya que no se ha aprobado aún el marco financiero plurianual. Varios países han apostado ya por aumentar las contribuciones nacionales a las cuentas comunitarias, aunque no hay nada firme. Según la eurodiputada del PSOE, Clara Aguilera, sigue habiendo «mucha desconfianza del norte hacia el sur en torno a la gestión pública». La vicepresidenta de la Comisión de Agricultura asegura que los países bálticos continúan con una predisposición «muy negativa» a la hora de poner más dinero. Algo en lo que piden que se comprometa también nuestro Gobierno, como señala la consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos. «Pedimos a Pedro Sánchez que defienda el mantenimiento del presupuesto de la PAC como ya hizo el Gobierno de Rajoy».

AGRICULTOR GENUINO

Esta es una de las prioridades para Castilla y León, donde llegan anualmente cerca de mil millones de euros de la política agraria. Por eso, se sigue trabajando con el sector en la reforma de las propuestas de reglamentos de la aplicación de la nueva PAC, para seguir reforzando la posición de Comunidad con la base de una PAC común y fuerte. Marcos señala, en este sentido, que el objetivo es «que no se recorten los fondos agrícolas y de desarrollo rural», así como la defensa del agricultor profesional.

La reforma define la figura del agricultor genuino, que desde la Comunidad se quiere concretar más. Esta es una definición que «aún tiene que ser debatida en el Parlamento Europeo». Esther Herranz afirma que, a raíz de los debates que están teniendo lugar en los grupos de trabajo del Consejo de Ministros de la UE, está viendo cómo muchos Estados miembros «piden un amplio margen de subsidiariedad para poder adaptar esa definición a su casuística particular». Todo ello, en la línea de lo acordado hace dos años en la revisión intermedia de la PAC decidida en el marco del denominado reglamento ‘Omnibús’.

Por el momento, según sus palabras, el debate «está encima de la mesa», pero «no se sabe cuál será la decisión final».

OPAS

En este sentido, las organizaciones agrarias se muestran «rotundas» a favor del agricultor profesional. ASAJA, la Alianza UPA-COAG y UCCL quieren que los fondos de la PAC se destinen a aquellos «que trabajan y viven directamente y principalmente de la actividad agraria».

El coordinador regional de la Alianza, Aurelio González, se muestra satisfecho con los pasos dados desde el Ministerio de Agricultura, aunque cree que «hay que seguir fijando posiciones con la prioridad del presupuesto, sin recorte alguno». Conscientes de que «no hay tiempo material» para que esta reforma se apruebe antes de las elecciones de mayo, el sector está convencido de la posibilidad real de una prórroga que, en principio, no les preocupa, más allá del periodo de transitoriedad que se puede abrir.

Es cierto, sin embargo, que el escenario electoral genera algunas dudas en torno a los resultados en las urnas, y más concretamente, sobre la actitud que pueda adoptar el nuevo Parlamento en torno al presupuesto, las prioridades y la nueva PAC.

El debate continúa en Europa, también en torno al ‘capping’. La propuesta de la CE prevé una reducción obligatoria de los subsidios de la PAC para los agricultores que superen el umbral de ayudas de 60.000 euros, reducción del 100% a partir de los 100.000 euros. Una mayoría de países, según la eurodiputada del PP, están pidiendo que ese mecanismo sea voluntario. Lo cierto es que Castilla y León no se vería prácticamente afectada. La intención de Herranz es proponer un ‘capping’ obligatorio, «pero adaptado a las distintas estructuras nacionales», aunque no hay nada definitivo aún. Como señala el experto Tomás García Azcárate, «solo estamos empezando un maratón».