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DIPUTACIÓN

Diputación tendrá que pagar 27.000 euros más en servicios sociales

Modifica la norma que regula los precios en los que se incluyen exenciones a los usuarios

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La Diputación Provincial tendrá que abonar el próximo año 27.000 euros más de sus arcas para hacer frente al coste de los servicios sociales de ayuda a domicilio (17.000) y teleasistencia (10.000). Este dinero es el que se ahorrarán los beneficiarios de los servicios y los tendrá que aportar la Institución Provincial tras aprobar ayer, por unanimidad, en el pleno, la modificación de la norma que regula los precios públicos por la prestación de estos servicios, en los que se incluyen exenciones. La Diputación ha adecuado los precios a los cambios introducidos por la Junta de Castilla y León, administración con la que Diputación firma una acuerdo marco para el gasto en Servicios Sociales, mediante el que se cofinancian los servicios a los sorianos en el medio rural.

El presidente de la Diputación, Luis Rey, aportó estimaciones del incremento del gasto en materia de ayuda a domicilio en años sucesivos que será de 33.000 euros en 2020 y de 54.000 euros para 2021.

«Aunque se trata de cifras que no son significativas», puntualizó el presidente, «nosotros creemos que este dinero no lo tiene que aportar la Diputación, sino la Junta de Castilla y León». En los mismos términos se expresó el diputado no adscrito, José Antonio de Miguel, quien aseguró que es la Junta la administración que tiene que hacer frente a este gasto «porque es la que tiene las competencias en materia de Servicios Sociales».

El equipo de Gobierno sometió ayer al pleno la actualización de precios y modificaciones en 11 ordenanzas y normas reguladoras de tasas y precios públicos.

Seis de ellas se aprobaron por unanimidad de los 25 diputados de la corporación; otras dos salieron adelante gracias a los votos a favor de PSOE y PP (17) y otras dos más por las abstenciones de los populares (5) y el voto favorable de los socialistas (12), en todas los no adscritos votaron en contra (8 votos). La que no se aprobó fue la subida del IPC en la tasa por las autorizaciones para la realización de obras e instalaciones en las zonas de dominio público por 13 votos en contra, de PP y no adscritos y 12 a favor de PSOE.

Aparte de los cambios para ayuda a domicilio, la corporación provincial fue unánime para aprobar la modificación de las tasas por expedición de documentos administrativos, la utilización privativa por el uso del dominio público provincial, la realización de trabajos de encuadernación, el precio de las residencias de la tercera edad y la prestación del servicio provincial de extinción de incendios. En esta última se han incluido exenciones en lo que se refiere a siniestros en terrenos forestales y rústicos.

En este punto del orden del día, el grupo de los ocho no adscritos votaron lo mismo y defendieron prácticamente los mismos argumentos. De Miguel expuso se desacuerdo en los cambios previstos para un conjunto de cinco tasas y precios, en los que el equipo de Gobierno planteaba un incremento del IPC .

El diputado no adscrito consideró que no se debe gravar más a los ciudadanos servicios como el de autorizar la realización de obras en zonas de dominio público, o por «la venta de mapas que se deberían dar gratis», aclaró. La diputada no adscrita Ascensión Pérez se mostró a favor de los cambios en la tasa de extinción de incendios, a la vez que solicitó «que este cambio tiene que venir acompañado de una mejora del servicio». Pérez no estuvo de acuerdo en el incremento del IPC cinco tasas y apeló a que «se trata de una cuestión de voluntad política porque estamos hablando de cantidades mínimas».

El PP no tuvo objeción y aprobó ayer las modificaciones presentadas por el PSOE en la mayoría de las tasas y precios públicos. Sobre todo en aquellas que incluyeron modificaciones en el articulado para el cambio de ordenanzas o de normas, pero también en otras en las que se incrementó el IPC , como las tasas por la venta de publicaciones y de mapas, pero expresó sus dudas en algunas subidas, como la planteada por el precio de incluir anuncios en el BOP o la utilización de dominio público, en las que se abstuvieron. Peregrina expuso las dudas de su grupo por la exención en algunos servicios de extinción de incendios, «no sabemos por qué se saca de los precios los fuegos en terrenos rústicos y forestales», agregó.

Rey tildó de «electoralistas» a los diputados de la oposición que ayer no quisieron aprobar la subida del IPC para algunas de las tasas y precios públicos de los servicios que se prestan desde la Institución Provincial. Desempolvó del archivo de sesiones plenarias de años anteriores e intervenciones de sus compañeros, que dieron el visto bueno a estas subidas e incluso expusieron que les parecía bien acometerlas de manera ordenada, año tras año. «Nosotros», explicó el presidente, en referencia al grupo socialista, «vamos a votar esta subida por coherencia política en la Diputación y no vamos a cambiar por estar cerca de las elecciones, no estamos en esa carrera en la que están ustedes», puntualizó.

Rey realizó esta intervención en respuesta a José Antonio de Miguel que reprochó al PSOE que tiene distintos argumentos en la Diputación que en el Ayuntamiento de Almazán, donde está en la oposición. En este sentido explicó que el PSOE no votó en Almazán una subida de tasas y precios públicos. Rey le contestó diciendo que «las revisiones de las tasas no es un tema estratégico» del PSOE en la provincia, «pero sí lo son de coherencia». Agregó que el partido deja total autonomía a sus concejales y a sus alcaldes en los gobiernos de los ayuntamientos de la provincia y concluyó diciendo que «ahora estamos defendiendo los intereses de la Diputación».

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