De Miguel y Pérez se acusan de «caciquear» con los Planes

La corporación de la Diputación Provincial aprobó ayer por unanimidad, con 25 votos, el Plan Diputación 2019 que supondrá una inversión de 8.790.000 euros, de los que 5.500.000 euros los aportará la Diputación y los 3.290.704 euros los ayuntamientos. Esta inversión, que se ha incrementado este año en medio millón de euros, llegará a una población de más de 50.000 habitantes que residen en el medio rural, a través de 260 obras.

A pesar de la unanimidad, la sesión plenaria no estuvo exenta de un largo debate que protagonizaron la vicepresidenta socialista, Esther Pérez, y el diputado no adscrito y presidente de la Comisión de Planes, José Antonio de Miguel, que recordó que este Plan es el último de esta legislatura, en la que la Institución Provincial ha invertido 32,4 millones de euros, ocho millones más que la legislatura anterior.

Ambos diputados se enzarzaron en un debate en el que se ambos se acusaron de «caciquear» con el reparto de las obras de Planes, en los que sacaron cifras de ayudas a pueblos concretos dentro de la presente convocatoria de Planes y sin citar los nombres de las localidades, salvo algunas excepciones.

De Miguel abrió la caja de los truenos al reprochar al equipo de Gobierno su tardanza en aprobar este Plan porque retrasa a los ayuntamientos la contratación de las obras que, a su juicio, fue para incorporar dos modificaciones de dos ayuntamientos «para beneficiar a sus amigos del PSOE», algo que el diputado adnamantino consideró que fue culpa del «caciqueador o caciqueadora de turno y no está ninguna de ellas justificada».

El diputado desveló que uno de los ayuntamientos era el de la capital y del otro no quiso dar el nombre, pero sí ofreció los datos económicos. En lo que se refiere a la petición del Ayuntamiento de la capital para obras en sus barrios, se incorporó una propuesta de 11.000 euros más hasta los 61.000 euros de inversión y le corresponde 36.200 euros de subvención. «Precisamente este ayuntamiento que nos ha chuleado toda la legislatura pidiendo obras de ciclo hidráulico que luego modificaba a pavimentaciones y para tener más subvenciones». La segunda propuesta proviene de un pueblo pequeño con tres pedanías a la que se le ha incrementado la cuantía de 25.000 a 30.000 euros. «A ver si hemos quitado el confesionario y ahora vamos a adjudicar los planes a dedo», reprobó De Miguel a los socialistas.

Por su parte, Esther Pérez, explicó el cambio de las obras en los barrios de la capital fue porque se incluyó por error la segunda en lugar de la primera petición. Respondió a las acusaciones de De Miguel con otra acusación porque aceptó, excepcionalmente, una aclaración sobre las obras solicitadas del Ayuntamiento de Alentisque, para su entidad local menor de Cabanillas (pueblo natal del diputado).

«Habrá que ver quién es el cacique y hacer una guerra entre pueblos no nos lleva a ningún sitio», manifestó la vicepresidenta, quien ayer hizo gala de que los Planes de 2019 habían sido «los más justos» de esta legislatura, gracias a que se han ido mejorando los criterios de reparto. También justificó su retraso en la aprobación del pleno de febrero porque hasta el 28 de enero no se había aprobado de manera definitiva el Presupuesto de la Institución, en el que está recogida la cuantía económica para los Planes.

Por su parte, la diputada no adscrita, Ascensión Pérez, también mostró su malestar por la decisión de incrementar la cuantía de subvención, a las localidades a las que se refirió De Miguel, «como hay consenso miraremos hacia otro lado, pero no se crea que somos tontos», Pérez agradeció la voluntad del equipo de Gobierno de incrementar en medio millón la inversión de Planes para esta anualidad, a la vez que subrayó que la subida ha sido posible gracias a la petición del presidente de la Comisión de Planes, José Antonio de Miguel.

El diputado del PP, Benito Serrano, defendió ayer la postura de su grupo político en el debate. El popular coincidió con el equipo de Gobierno en que el reparto de las obras de Planes de 2019 «ha sido el más justo de toda la legislatura». En este sentido agregó que «durante todos los años anteriores nosotros nos hemos quejado de que el reparto de las obras no era justo a pesar de que creíamos que las bases sí lo eran». Para próximas convocatorias, Serrano solicitó que se estudie la posibilidad de conceder una subvención de 20.000 euros por municipio y 15.000 euros por entidad local menor. En este sentido aclaró que estas últimas no están bien reflejadas en la bases sobre las que se reparten las subvenciones «porque se les da autonomía para pedir pero no se les reconoce como a un municipio». En este punto recordó los problemas que tiene en el municipio de Golmayo, donde gobierna, con la entidad local menor de Fuentetoba, donde siempre se ha quejado por considerar que las bases de los Planes no hacían justicia con su población.

También solicitó una aclaración al presidente de la comisión de por qué este año se ha decidido un incremento lineal del 20% de la ayuda a los pueblos y pidió un formato electrónico para manejar los datos de la relación de cada una de las obras».

Benito Serrano y Ascensión Pérez protagonizaron el otro enfrentamiento en el debate sobre el reparto de Planes. La alcaldesa de Almarza, le reprochó a Serrano, que una de las convocatorias, cuando todavía eran compañeros del grupo político, del PP rompió la disciplina y votó en contra de los Planes «porque no estaba de acuerdo con el dinero que recibía Fuentetoba y en la Diputación hay que mirar por el bien de todos, a lo mejor este año ha salido beneficiado y por eso está de acuerdo», significó.

Serrano aclaró que en aquel año le le advirtió a ella, como portavoz del PP, antes de la celebración del Pleno, «que iba a votar en contra y usted me contestó que lo hiciese porque a mí también me pide el cuerpo hacerlo».

Al final los diputados de todos los grupos votaron a favor de los Planes y el presidente de la Diputación, Luis Rey apeló a no abrir un debate de cifras entre la provincia y la capital, que recibe subvenciones para los barrios Abogó por trabajar de manera conjunta «porque todos tenemos el reto de combatir la pérdida de población y hay que huir de este tipo de confrontaciones». Los diputados sorianos volvieron a reclamar fondos de las administraciones estatal y regional para incrementar los 8,7 millones de inversión en obras, que ahora cofinancia Diputación y ayuntamientos, con el objetivo de llegar a atender todas las peticiones de los alcaldes de la provincia.