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Recuerdo y Dignidad denuncia la desaparición forzada y asesinato de los cuatro fusilados de La Riba de Escalote

Argumenta que fueron crímenes contra la población civil y no fueron víctimas de la guerra civil

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La Asociación Recuerdo y Dignidad interpuso ayer en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Almazán una denuncia por la desaparición forzada y el asesinato de cuatro personas en la localidad de La Riba de Escalote.

El pasado miércoles, como fruto de las investigaciones de la asociación soriana, miembros de Recuerdo y Dignidad y de la Sociedad de Ciencias Aranzadi descubrieron una fosa común clandestina ubicada en este término municipal. El hecho fue documentado por Guardia Civil y Policía Judicial, y los objetos y restos humanos encontrados fueron depositados en el Juzgado de Almazán.

En la denuncia de la asociación, en la que ha contado con la ayuda de de abogados de Rights International Spain y la Asociación pro Derechos Humanos, se ha argumentado que los crímenes fueron cometidos contra la población civil y, por lo tanto, no se trata de víctimas de la guerra civil, sino de la represión del levantamiento militar.

La asociación soriana Recuerdo y Dignidad está muy involucrada en la localización de fosas comunes con víctimas civiles de la represión franquista. Estiman que en la provincia de Soria hay, por lo menos, 582 desaparecidos y «todos ellos fueron hechos premeditados y obedecen a crímenes contra la humanidad tal y como los definen Naciones Unidas», puntualiza Aparicio.

Es una de las agrupaciones de España y de Castilla y León que más ha avanzado en la búsqueda y el hallazgo de víctimas del periodo de la guerra civil y del franquismo. No solo se han recuperado los restos de fusilados sino también se han llevado a cabo avances significativos en el campo de la Justicia.

La reciente denuncia es por los cuatro desparecidos que presumiblemente se encuentran enterrados en la fosa de La Riba de Escalote. Para Recuedo y Dignidad «la motivación para los crímenes fue claramente política». De los cuatro desaparecidos-asesinados, dos eran fundadores y presidente y vicepresidente de las Juventudes Socialistas, otra persona militante de Unión Republicana y concejal del Ayuntamiento de Berlanga y, la última, militante de Izquierda Republicana. Además, argumentó la asociación, que los crímenes responden a unos patrones ejecutados de manera sistemática en toda la provincia y en gran parte del Estado cuando los territorios caían bajo control de los militares alzados a partir del 18 de julio de 1936.

Anteriormente se han interpuesto denuncias sobre los desaparecidos y exhumados de las fosas de Barcones, Andaluz, en ésta última se recuperaron los restos de un exvicepresidente de la Diputación, y en Cobertelada. Las denuncias de las dos primeras se archivaron, mientras que la denuncia de Cobertelada sigue abierta. Aparicio indicó que los archivos se argumentaron en que los delitos habían prescrito. En este sentido agregó que «nosotros compartimos los argumentos jurídicos de Naciones Unidas y en situaciones de desaparecidos hasta que no se exhuman las fosas y se entregan los restos a sus familiares, el delito continúa».

Tanto en las excavaciones de las fosas de Cobertelada, que ya se han entregado los restos a los familiares, como en La Riba, que acaban de comenzar, los trabajos estuvieron supervisados por la Policía Judicial. En la causa de Cobertelada el Juzgado dio órdenes de identificación, localización y detención de las autoridades civiles y militares de este periodo, con el objetivo de comprobar si están vivos y su responsabilidad en estas desapariciones. En la reciente denuncia sobre La Riba se ha aportado documentación para acreditar que las víctimas estaban bajo custodia de la Comandancia Militar de Soria.

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