Cs se desmarca y vota ‘no’ a la tasa de las residencias

Primer desacuerdo evidenciado entre los grupos que conforman el tripartito que gobierna la Diputación de Soria, dirigida por el PP con el apoyo de la PPSO y Cs. El diputado de la formación naranja, Saturnino de Gregorio, vicepresidente primero además, se desmarcó ayer del voto a favor de los otros dos grupos en la aprobación de la norma reguladora de los precios públicos de residencias, que contó asimismo con el visto bueno del PSOE.

Serrano pareció encajar bien el revés, incluso cuando el diputado de Cs negaba con la cabeza mientras el presidente provincial trataba de convencerle para que cambiara el sentido del voto, recordando que esta norma reguladora nunca había generado polémica ni debate. El PP se desayunó con este desmarque durante el pleno, puesto que Saturnino de Gregorio no estuvo en la Comisión de Hacienda en la que se dictaminó el asunto.

El diputado no se apeó de su argumento inicial, que se resume en que el incremento de tasas requiere un informe económico financiero «y aquí falta». De Gregorio recordó que por este motivo Cs planteó en su día un contencioso administrativo en el Ayuntamiento de la capital. El recurso, ante el Tribunal Superior de Justicia en Burgos, está pendiente de resolución.

El dirigente provincial arguyó que el incremento era «algo sensato», aunque reconoció que podía «generarle controversia» con respecto al Ayuntamiento, e incluso llegó a plantear que la subida no fuera exactamente la del IPC, sino una cantidad similar, pero ni con ésas. «No estamos en desacuerdo con las tarifas de la ordenanza sino en la que forma en que se fija. La ley exige un estudio económico financiero y no se pueden referenciar al IPC», remachó De Gregorio.

El portavoz de la PPSO Antonio Pardo, recordó que los centros residenciales son siempre deficitarios, por lo que un informe económico dispararía el coste de la plaza. Y por parte de los socialistas no hubo nada que objetar en ésta ni el resto de las ordenanzas fiscales que fueron modificadas.

Fue el primer desacuerdo pronunciado en un pleno –y de la legislatura– por parte de Cs, pero minutos antes Saturnino de Gregorio había amagado con la abstención, en un asunto de trámite y relacionado con el antiguo CUS: los dos lotes fueron adjudicados, como se recordará, en agosto a sendas empresas que los explotarán para hostelería y turismo y el pleno de ayer tenía que adjudicarles el derecho de superficie (sobre la rasante, vuelo, subsuelo…). En su segunda intervención, el vicepresidente primero dijo que se abstendría en este punto, para segundos antes de la votación cambiar de parecer y dejar perpleja a la sala con las siguientes palabras: «Le voy a hacer caso, señor Rey, voy a votar a favor».

De Gregorio basó su anunciada abstención en que los criterios de adjudicación no habían tenido en cuenta el número de empleos que se generarán y en que el PSOE, como impulsor del proyecto, había fijado la fianza de acuerdo al mayor canon y no a la mayor inversión.

Desde la bancada socialista se defendió la gestión para dar uso al infrautilizado edificio del antiguo CUS con tres razones: era un patrimonio infrautilizado que la institución, como propietaria, debía explotar e impedir su deterioro, al que no iba a poder hacer frente; el proyecto generará actividad y empleo en un sector estratégico; y la opción de cederlo (en un caso por 35 años y en otro por 45) en vez de desprenderse de él. Recordó además Rey que aunque los apartamentos turísticos no creen empleo directo, si lo hacen de forma indirecta y también generan desarrollo.

Mientras, Pardo recordó su «batalla» por hacer algo con ese edificio cuando fue presidente y los muchos problemas que encontró y se mostró a favor, dejando claro que «todos hemos aportado a esta iniciativa».

Moción

De Gregorio y Rey se cruzaron invectivas provenientes de las manifestaciones del socialista, esta semana, sobre que «aún no se daba el escenario para una moción de censura» en la Diputación. «Mucho tendrían que cambiar las cosas. Si depende de este diputado, no va a poder ser», le espetó el vicepresidente, a quien el portavoz de la oposición quiso acallar con la siguientes palabras: «Usted hará lo que le manden, como hizo entonces. Lo dijo entonces y ahora como obediente y disciplinado político hará lo que le digan», en alusión a que su voto por orden de la dirección regional había dado al PP el Gobierno de la Diputación, pese a la oposición personal del diputado, entonces. «Una cosa es la política y la obligación de cumplir con directrices de arriba, y otra la cuestión personal», le replicó De Gregorio, recordando «el escrache y los insultos». El punto salió adelante por unanimidad.

La corporación aprobó de forma unánime dos modificaciones de ordenanzas fiscales (para las autorizaciones de obras y zonas de dominio público y afección de carreteras; y la de aprovechamientos especiales de dominio público provincial) y otras dos modificaciones de normas (mantenimiento de equipos de coloración y calidad de aguas; y para la utilización de maquinaria de la Diputación).

Los grupos acordaron dejar sobre la mesa la norma reguladora de las aportaciones al servicio de recogida de residuos para el centro de tratamiento de Golmayo, que gestiona el consorcio de la Diputación y el Ayuntamiento. Lo hicieron, eso sí, tras un estéril debate en el que se remontaron al inicio de su puesta en marcha (comienzos de los 90) y derivaron al problema de lixiviados que hay en uno de los vasos, aún sin resolver. La corporación estudiará el porcentaje de subida más adecuado. El presidente se mostró visiblemente enfadado en este punto después de que Rey le dijera que se quitara el traje de alcalde de Golmayo y se pusiera el de presidente de la Diputación, que, respondió, no piensa quitarse.