La alcaldesa de San Leonardo no se pronuncia sobre la Ley de la Memoria

La alcaldesa socialista de San Leonardo, Belinda Peñalba, no quiso pronunciarse ayer sobre los pasos que va a dar el Consistorio pinariego para hacer cumplir  la Ley de la Memoria Democrática que obligaría a retirar el apellido del general Yagüe del topónimo del nombre del pueblo. «No voy a realizar manifestaciones», manifestó ayer a preguntas de este periódico. 

La que sí se expresó claramente fue la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, que aseguró ayer que la Ley de la Memoria Democrática «se va a cumplir en Soria, en Castilla y León y en todo el territorio» y también en San Leonardo. Así lo aseguró a preguntas de los periodistas sobre el cambio de nombre de San Leonardo de Yagüe, que en su topónimo lleva el apellido del general y ministro de Franco, según informó Europa Press. 

«No hay otra alternativa en otro estado social y democrático de derecho que el cumplimiento de la ley», incidió la delegada de Gobierno que subrayó que el Gobierno de Sánchez ha abanderado la memoria democrática del país con dos premisas «fundamentales», como son memoria, «para que jamás vuelva a pasar lo que ocurrió en España» y por la dignidad de todas las víctimas que «siguen siendo muchas las que están en las cunetas». 

En cuanto a la localidad soriana de San Leonardo de Yagüe manifestó que se irán dando todos los pasos necesarios para cumplir La Ley de Memoria Democrática, que derogará la de Memoria Histórica aprobada en 2007 durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. 

 

Novedades

La Ley de la Memoria Democrática  ha introducido algunas novedades  respecto a la anterior Ley de la Memoria Histórica. Entre las más destacadas se encuentra que el Estado asume el liderazgo en la búsqueda e identificación de los desaparecidos e impulsará las exhumaciones,  así como avanza en la necesidad de realizar una auditoría y un inventario de bienes incautados y sanciones económicas durante la guerra civil y la dictadura franquista.

La ley recoge la obligación de retirar los símbolos y las referencias franquistas en los municipios españoles y si no se produce de manera voluntaria, la administración pública competente incoará de oficio el procedimiento para la retirada de dichos elementos en un  plazo de seis meses e incluso contempla multas coercitivas. 

Esta ley pone en punto de mira de nuevo a San Leonardo de Yagüe que obligaría a quitar del nombre del pueblo el apellido del general Yagüe y volver así a su denominación inicial. El topónimo ‘de Yagüe’  que se incorporó, por orden de un Decreto Ley, dictado por la Jefatura del Estado, el 22 de octubre de 1952, un día después de la muerte del militar. 

Desde entonces la localidad natal de Juan Yagüe lleva en su nombre el apellido del que fuera uno de los militares más destacados de la guerra civil, conocido con el sobrenombre del ‘carnicero de Badajoz’, por la matanza de miles de civiles en 1936 en la población extremeña. 

Desde que se aprobase la Ley de la Memoria Histórica, en San Leonardo el debate ha estado latente. Ha habido cambios, pero en estos años la modificación del nombre, solicitado por agrupaciones memorialistas y algunos partidos políticos no se ha producido. El Ayuntamiento retiró un grupo escultórico con la imagen del general  que presidía una de las plazas y lo sustituyó por la imagen de Juan Yagüe. 

En 2016 el cambio del nombre del pueblo y la retirada del apellido del general volvió al Ayuntamiento que, tras la petición formulada por el abogado memorialista  Eduardo Ranz, celebró una sesión en la que se aprobó, por unanimidad de todos los grupos, mantener el nombre como estaba y acatar la ley. 

En aquel pleno se argumentó que la figura de Juan Yagüe Blanco es vista en la población como vecino, «querido y reconocido no por sus connotaciones militares o políticas, sino por la ayuda que prestó en su día a los vecinos y al municipio». Así como la corporación puso el acento en la labor, como hijo del pueblo, que hizo por San Leonardo impulsando  su desarrollo, con la instalación de la luz  y la construcción de 110 viviendas, cine, teatro, biblioteca, centro de salud, centro de juventud, cuartel de la Guardia Civil y un taller de carpintería que fue la primera piedra de lo que es hoy la empresa Norma. 

Ranz recurrió ante los tribunales el acuerdo plenario y el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Soria inadmitió este recurso, sustentando que el abogado  no tiene ninguna vinculación con dicho municipio (no está empadronado) y carece de legitimación activa, es decir, no acreditó un interés legítimo que fundamente sus peticiones. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León confirmó la sentencia del Juzgado de Soria.