El déficit en las residencias de ancianos de la Diputación de Soria alcanza los 5 millones
Una auditoría analizará futuras medidas para aplicar soluciones que reduzcan el agujero económico
Las residencias de ancianos que gestiona la Diputación Provincial cerrarán este año con un déficit que superará los cinco millones de euros, una cifra que incrementa las pérdidas del año pasado que fueron de 4,7 millones de euros, según los datos aportados ayer en el marco de la celebración de una comisión monográfica sobre servicios sociales.
Los grupos políticos de la Diputación acordaron realizar una auditoría externa para conocer el estado de los centros y buscar soluciones que reduzcan esta «sangría» de pérdidas, que se han disparado estos dos últimos años por la pandemia y por el incremento de los precios energéticos y de los suministros, explicó el diputado responsable de residencias, Matías Ágreda.
Aunque la comisión se centró sobre todo en repasar el funcionamiento de las residencias y su estado financiero, algo que preocupa a los responsables políticos de la Diputación soriana que gestiona directamente la residencia de San José, con 92 personas, y la residencia de Nuestra Señora de Los Milagros de Ágreda, con 94 residentes. Además, la Diputación posee plazas concertadas en otros centros de Soria y Palencia.
En la comisión se analizaron las cifras de gastos desde el año 2012 para ver cómo ha sido la evolución y también se debatieron las posibles medidas a adoptar para corregir este agujero económico.
Desde hace unos años, la Diputación no cuenta con la figura de coordinador de residencias y tras la jubilación de este profesional, la Diputación ha decidido amortizar la plaza, por ello se decidió contratar una asistencia técnica externa que aporte luz «para mejorar sin que sufra nadie ante posibles reajustes», manifestó Ágreda, quien indicó que sobre esta medida no había unanimidad entre los diputados socialistas que forman la comisión de servicios sociales.
En este sentido subrayó que auditorías de estas características se han llevado a cabo en residencias de gestión pública como la de Almazán y la de Duruelo de la Sierra. Esta medida se complementará con la solicitud a la Junta de Castilla y León para que mejore la financiación destinada a los geriátricos, dentro del marco de su competencia.
Por su parte, el PSOE, reiteró, dentro de las medidas que se van a adoptar, la necesidad de conservar la calidad de los servicios y mantener intactos los derechos de los trabajadores, respetando los convenios laborales.
De lo que se trata, a juicio del PSOE, es de buscar soluciones para mejorar la financiación de estos centros optimizando la gestión pública y una verdadera implicación del gobierno autonómico. «Es evidente la gran labor social que presta la Diputación de la que se beneficia un perfil de residente que no tiene medios para sostener el coste real de una plaza», concluye.