El PSOE aclara que un convenio entre Junta y AESA puede desbloquear el aeródromo de Soria

Un convenio entre la Junta de Castilla y León y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) puede desbloquear la autorización para las obras de ampliación del aeródromo de Garray, siempre y cuando la documentación esté completa, algo que ayer puso en duda la portavoz del PSOE en la Diputación, Esther Pérez.

El diputado nacional Luis Rey ha realizado gestiones con AESA para conocer el estado de competencias en materia de licencias y permisos en materia de aeródromos «y no debe haber inconvenientes, todo lo demás es una cortina de humo», explicó Pérez, en referencia a las recientes manifestaciones de los miembros del equipo de Gobierno sobre que hay «una mano negra» que impide avanzar con el proyecto e incluso plantean acciones legales.

El PSOE expuso ayer que AESA no puede realizar tramitaciones en aeródromos a raíz de un informe de la Abogacía del Estado, pero se abre la posibilidad de la cooperación entre ambas instituciones, como así se recoge en un Real Decreto. 

Esther Pérez mencionó el Estatuto de Castilla y León, que en su articulado recoge estas competencias, «otra cosa es que no se hayan asumido», indicó la diputada provincial, que insistió en que está abierta la vía de colaboración y que, a su vez, tenía conocimiento de que hay conversaciones abiertas, «por lo que creemos que el problema competencial no pone en riesgo el proyecto», aclaró Pérez.

Sin embargo, a juicio del grupo de la oposición en Diputación, lo que sí pone en peligro el proyecto es la documentación incompleta para concluir la tramitación administrativa de la fase tercera ,que permitiría tener la autorización para la construcción de la pista, en lo que califican de «gestión chapucera» para lo que debería ser «una inversión estratégica para diversificar la industria», puntualizó Esther Pérez.

La portavoz puso el foco en dos cuestiones. La primera, el proceso de expropiaciones de los terrenos necesarios para la ampliación de la pista que sigue pendiente y la segunda, sobre el contenido del estudio técnico, por todo ello, el PSOE ha solicitado la celebración de una comisión monográfica para recabar información sobre toda la documentación del proyecto, el cumplimiento de los plazos y las tramitaciones pendientes. Esther Pérez reclamó «transparencia», en lugar de «tapar su inoperancia y mala gestión buscando culpables fuera».

El PSOE reclama aclaraciones sobre el expediente expropiatorio de lo terrenos que se comenzaron a tramitar en el pleno de abril de este año. La aprobación inicial conlleva 15 días de exposición pública, recordó Pérez, y además, finalizado ese plazo de alegaciones, hay que abrir otro de 20 días más para notificar a todos los afectados en las expropiaciones. Una vez cumplidos esos plazos, debería volver de nuevo al pleno, previa emisión de informes jurídicos. 

«De momento, lo que sabemos desde el Grupo Socialista es que algún particular de los afectados por la expropiación presentó alegaciones al Plan Provincial, en el que está incluidas las obras del aeródromo, que fueron desestimadas. Intuimos que también habrá hecho alegaciones en el proceso expropiatorio», aclaró.

Por otra parte, sobre el estudio técnico, Pérez explicó que se conoce que se ha hecho basándose en un proyecto que no es el actual. Recordó que la Diputación realizó este estudio en base a un proyecto redactado por un técnico que no es competente en la materia y posteriormente se realizó un segundo proyecto que recogió la subsanaciones aeronáuticas. 

Pérez se pregunta si se tiene que partir desde el punto de inicio tras el cambio del proyecto. «Son muchas dudas sobre una tramitación incompleta, por no llamar chapucera, de unos gestores que siempre buscan culpables fuera, sin un ápice de autocrítica», espetó Pérez que, por último se refirió, al proceso para el cambio del gestor del aeródromo, después de dos prórrogas de contratos y dos procesos de licitación.