La Junta no ve motivo para que AESA bloquee la ampliación del aeródromo

La Junta de Castilla y León se mostró ayer muy clara sobre la autorización para la ampliación del aeródromo de Garray. La competencia es de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y aunque sea el propio organismo el que ha planteado una posible transferencia de la competencia a la Comunidad Autónoma, esa posibilidad hoy «está muy lejos». «No hay mayor motivo para entender que no existe justificación, para una situación que es igual hoy que hace tres años, para que AESA no tenga agilidad en la redacción de los informes que le pueden corresponder, porque son de su competencia», subrayó el consejero portavoz, Carlos Fernández Carriedo.

La Diputación provincial de Soria, como impulsora del Aeroparque Tecnológico de Garray, y la Junta, como entidad financiadora de la ampliación de la pista llevan meses reclamando a la agencia de seguridad aérea que autorice de forma definitiva la ampliación de la pista del aeródromo soriano. Hace unos meses, el pasado mes de abril, surgió un nuevo obstáculo al abrirse la posibilidad de que se produjera un traspaso de competencias en materia aeronáutica como parece que es la pretensión de AESA. Desde Somacyl, sociedad autonómica a través de la que se ejecutará la obra, ya advirtieron de la situación de bloqueo. «Eso parece ser que es lo que está retrasando la autorización» para arrancar con la licitación en las instalaciones sorianas, aseveró en abril el director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Junta y el consejero delegado de Somacyl, José Manuel Jiménez.

Ayer la Junta se sumó a las reclamaciones que lleva lanzando la Diputación provincial desde hace semanas para que independientemente del proceso de transferencia, el expediente de Soria quede resuelto cuanto antes. Carriedo quiso explicar la cuestión de una manera clara. «No hay que dispersar la idea de la que hablamos, una administración es competente hasta que esa materia es traspasada a otra administración», subrayó insistiendo en que el mero hecho de proponer una traspaso no significa que «se deje de ejercer esa competencia o se ejecute con menos interés».

Desde la Junta afirmaron con rotundidad que en estos momentos «la competencia es de AESA» y es ese organismo el que tiene que «ejercerla y ejecutarla». «AESA plantea la posibilidad de que esas competencias sean transferidas a las Comunidad Autónomas, pero nosotros no lo hemos pedido», explicó. Carriedo aludió a procesos de traspasos anteriores para explicar el procedimiento. «Con otras competencias se produce un proceso de negociación en la comisión mixta de Transferencias que pueden durar años hasta que haya un acuerdo y debe fijarse también el traspaso de personal, medios y cuantía económica». En este sentido recalcó que «habría que definir» de forma detallada los medios, materiales y dotación económica que acompañarían el traspaso y que «son cuestiones en las que suele pasar mucho tiempo hasta que se alcanza un acuerdo». «La competencia en Sanidad a Castilla y León se transfirió el 1 de enero de 2002 y hasta el 31 de diciembre de 2001 la competencia era del Insalud y al día siguiente de la Junta», reseñó.

Carriedo no pudo ser más explícito al señalar que esa posible transferencia «hoy está lejos de producirse». «Ni hay una oferta económica y de medios, ni la Junta tiene urgencia por recibir esa competencia, hoy, la competencia es el Estado y de eso es lo que estamos hablando», aseveró. El portavoz del Gobierno autonómico reiteró que actualmente y más allá de esa posibilidad de transferencia planteada desde AESA «mientras se produce ese traspaso, la competencia sigue siendo de AESA y debe ejecutarla». «Lógicamente», insistió de nuevo, «la transferencia de una competencia tiene que ir aparejada de recursos humanos, materiales y económicos, en el caso sanitario, se transfirió el personal, la documentación y los hospitales».