El Gobierno cifra en 11.700 euros el traspaso de competencias para desbloquear el ATI
Insiste en que es el Gobierno regional el que tiene que autorizar el proyecto para el aeródromo soriano
Instalaciones del aeródromo de Soria.
La autorización para la ampliación del aeródromo de Garray sigue atascada en el traspaso de competencias aeronáuticas en la Comisión Mixta de Transferencia entre el Gobierno y la Junta de Castilla y León.
La Comunidad Autónoma no va a emitir resoluciones mientras no se formalice el traspaso de medios, que el Gobierno cifra en 11.720 euros, según se recoge en una respuesta escrita del 11 de mayo del Gobierno a la pregunta formulada por el senador soriano del PP, Javier Jiménez Santamaría, que preguntó por la situación del bloqueo del aeródromo y del desarrollo del Aeroparque Tecnológico Industrial (ATI).
En la misma, se precisa que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) ha remitido al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática todos los informes necesarios, entre los que se incluye la memoria económica, ya aprobada por Hacienda, que cuantifica en 11.720 euros los medios económicos del traspaso al Gobierno a Castilla y León.
Si bien hasta ahora, explica que AESA ha realizado los análisis técnicos de expedientes, que suponen en grueso de la autorización, le corresponde a la Comunidad Autónoma dictar la resolución final y asumir funciones administrativas que es lo que dice que no hace Castilla y León hasta que no se formalice el traspaso.
En su respuesta, el Gobierno deja claro que la competencia en aeropuertos, helipuertos, muelles e instalaciones de navegación de carácter deportivo que no desarrollen actividades comerciales corresponde a Castilla y León, de acuerdo a su Estatuto de Autonomía, y la misma se ha venido ejerciendo de «manera subsidiaria» por AESA en esta Comunidad, pero tras un informe de la Abogacía del Estado, fechado en 2024, se concluyó que el Gobierno regional se debe hacer cargo.
Informes no vinculantes
En este sentido expone que AESA ha ofrecido a las comunidades autónomas la suscripción de convenios para ordenar una colaboración institucional mientras se realiza este trámite, e incluso, cuando no se han formalizado este tipo de convenios, el organismo aéreo ha seguido revisando expedientes en curso y emitiendo informes no vinculantes «con conocimiento y consentimiento de las Comunidades Autónomas que han permitido avances técnicos».
En Castilla y León, explica que ha emitido durante estos últimos meses este tipo de informes no vinculantes, tanto para el aeródromo de Garray como para instalaciones de otras provincias.
En el caso de Soria, la Comunidad Autónoma solicitó la comprobación técnica formal del cambio de gestor de la instalación y AESA resolvió el cumplimiento técnico favorable, así como se ha solicitado la comprobación técnica y formal de otros proyectos que ha visitado in situ y que ha resuelto favorablemente, en algunos casos.
En la respuesta parlamentaria, el Gobierno subraya que algunas comunidades autónomas, como Andalucía, Extremadura, Castilla La Mancha, Islas Baleares y La Rioja han hecho uso de la colaboración con AESA, lo que les ha permitido llevar a cabo análisis técnicos de expedientes e inspecciones 'in situ'.
Concretamente, Andalucía ha culminado la autorización de dos nuevas instalaciones y Castilla La Mancha ha aprobado la modificación de una instalación ya existente.
También reseña que otras comunidades, como Madrid, Cataluña y Valencia han optado por ejercer sus competencias, al contar con personal técnico, sin pedir la colaboración con AESA. Solo Aragón activó el proceso para el traspaso de medios.
En cuanto a los medios necesarios para los traspasos del Gobierno a las Comunidad Autónoma expone que es de «carácter limitado». Solo está compuesto por un número reducido de efectivos a tiempo parcial, cinco en total, para todo el territorio nacional, que es el equipo con el que cuenta en la actualidad AESA.
No obstante, el Gobierno asegura en su respuesta parlamentaria que «no son esenciales para iniciar el ejercicio de competencia, como ya demuestra el hecho de que múltiples comunidades autónomas lo están ejerciendo sin haber formalizado los traspasos de medios».
Funciones administrativas
En la respuesta al senador se aclara, que en el marco de este traspaso de competencias, las Comunidades Autónomas asumen fundamentalmente funciones administrativas, tales como la recepción de solicitudes, petición de informes de compatibilidad de espacio aéreo a la Dirección General de Aviación Civil, la evaluación técnica de AESA y la emisión de la resolución.
Además, les corresponde la realización de determinadas comprobaciones administrativas y la tramitación ambiental de los proyectos. Deja claro que aunque el grueso de la tramitación técnica la realiza AESA son los órganos de las Comunidades Autónomas los que tienen que dar la autorización final.
La Diputación de Soria, propietaria del aeródromo de Garray, espera esta autorización más de un año porque pretende ampliar la pista para transformar las instalaciones aeronáuticas en un Aeroparque Tecnológico Industrial (ATI) para atraer empresas del sector.
La Institución aprobó el proyecto en 2021. Desde entonces se han llevado a cabo numerosas inversiones, próxima a los 6 millones de euros.