Las administraciones evalúan los daños del Motorbeach para futuras sanciones

Las administraciones de la provincia de Soria (Subdelegación del Gobierno, Junta de Castilla y León y Ayuntamiento de Vinuesa) analizaron ayer el rosario de los posibles incumplimientos detectados en la celebración del festival Motorbeach en el entorno del embalse de la Cuerda del Pozo el pasado fin de semana. Junta y CHD elaboran los primeros informes de daños y denuncias para posibles futuras sanciones.

Tras el caótico y accidentado fin de semana del Motorbeach, que se saldó con una víctima mortal en un accidente de tráfico, el festival no regresará a Vinuesa, como expuso el alcalde, Juan Ramón Soria, en la reunión que se celebró en la Subdelegación con representantes de las tres administraciones además de responsables de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Parece ser que los organizadores no contemplan volver a Soria y Vinuesa no está por la labor de autorizarlo tras lo ocurrido este año, según comentó el alcalde. 

Los responsables institucionales pusieron encima de la mesa los incumplimientos más graves observados durante los días de celebración del festival, así como en los días posteriores tras las v isitas realizadas por los técnicos de la Confederación y de los agentes medioambientales.

Masiva afluencia

Desde una afluencia de público, muy superior a las previsiones comunicadas de 4.000 personas, pasando por un descontrol en el recinto ante insuficientes medidas de seguridad privada y las importantes afecciones medioambientales en el entorno y en la zona de policía del embalse fueron los incumplimientos más graves recabados una semana después de la celebración del Motorbeach, que contó con una férrea vigilancia por parte de la Guardia Civil, que de no haber sido así los daños habrían sido mayores, como así comunicó la Subdelegación en un comunicado de prensa.

Desde el primer momento los agentes constataron la existencia de una situación de presunto descontrol, con, supuestamente, numerosas motocicletas circulando en condiciones irregulares, menores conduciendo vehículos, acampadas fuera de los espacios permitidos, ocupación de terrenos protegidos y conductas que suponían un riesgo evidente para las personas y para el medio natural.

La Guardia Civil recibió la documentación necesaria para la planificación operativa el martes por la tarde, cuando el evento comenzaba el jueves por la mañana. Este margen resultó claramente insuficiente para preparar un dispositivo adaptado a una concentración que, en la práctica, presentaba, supuestamente, unas dimensiones y unas características muy distintas de las declaradas. 

La Guardia Civil había diseñado una planificación preventiva a partir de la información disponible y de la promoción difundida en redes sociales y posteriormente se comprobó que la realidad, no obstante, habría superado ampliamente incluso esas previsiones.

La Guardia Civil constató, además, la presencia de una sola persona de seguridad privada en un recinto que acogía a varios miles de asistentes y en el que se estarían desarrollando actividades potencialmente peligrosas. Ante las informaciones que llegaban desde el interior y los riesgos observados directamente, los agentes adoptaron una actitud proactiva para prevenir accidentes, corregir conductas y evitar que se produjeran más problemas y daños.

El balance provisional del dispositivo ya es conocido y se sitúa en torno a 435 denuncias administrativas y 21 diligencias por presuntos delitos contra la seguridad vial. La mayor parte de las denuncias estuvieron relacionadas con infracciones de tráfico y con motocicletas que carecían de matrícula, permiso de circulación, seguro obligatorio o ITV en vigor. También hubo actuaciones por drogas, armas, desobediencia, acampadas no autorizadas.

CHD

Agentes medioambientales de la CHD de Soria y Burgos inspeccionaron la zona antes del comienzo del festival y realizaron un seguimiento durante su celebración. Las inspecciones posteriores habrían constatado incumplimientos de las condiciones incluidas en la autorización otorgada por el organismo de cuenca, especialmente en relación con las zonas balizadas. 

Estas zonas son los espacios expresamente delimitados y señalizados sobre el terreno para concentrar los usos permitidos y evitar la ocupación de superficies no autorizadas o especialmente sensibles. Durante el festival, las acampadas, la circulación de vehículos y otras actividades podrían haber rebasado esos límites.

La CHD ha formulado la correspondiente denuncia por los distintos incumplimientos detectados. Esta semana ha realizado una nueva visita para evaluar los daños causados en el dominio público hidráulico y prepara un informe que se incorporará al expediente, en el que se cuantificarán las posibles afecciones y el coste de su reparación.

El organismo de cuenca ha recibido también las denuncias formuladas por la Guardia Civil que son de su competencia sancionadora. Por otra parte, los responsables de la cuenca recordaron que las concentraciones multitudinarias junto a embalses incrementan el riesgo de accidentes y ahogamientos. En la reunión del 1 de julio se indicó expresamente a la organización que debía disponer de personas encargadas de vigilar la seguridad en las proximidades del agua, una medida que no se habría implantado en los términos planteados.

Junta

Los representantes de la Junta de Castilla y León manifestó, en el transcurso de la reunión, que el Servicio Territorial de Medio Ambiente emitió el correspondiente informe, remitido al Ayuntamiento de Vinuesa, y posteriormente una adenda específica sobre el uso del fuego. 

Las inspecciones efectuadas tras el evento han dado lugar al levantamiento de actas que servirán de base para las denuncias y los expedientes sancionadores que puedan corresponder. La Administración autonómica ha evaluado las afecciones ambientales mediante una comparación detallada del estado de los terrenos antes y después del festival. 

También comprobará el resultado de las labores de limpieza y del posterior plan de restauración. La limpieza inicial de la zona ya se ha efectuado y han comenzado algunas actuaciones preliminares de recuperación. Sin embargo, la Junta advirtió de que la restauración ambiental no puede limitarse a trabajos puntuales ni completarse en una o dos semanas. Será necesaria la presentación de un proyecto técnico que determine las medidas que deben aplicarse, los plazos y su coste, que deberá repercutirse a quien resulte responsable. 

El subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, apeló a la coordinación de las administraciones para para recuperar el entorno, tramitar los expedientes con todas las garantías y adoptar las medidas necesarias para que una situación semejante no vuelva a producirse.