Almazán adjudica a FCC Aqualia el ciclo del agua por 25 millones y 25 años tras un tenso pleno

El Ayuntamiento de Almazán aprobó en un pleno extraordinario celebrado el pasado jueves la adjudicación de la concesión del servicio del ciclo integral del agua a la empresa FCC Aqualia. La operación cuenta con un importe de 25 millones de euros (IVA incluido) y un periodo de gestión fijado en 25 años. La propuesta salió adelante gracias al respaldo de los ocho concejales del equipo de Gobierno (PSOE), mientras que los cinco ediles de la oposición (PP) votaron en contra.

Durante la sesión, el grupo municipal del Partido Popular fundamentó su postura de rechazo al argumentar que la tramitación del expediente no se ajusta a la legalidad. Así, tal y como explicó su portavoz, José Antonio de Miguel, «se han realizado varios contratos menores a una empresa de asesoramiento, PWATS, que curiosamente es la misma que después ha estado presente en las mesas de contratación durante la apertura de los sobres». 

Aunque en el informe técnico solicitado por los populares el día anterior al pleno elaborado por el secretario del Ayuntamiento se indica que no se produce esa circunstancia legal que anularía el procedimiento al incurrir en un incumplimiento de la Ley de Contratos de la Función Pública, el grupo de la oposición aseguró durante el debate que presentará un nuevo recurso de reposición avanzando, incluso, la posibilidad de acudir al Tribunal de los Recursos Contractuales de Castilla y León.

Por su parte, el equipo de Gobierno defendió la viabilidad y necesidad del proyecto para garantizar y optimizar la gestión del suministro y saneamiento del agua en el municipio durante el próximo cuarto de siglo. Tal como indicó la edil socialista, Soledad Iglesias, y posteriormente el propio alcalde, Jesús Cedazo, la concesión del servicio de aguas de la villa redundará en una mejora en su calidad y su eficiencia garantizando, además, un cánon anual al Ayuntamiento que en los 25 años rondará los 4 millones de euros. Todo ello sumado a las inversiones iniciales obligatorias que la empresa adjudicataria debe llevar a cabo durante los primeros ejercicios que superan los 2 millones de euros.

Sin embargo, en su turno de palabra, el concejal popular, José Antonio de Miguel, afeó al equipo de Gobierno que precisamente «unos ediles socialistas estén privatizando un servicio que, por otra parte, y tras ser rescatado por el grupo popular cuando gobernaba hace 14 años, funciona a las mil maravillas». Además, continuó, «se nos dice en un informe que justifica la necesidad de privatizar el servicio que el Ayuntamiento no cuenta con los medios necesarios para llevarlo a cabo pero, sin embargo, ponemos a disposición de la empresa adjudicataria todos los medios de los que disponemos. La empresa no tiene que poner nada. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Tenemos medios o no tenemos?», se preguntó el popular que volvió a cuestionar la necesidad de la privatización.

Además, De Miguel también quiso recordar a los vecinos que en enero de 2024 el recibo del agua «ha subido un 17%», en su opinión, dejando las cosas ya preparadas a la adjudicataria que, evidentemente, «es una empresa y está para ganar dinero no para llenar las arcas de ningún ayuntamiento».

Sin embargo, Cedazo salió al paso recordando la urgencia de modernizar la red adnamantina. Y es que la postura del equipo de Gobierno parte de la incapacidad técnica y financiera del Ayuntamiento para asumir de forma directa un volumen de obras estimado en más de 2,3 millones de euros para la mejora de canalizaciones y depósitos. Con ello, Cedazo argumentó que la concesión a una empresa especializada es la única fórmula factible para atajar las cuantiosas pérdidas de agua en la red, resolver los problemas de obsolescencia de las infraestructuras y cumplir los estándares normativos sin comprometer la liquidez municipal.

Tal y como defendió el alcalde frente a las críticas y recursos de la oposición, la externalización no supone una pérdida de soberanía municipal, ya que el Consistorio mantiene la titularidad pública del recurso, la potestad inspectora y la regulación de las tarifas a través de las ordenanzas fiscales. El modelo propuesto busca garantizar la continuidad del suministro, digitalizar el servicio mediante contadores inteligentes y asegurar la inversión necesaria que el Ayuntamiento no podría financiar con recursos propios.