La Diputación acata la norma y sube el precio en las residencias un 3,5%

El pleno de la Diputación de Soria, celebrado este viernes, aprobó la derogación de los precios públicos relativos a Servicios Sociales para sustituirlos por una Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa, además de actualizar las tarifas de las residencias provinciales que se incrementan un 3,5%. La medida salió adelante con los votos a favor del Partido Popular y Vox, y la abstención del grupo socialista.

Este cambio afecta directamente a las plazas que la institución gestiona en alojamiento y atención integral en residencias para personas mayores, centros asistenciales y en el centro ocupacional dependiente, así como a los servicios prestados en plazas concertadas.

Según argumentó el presidente de la Diputación, Benito Serrano, esta modificación responde a una propuesta del departamento de Tesorería con el fin de adaptar los servicios provinciales al marco jurídico vigente. El cambio se fundamenta en una sentencia del Tribunal Supremo que establece como doctrina jurisprudencial que la naturaleza del copago en la atención a la dependencia debe considerarse una tasa amparada por el principio de reserva de ley.

Durante la sesión se dio luz verde a la subida de las tarifas de las residencias en función del incremento de las pensiones (un 3,5%), lo que se traduce en un aumento de entre 70 céntimos y 1,5 euros por día. Asimismo, se introdujeron modificaciones de cara a los próximos años: mientras que hasta 2026 las tipologías de plaza eran tres (válido, asistido y centro de día), a partir de 2027 se incorporará una nueva categoría específica para grandes dependientes, cuyo coste se ha fijado en 50 euros diarios.

Por su parte, el PSOE justificó su abstención señalando que la adaptación legal no debe servir de excusa para modificar las condiciones económicas sin un análisis riguroso de su impacto. La portavoz socialista, Esther Pérez, aseveró que «una cosa es adaptar la normativa a la jurisprudencia y otra muy distinta es aprovechar esa adaptación para modificar las condiciones económicas que afectan a las personas residentes». Pérez defendió el carácter público de las residencias y recordó que su finalidad no es obtener beneficios, sino prestar un servicio esencial en una provincia caracterizada por el envejecimiento y la dispersión demográfica.

En respuesta a estas valoraciones, el presidente Benito Serrano quiso recalcar el firme compromiso de la institución con los servicios sociales y, en especial, con las residencias provinciales, las cuales soportan anualmente un déficit cercano a los seis millones de euros para garantizar la calidad en la atención.

El pleno también aprobó aplicar el cambio de precio público a tasa en el servicio de ayuda a domicilio, así como en los servicios de lavandería y comida a domicilio (incluyendo estas dos últimas modalidades de cara a su futura puesta en marcha).

Desde el equipo de Gobierno se destacó que la ayuda a domicilio atiende actualmente a unas 1.200 personas sin listas de espera y que esta modificación administrativa no supondrá ningún incremento en la prestación para los usuarios.

Por su parte, el PSOE puso el foco en la necesidad de proteger a quienes requieren estos apoyos para continuar viviendo en sus hogares, mostrando especial preocupación por la aplicación provisional del 65% del coste del servicio cuando no se puedan verificar los datos económicos del usuario, y reclamando garantías para evitar cargas desproporcionadas.

En clave municipal: Gormaz

En clave municipal, la Corporación provincial dio el visto bueno por unanimidad a la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Gormaz para modificar su modelo de gobierno y administración local. La propuesta, respaldada previamente por un informe favorable del departamento de Asistencia Técnica a Municipios (ATM), continuará ahora su tramitación ante la Junta de Castilla y León para recibir la autorización definitiva.

La decisión administrativa respalda el acuerdo alcanzado por la Asamblea vecinal de Gormaz -aprobado de forma unánime con 15 votos favorables- para extinguir el histórico sistema de Concejo Abierto y pasar al régimen municipal ordinario, lo que implicará la futura elección directa de concejales y la formación de una Corporación tradicional.

En relación a este asunto, la portavoz socialista, Esther Pérez, defendió el pleno respeto a la autonomía municipal: «El Concejo Abierto es un modelo legítimo de democracia participativa, pero es igualmente respetable que una población decida readaptar su estructura representativa a sus necesidades organizativas actuales».

Durante la sesión plenaria también se dio cuenta del informe de Intervención sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad, regla de gasto y límite de deuda correspondientes al segundo y tercer trimestre de 2026.

Para concluir el pleno, la Corporación provincial guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del trágico accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) el pasado 28 de octubre, trasladando un mensaje de solidaridad a los heridos y a sus familias en nombre de todos los sorianos.