La Junta llama a la "tranquilidad" con la prioridad nacional y garantiza que se aplicará con "informes jurídicos"

El portavoz de la Junta y consejero en funciones de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, mandó un mensaje de "tranquilidad" a la ciudadanía con el concepto de la prioridad nacional, vinculada al arraigo, de forma que los informes jurídicos serán la "salvaguarda" para poder acceder a determinadas convocatorias de ayudas públicas.

"Nosotros apoyamos un arraigo, verificable y duradero de nuestros ciudadanos", remarcó Carriedo, en la misma línea que se pronunció Alfonso Fernández Mañueco, presidente en funciones de la Junta, tras cerrar el pacto con VOX. En esta línea, aseveró que el concepto de "prioridad nacional" se construye "conforme a la ley", de forma que el acuerdo está sustentando en la "libertad, igualdad real, progreso y unidad de España".

Asimismo, el consejero portavoz sostuvo que el pacto recoge “principios básicos” de los derechos humanos para las personas que residan de forma “legal” en la Comunidad. Por tanto, aclaró que la ayuda humanitaria está garantizada porque se enmarca dentro de los “supuestos de urgencia vital”, a los que alude el acuerdo sellado con Vox, y agregó que se irá viendo “caso a caso” como se aplica este precepto, si bien apuntó que la Junta quiere “apoyar” a todas las personas que vengan de forma “ordenada”, “legal” y a contribuir a la sociedad.

Igualmente, sobre las ayudas a las ONG's que puedan ser acusadas de favorecer una inmigración irregular, Fernández Carriedo manifestó que es una “misión” de cualquier administración “luchar” contra un comportamiento “ilegal”, que pueda constituir un delito como el de tráfico de personas. Por ello, justificó que no colaboren con entidades que actúen de forma contraria a la legislación, si bien apostilló que no conocía “ninguna” que lo hiciera. “Las ONG conocen la ley y saben cumplirla. Las que lo hagan pueden tener la total seguridad y garantía de que vamos a contar con su opinión”, afirmó.

Otro de los aspectos sobre los que el consejero portavoz se pronunció fue la acogida de menores migrantes no acompañados (menas) y la realización de pruebas que permitan verificar su edad. Sobre ello, asumió que la Junta no tiene competencias en materia de justifica, si bien insistió en que eso no impide poder “colaborar”, “informar” o “estar a disposición” de la propia Administración de Justicia para “impulsar” o “iniciar” alguna actividad “Estamos hablando de cumplir la ley”, dijo para añadir que a nadie le debe dar “miedo” el acceso a la información pública, porque es la mejor forma de combatir la “desinformación”.

El portavoz de la Junta en funciones señaló, además, que el objetivo es garantizar a todas las personas que están en condiciones de legalidad y recordó que el Consejo Económico y Social señaló la necesidad de tener más población para contribuir al crecimiento económico. Por ello, apostó por centrarse en las personas inmigrantes en situación legal que trabajan y por luchar contra "cualquier procedimiento ilegal y contra las mafias de tráfico de personas".

Respecto a la posible exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales a quienes se encuentren en situación irregular salvo en supuestos de urgencia vital, Carriedo manifestó que se verá "caso a caso", pero reiteró como principio general "el cumplimiento de la ley".