Polémica
PP y PSOE recrudecen su batalla por la trasparencia municipal
Unos piden "auxilio" al Procurador del Común y otros advierten que sus estándares son óptimos
El PP denunció trabas para acceder al contrato de la plaza de toros.-Valentín Guisande
El PP comunicó ayer que ha remitido «escrito de queja y reclamación» al Procurador del Común de Castilla y León «solicitando su auxilio» en relación con lo que consideran «comportamiento obstructivo y opaco» mostrado, a su juicio, tanto por el alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, como por parte de su equipo de Gobierno «al negarse de manera constante a proporcionar la información y documentación que a lo largo de esta legislatura ha solicitado el grupo municipal popular», que asegura se han «ignorado nuestras peticiones», poniendo con ello «un obstáculo a la trasparencia, del que los ciudadanos de Soria son los primeros y principales perjudicados».
Los populares señalaron, como alguno de los aspectos pendientes, las cuentas de la empresa mixta del agua, por si pudiese ser abusivo el concepto de consumo mínimo, los informes del interventor sobre el modificado del mercado, los valores no ejecutados «por si se hubiesen condonado algunos», o los datos relativos al contrato de la plaza de toros.
«No nos han contestado ni a la solicitud», desveló Adolfo Sainz, en calidad de portavoz de los siete ediles populares en el Ayuntamiento de Soria, recordando que tienen la obligación de «controlar» y de que no se conculquen los derechos fundamentales a recibir información «porque con la vulneración se hace un flaco favor a la ciudadanía», resumió Sainz, que también mostró su esperanza de que el Procurador del Común pueda atender «cuanto antes, a pesar de las fechas, porque suele ser rápido» la reclamación interpuesta y presentada por registro municipal para conocimiento detallada por parte también del alcalde.
Por su parte, fuentes del equipo de Gobierno municipal rechazaron de plano las imputaciones populares y recordaron que el Ayuntamiento de Soria acredita «un diez de diez» en materia de gestión municipal y transparencia «otorgado por un organismo internacional independiente».
Asimismo, quisieron recordar el uso ineficaz que, en su opinión, el PP está haciendo del concejal liberado que «por primera vez» detentan «razón por la que tendría que dedicar el tiempo suficiente que esto exige en favor del Ayuntamiento de Soria», algo que, apuntaron, no sucede «porque el tiempo que dedica a la gestión es mínimo».
Por otra parte, insistieron en que el acceso a la información «está más que garantizado», defendiendo que el único interés que persigue el PP es «el de buscar la paralización del Ayuntamiento», incrementando el exigente volumen de trabajo que soportan los técnicos municipales «que no se pueden dedicar única y exclusivamente a hacer el trabajo que no quieren hacer ni el concejal liberado ni el administrativo que también tienen».
Por todo ello advirtieron que en os distintas plataformas y recursos telemáticos con los que cuenta el Ayuntamiento contienen información útil y precisa para poder ejercer una buena política de control y fiscalización, pudiendo revisar también toda clase de facturas «y es que no podemos dárselo todo masticado».
De igual modo quisieron recordar «el compromiso y la defensa que hacemos de la trasparencia y del libre acceso a la información, pero no solo para los miembros del PP, también para cualquier ciudadano que quiera solicitar cualquier tipo de consulta», con la lógica cortapisa implícita en la Ley de Protección de Datos.
Ahora solo queda esperar ver qué tipo de determinación emite el Procurador del Común mientras el rigor de la batalla por la trasparencia vuelve a su punto más álgido.