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El Ayuntamiento de Soria no tendrá que devolver a los vecinos el aumento del IBI

Muñoz explica que la aclaración de la sentencia pedida al TSJCyL confirma que se anula la modificación por un defecto formal pero no afecta a lo ya cobrado al no ser retroactiva

Primer pleno ordinario de la legislatura en el Ayuntamiento de Soria.

Primer pleno ordinario de la legislatura en el Ayuntamiento de Soria.Gonzalo Monteseguro

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El Ayuntamiento de Soria no tendrá que devolver el aumento del Impuesto de Bienes Inmuebles, IBI, que aprobó en 2021 para el cobro de 2022. El concejal de Hacienda, Javier Muñoz, señala que la aclaración solicitada al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, TSJCyL, sobre la sentencia por la que anulaba la modificación en la que se recogía el alza del impuesto, pone de manifiesto que dicha anulación se basa en un defecto formal –que durante unas horas no estuvo expuesta en el tablón de anuncios del Consistorio–, pero no cuestiona el incremento del tipo, de un 2,5% más.

A ello se une que el fallo se produjo en marzo de 2023, por lo tanto una vez que ya se habían girado todos los recibos del IBI del año 2022, y la sentencia «no tiene carácter retroactivo», por lo tanto, todo se queda como está.

Incluso el cobro del IBI en el presente ejercicio, puesto que ya no se rige por la modificación aprobada en 2021 sino por la nueva ordenanza a la que se dio el visto bueno en diciembre de 2022 para fijar criterios de cara al presente ejercicio. «No se cambió el tipo, que sigue siendo el mismo que el año anterior, pero sí hubo modificaciones como por ejemplo las bonificaciones a las familias numerosas, y por lo tanto se trata de otra ordenanza», apuntó Muñoz, quien matizó que esa «no la ha recurrido nadie».

La anterior, objeto de la polémica, fue recurrida por la patronal FOES y por el entonces grupo municipal de Ciudadanos. «Se agarraron a que no había cumplido la exposición pública durante unas horas para tumbar la modificación», añadió el concejal, pero la aclaración de sentencia solicitada por el Ayuntamiento pone de relieve que «no afecta al fondo de la cuestión».

Fue el alcalde de Soria, Carlos Martínez, quien manifestó al pleno, el primero ordinario de la nueva legislatura, que dicha aclaración había llegado al Ayuntamiento el pasado miércoles. «No se habla nunca de reliquidación ni devolución a las familias. Por ese error formal, la sentencia no obliga a devolver esos cinco o siete euros en la cuota media del recibo», aseguró el regidor, quien quiso dejar constancia de que la capital se encuentra entre las ciudades con menor pago de IBI, que ronda una media de 279 euros, «de las más baratas».

Contestó así al portavoz de Vox, Fernando Castillo, que se estrenaba ayer en el pleno municipal tras ser la primera vez que el partido verde entra en el Ayuntamiento, y que utilizó el punto de ruegos y preguntas para cuestionar «cuándo se devolverá el dinero ilegalmente recaudado». «Léase la sentencia», le recomendó Martínez.

Fue precisamente una moción de Vox para que se retirarse la bandera LGTBI del balcón del Ayuntamiento la que motivó la celebración del pleno, que inicialmente no estaba previsto puesto que las comisiones municipales se constituyeron el pasado miércoles.

La moción fue rechazada con los votos en contra del PSOE y del PP, por lo que la pancarta seguirá en el mismo sitio. «Una bandera del colectivo LGTBI no desafía la oficialidad de ninguna otra bandera, salvo que se quiera hacer ideología de la orientación sexual, tampoco lo hace un faldón de Semana Santa. Es un símbolo, no de un partido concreto, y estar en contra de él es ir en contra del principio de igualdad y no discriminación», manifestó la portavoz popular, Belén Izquierdo, también en su primera intervención en una sesión plenaria ordinaria.

El argumetario de Vox se basó en pedir «la no utilización de banderas no oficiales en el exterior de la fachada del Ayuntamiento, ya que varias sentencias judiciales señalan que su exhibición en edificios públicos va contra el deber de objetividad y neutralidad de las Administraciones Públicas», defendiendo que la bandera española ya representa a todos «sin distinción». «Supone una privatización del espacio público de uso común», según Vox, quien añadió que «ciertos lobbies que lo único que buscan es recaudar dinero y ganar poder para ideologizar a la sociedad y espancir la ideología de género. Y cuando hablan que de intentamos quitarles derechos, lo que queremos es quitarles privilegios», continuó. Para terminar, afirmó que «desde el punto de vista legal no es necesario que esté colocada esta bandera, y desde el punto de vista ideológico, reiteramos que este colectivo LGTBI difunde una ideología que atenta claramente contra la mujer».

Por su parte, el concejal socialista Éder García afeó a Vox que su primera intervención en el pleno no sea para cuestiones que realmente afectan a la ciudadanía. Destacó el orgullo de ser español y de su bandera, por cuanto «España es de los primeros del mundo en defender al colectivo LGTBI», y rechazó la «victimización» de la que acusó Vox a sus miembros. «Está en la parra y no le llega las situaciones que ocurren», recordándole al portavoz del partido verde los insultos que reciben por el mero hecho de su orientación sexual, algo que ha sufrido en primera persona, trasladó al pleno, visiblemente afectado.

García, que agradeció el voto en contra del PP, le instó a seguir esa política en los pactos que está acordando con Vox. «Hay que predicar y dar trigo», recriminó.

Por otro lado, Vox también interpeló por las motivaciones del aumento de percepciones del personal eventual en el Ayuntamiento. «Las mismas que para su nómina de 53.000 euros», le respondió el alcalde a Castillo, en referencia a su liberación, «la voluntad política de los grupos presentes».

El pleno comenzó con la petición de Vox de un minuto de silencio por los 26 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco, y Martínez – «empezamos bien...»– tuvo que explicarles el funcionamiento del pleno ya que estas cuestiones se plantean con antelación en junta de portavoces, por lo que fueron necesarios cinco minutos de receso para acordarse entre los portavoces.

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