Serrano sostiene que la sentencia del TSJCyL sobre el recurso socialista era "esperada"

Dice el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que la forma de contar votos en los municipios de menos de cien habitantes, los objeto del litigio para la constitución de la Diputación, «resultará de dividir la suma de los votos obtenidos por cada uno de sus componentes entre el número de candidatos que formaba la correspondiente lista hasta un máximo de dos». Zanza así la disputa abierta respecto a la distribución de diputados planteada por el PSOE, que considera que le corresponden 13 diputados según su tesis de contar votos, dividiéndolos entre tres, por que son los aspirantes que pueden presentarse en estos pequeños núcleos, aunque los ciudadanos únicamente eligen a dos.

Con este fundamento, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha resuelto el recurso presentado por los socialistas a favor del PP y le otorga la Diputación provincial, apoyando su tesis de conteo de votos tanto en la circunscripción de la capital, donde los populares obtienen así siete diputados, los mismos que el PSOE, y en la de Almazán, que da tres a los populares y dos a los socialistas. En El Burgo de Osma no había disyuntiva porque la balanza se inclinaba claramente hacia los de Feijóo.

El tribunal sostiene, por tanto, que la representación en los pueblos de menos de cien habitantes ha de obtenerse de sumar los votos de los tres candidatos que pueden presentarse como máximo dividiéndolos entre dos, y no entre tres que reclamaba el PSOE. Todo ello en virtud de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, LOREG.

«Este Tribunal considera ajustado a derecho el acuerdo de proclamación impugnado por considerar que el criterio interpretativo acogido tanto por la Junta Electoral de Zona como por la Central, no sólo no es arbritrario ni injustificado sino todo lo contrario, respeta el principio democrático del valor del voto obtenido y a tener en cuenta por cada candidatura en aplicación lógica y sistemática del artículo 205.2 en relación con el artículo 184 de la LOREG, donde para los municipios de hasta cien residentes no sólo se contemplan listas con un máximo de tres nombres sino que además no son listas cerrada desde el momento en que cada elector podrá dar su voto a un máximo de dos de entre los candidatos proclamados», señala la sentencia, que añade que de este modo, «el criterio respeta el derecho de todos los candidatos a acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos».

Matiza que de seguir la tesis que plantea el PSOE, supondría «que el voto emitido tuviera un valor inferior al que corresponde para los municipios de mas de 101 residentes». En ese sentido, «no se trata de que exista una laguna leal o falta de claridad de la norma, sino lo que se exige para preservar los derechos constitucionales al sufragio es una interpretación lógico y sistemática», ya que de otro modo, puntualiza, «se llevaría al absurdo».

Asimismo, el fallo del TSJCyL –contra el que únicamente cabe recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en el plazo de tres días desde la notificación– hace mención a la sentencia del Superior de Aragón de 2019 en que los socialistas se apoyaba, y asegura que no comparte las conclusiones, matizando que «llama la atención» que el PSOE sostuviera en dicha ocasión una postura contraria a la actual, puesto que entonces reclamaban los socialistas dividir los votos entre tres y no entre dos.

La sentencia del Superior de Castilla y León llega apenas dos semanas después de que el PSOE presentara el recurso, tiempo en el que decretó, mediante un auto, la suspensión cautelarísima de la constitución de la Diputación, prevista inicialmente para el 7 de julio.

Desde el PP, su presidente provincial, Benito Serrano, que siempre se ha postulado para continuar como presidente de la institución, reconoció ayer que era «una sentencia esperada». «No creo que sea el PP el que haya ganado, sino la gente y los gobiernos de los pueblos de menos de cien habitantes, a los que se garantiza que no son dirigidos desde la Diputación o con gestoras». Serrano apuntó que con la postura de los socialistas «se perdía un tercio de la representatividad de estos pueblos», defendiendo el presidente del PP que «vale igual un voto de un vecino que viva aquí que otro en otro pueblo, no hay ciudadanos de primera o de segunda».

Al respecto de la repercusión que esta sentencia pueda tener para el PSOE de Soria pensando en las próximas elecciones, Serrano opinó que «sí les puede afectar», por lo que consideró un «enrocamiento» de los socialistas «de intentar cambiar las reglas del juego con el partido empezado».

Dicho esto, lanzó un mensaje de «mano tendida al PSOE para trabajar juntos». «Hay que saber perder pero también hay que saber ganar», afirmó, y dijo que «la Diputación tiene que trabajar codo con codo con el Ayuntamiento de Soria, aprovechando también que el alcalde –Carlos Martínez– va a ser diputado».

Por su parte, el PSOE anunció que ya piensa en acudir al Tribunal Constitucional, como ya había adelantado su secretario provincial, Luis Rey, indicando que llegarían hasta esta instancia.

El secretario de Organización, Javier Muñoz, aseguró que «desde el PSOE de Soria, como no puede ser de otra manera, se respeta la decisión de este órgano, aunque no se comparte su criterio en vista a los informes jurídicos con los que hemos venido trabajando».

Recuerda el fallo del Tribunal Superior de Aragón y asegura que «alguna sentencia previa compartía la tesis esgrimida desde el Partido Socialista de Soria, por lo que no vamos esta batalla por pérdida para dotar de la mayor representatividad posible al proyecto socialista, tras ser el partido más votado en la provincia en las pasadas elecciones municipales del 28 de mayo, y recoger así la voluntad de cambio en la administración provincial que trasladó la ciudadanía de la provincia de forma mayoritaria».

Por ello, desde el PSOE de Soria estudian ya la posibilidad de presentar recurso ante el Tribunal Constitucional en el plazo de tres días que marca la ley.

«Pedimos el máximo respeto tanto a los representantes institucionales como a los órganos judiciales, y recordamos e insistimos en que ésta no es una lucha por sillones, sino por llevar adelante el proyecto que la provincia merece tras cuatro años de inacción y falta de rumbo en la Diputación de Soria», concluye Muñoz.

Por otro lado, los plazos marcan que en cinco días desde el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia ha de constituirse la Diputación Provincial, por lo que, tal y como avanzó el presidente provincial del PP, y aspirante a repetir como presidente de la institución, Benito Serrano, debería ser «en torno a finales de la semana que viene». Indicó que el lunes se reunirá con el secretario de la Diputación para concretar plazos. «Hay que tener en cuenta que la convocatoria ha de hacerse con 48 horas de antelación», explicó.

En este caso no afectará el hecho de que el PSOE presente finalmente un recurso ante el Tribunal Constitucional ya que en ese supuesto no se contemplan medidas cautelares, como sí ocurrió en el caso del Superior, que de hecho suspendió la constitución hasta resolver el recurso presentado por el PSOE. Inicialmente estaba previsto que la institución proclamara a sus diputados el 7 de julio, pero la suspensión cautelar lo impidió.

Respecto a la composición de la comisiones y la distribución de los diputados en el organigrama, reconoció que ya tiene «una estructura mental» pero nada decidido, «hay que sentarse tranquilamente», añadió.