El Soria Norte se enreda con un recurso por baja temeraria

A mediados de junio la Junta lanzó, tras varios años de espera, el contrato para la redacción del proyecto del centro de salud Soria Norte. Era el primer paso de un camino que concluirá con la construcción de la nueva infraestructura sanitaria. Sin embargo, el proceso de contratación se ha enrevesado y ahora mismo está en situación de bloqueo tras la presentación de un recurso presentado ante el Tribunal de Recursos Contractuales de Castilla y León (Tarcyl) por una de las licitadoras por considerar «anormalmente baja» la oferta que había sido designada para la adjudicación.

Los procesos de licitación y adjudicación de los contratos públicos son siempre complejos y en ocasiones se dilatan más de lo esperado. En el caso del Soria Norte ya han pasado más de seis meses desde su publicación y cuando estaba ya todo encaminado a la adjudicación, se ha vuelto a frenar. El contrato hacía referencia a la «redacción del proyecto básico y de ejecución, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud del Centro de Salud de Soria Norte» por 332.750 euros.

Según informó la Junta cuando lanzó el contrato «una vez realizada la selección del adjudicatario, este deberá realizar en el plazo de dos meses, desde la formalización del contrato, el levantamiento topográfico y proyecto básico correspondiente, que se estima el 1 de septiembre de 2023» . Además, explicaba que «con posterioridad, y en un plazo adicional de cuatro meses a contar desde la supervisión favorable del proyecto básico, se deberá elaborar el proyecto de ejecución, proyectos específicos de instalaciones, estudio de seguridad y salud, proyecto de gestión de residuos y estudio acústico, que serán la base de la licitación del expediente de obras».

Esos plazos, evidentemente, no se han cumplido. Tal y como informó este medio al concurso público se presentaron 7 ofertas y ya se tardó un poco más de la cuenta en el análisis de las propuestas por dos propuestas «anormalmente bajas» lo que antes se conocía como baja temeraria. A finales de diciembre por fin se procedió a la adjudicación provisional a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por María Isabel Jiménez y María de la O García, según consta en la plataforma de Contratación del Estado. Los trabajos supondrán un coste de 200.000 euros.

Esta UTE era de las que había incurrido en posible baja temeraria, aunque tras la documentación presentada pudo «acreditar y justificar la viabilidad de su oferta», según la documentación publicada en la Plataforma de Contratación. La otra oferta no lo hizo. Esto abría paso a la adjudicación, pero el proceso ha vuelto a frenar por el citado recurso.

El recurso está presentado por la firma Itau, Arquitectura, Ingeniería y Urbanismo –que es la tercera propuesta mejor valorada tras las dos bajas temerarias– y está enfocado contra la decisión de dar por válida la oferta y además pide la suspensión cautelar del procedimiento hasta la resolución del recurso.

Itau cuestiona en su escrito ante el Tarcyl el ahorro que permite el procedimiento de ejecución propuesto por la UTE ‘adjudicataria’, las soluciones técnicas y las condiciones «excepcionalmente favorables» aludidas, la supuesta innovación y originalidad de la propuesta y «el respeto a las obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o laboral».

La empresa asegura, entre otras cuestiones, que los precios propuestos por la UTE adjudicataria «no tienen justificación» y recuerda que en el propio informe se observa que «no se pueden considerar unas ventajas objetivas diferenciadoras al resto de licitadores» en referencia a las soluciones técnicas propuestas. A modo de resumen desde Itau inciden en que «los precios anormalmente bajos con bajas iguales o superiores al 40% sin concretar ningún tipo de metodología extraordinaria, en un proyecto que implica la participación de agentes especializados, ponen en riesgo la correcta realización del servicio profesional ofertado». También consideran que «suponen una amenaza para el desarrollo digno de nuestra profesión, que deberían ser evitadas desde la Administración».

La firma insiste en la necesidad de «respetar» los criterios establecidos en el pliego y más aún en este caso, a su juicio, ya que «no se dan» ejemplos «demostrables de que haya «ventajas o innovación» en las soluciones propuestas. Por todo ello, reclaman al Tarcyl que «tenga en cuenta nuestras alegaciones y que se mantengan las condiciones señaladas en las bases para la eliminación de las ofertas anormalmente bajas ya que no aportan, tal y como se recoge en el informe técnico, ninguna ventaja objetiva diferenciadora con respecto al resto de licitadores para que se admitidas». Insisten en que tampoco «se justifican los costes anormalmente bajos para un trabajo que exige unos profesionales con alta capacitación».