Domus presenta un proyecto para tirar la quinta planta y paga los 150.000 euros

La polémica de la quinta planta en el edificio de Pajaritos II construido por Domus Nebrija se aproxima, aparentemente, a su resolución definitiva. Han pasado dos años y cinco meses desde que se destapara, en el Pleno de octubre de 2022, la construcción de un piso por encima de la licencia permitida por el Ayuntamiento de Soria. Tras dos sentencias condenatorias en primera instancia y su confirmación por el Tribunal Superior de Justicia la vía judicial se acaba. Las resoluciones son firmes y Domus ya ha dado los primeros pasos para cumplirlas. Primero, el pasado 19 de febrero, pagando los 150.000 euros de multa impuestos por el Ayuntamiento. Segundo, presentando un proyecto para derribar la quinta planta, tal y como ordenó el Juzgado, y que está pendiente de supervisión por parte de los técnicos municipales.

Una polémica que ha enfrentado a PSOE y PP en el Ayuntamiento de Soria –también a Cs en la anterior legislatura– y que ayer escribió un nuevo capítulo. El primer acto, para los populares. Su portavoz, Belén Izquierdo, y el concejal Saturnino de Gregorio, comparecieron para desvelar la ausencia de recursos por parte de Domus y, por tanto, el paso a sentencia firme tanto de la resolución que avalaba la multa de 150.000 euros como de la que ordenaba, en el plazo de dos meses, el derribo de la planta. Una comparecencia en la que volvieron a pedir la dimisión del responsable de Urbanismo, Luis Rey, por una gestión que ha dejado «manchada» a la concejalía.

Apenas una hora después el turno correspondió para el portavoz del equipo de Gobierno, Javier Muñoz. El escenario, una comparecencia en la que se cuestionó el papel de De Gregorio en el Ayuntamiento de Golmayo donde ejerce de secretario, combinado con su cargo de concejal en el Ayuntamiento de Soria y diputado provincial. La respuesta sencilla y directa, cuestionado al PP porque, según desveló, la empresa ya ha pagado la multa y además ha presentado el proyecto de demolición de la célebre quinta planta. Ese documento está siendo supervisado por los técnicos municipales en aras a dar el ok para el desmontaje de toda la estructura por encima del forjado de la cuarta planta, tal y como está recogida en la sentencia.

«Una vez más la portavoz del PP, en lugar de hacer lo que le recomendamos, mete la pata reiteradamente», aseguró Muñoz incidiendo en que «lo último fue con el local de Los Royales y ahora, de nuevo, cuando se puede estar callado, se habla». En ese momento el portavoz socialista desvelaba que la empresa abonó la multa el pasado 19 de febrero y que el proyecto de demolición ya está en manos de los técnicos municipales. «Estamos ejecutando la sentencia en todas las vías», subrayaba. Muñoz ironizaba sobre las intenciones del PP en su comparecencia previa. «No sé si lo que pretenden es que vayamos los concejales a derribar la planta, pero deben entender que lleva sus trámites», comentó. «De facto, se está cumpliendo la sentencia, de nuevo el PP ha perdido una bonita oportunidad para callarse y no meter la pata», insistió.

Las críticas del PP iban más allá de los pasos para la ejecución de la sentencia. Izquierdo recordó como el proceso judicial se activó una vez que el Ayuntamiento, a través de una resolución de Alcaldía, dio «un giro de 180 grados» a sus propias decisiones revocando el derribo ordenado inicialmente. Por ese motivo considera que deben asumirse «responsabilidades políticas», y centra sus críticas en la figura de Luis Rey, responsable del área de Urbanismo. «Debe dimitir», aseguró reprochando al edil socialista una «gestión negligente» que «ha dejado manchada la concejalía de Urbanismo». De nuevo, la portavoz popular también dejaba un recado para el «alcalde a media jornada» que «se permite cuestionar otras administraciones cuando la suya está como está».

Para el PSOE la petición de dimisión irá a parar la mismo sitio que las cuatro anteriores. Al limbo. «De Gregorio tiene que preocuparse más por labor como técnico y político y no mirar tanto a los demás».

Ocupación y modificación

Tal y como está explicado, agotada la vía judicial de todo este procedimiento aún quedan dos aspectos administrativos por resolver. En primer lugar la ocupación de las viviendas. Hay vecinos desde finales de 2023 amparados por una declaración responsables y en espera de que el Ayuntamiento conceda la licencia de primera ocupación. De Gregorio volvió a denunciar esta situación irregular recordando además que haya hasta dos informes del Ayuntamiento solicitando nueva documentación a Domus. El PP recordó que hasta que no se derribe la quinta planta la licencia no puede ser otorgada y que si el Ayuntamiento da el paso, lo recurrirá.

Por su parte, Muñoz recordó que la situación es «perfectamente legal» y que «pueden seguir residiendo». «Igual lo que pretenden es que saquemos a los vecinos después del periplo que han pasado y que salgan de sus casas a no sé dónde», cuestionó el edil socialista.

El otro asunto por dilucidar es la modificación puntual número 32 del PGOU, precisamente la que permitió desvelar el asunto. A grandes rasgos, el cambio propuesto permitiría legalizar la quinta planta. Inicialmente se presentó en el Pleno de octubre del 2022 y fue retirada tras destaparse la quinta planta por la entonces concejales de Podemos, Marisa Muñoz, y la amenaza de denuncia de De Gregorio, entonces en Cs. El asunto volvió a Pleno en marzo de 2023 logrando la aprobación inicial con el respaldo del PSOE. Incluso, el documento salió a exposición pública y el PP presentó una batería de alegaciones, en torno al mes de junio de 2023. Desde ese momento el expediente está en el área de Urbanismo sin resolver esas alegaciones.

Los pasos a seguir serían la resolución de esas alegaciones, un nuevo paso por Pleno para la aprobación provisional y su traslado a la Junta para la aprobación definitiva. En todo caso, trámites que se extenderán lo suficiente para que la quinta planta haya sido derribada y el edificio se ajuste a la licencia concedida.