Justicia
El turno de oficio de Soria denuncia que trabaja «gratis» cuando se deniegan peticiones
Los abogados estiman que el alza del 8% de sus retribuciones es «insuficiente»

Abogados del turno de oficio con la bandera representativa en el palacio de los Condes de Gómara el año pasado.
El Consejo General de la Abogacía Española trabaja incansable por mejorar las condiciones de los abogados del turno de oficio que en muchas ocasiones trabajan «gratis», cuando se archiva la solicitud de justicia gratuita. Hacen el trabajo previo pero sin documentación del ‘cliente’ y sin justificantes no hay retribución al letrado.
Y eso está ocurriendo cada vez más, como reconocen en el Colegio Oficial de Abogados de Soria, donde aseguran que la burocracia complica todo este proceso, pues la solicitud exige la presentación de variada documentación como la fotocopia de la declaración de la Renta y patrimonio, certificado del catastro, otro de bases de cotización y vida laboral expedido por la Seguridad Social, en caso de trabajar por cuenta ajena, fotocopia de las 12 últimas nóminas, o fotocopia del contrato de arrendamiento y último recibo abonado de la vivienda alquilada, entre otros, y por citar algunos de los requisitos.
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La decana del Colegio de Abogados de Soria, Carmen Fernández, explica la situación con un ejemplo que cada vez es más cotidiano: «Acudes a asistir a un camionero búlgaro detenido, que no conoce el idioma y no dispone de la documentación. Acudes sin saber si te van a remunerar, a cualquier hora, con tu propio vehículo, a cualquier punto de la provincia, le asistes como abogado pero, ¿cómo formalizo si no dispone de la documentación? El expediente se archiva y entonces no cobras nada».
«La cantidad de burocracia» complica la resolución de la solicitud de justicia gratuita, y eso repercute en los abogados que ven que estas situaciones son cada vez más habituales cuando la Comisión que valora determina el archivo de las peticiones. Por eso, desde el Colegio de Abogados se reclama que se abonen esos servicios puesto que ya han sido prestados.
Algo similar ocurre con la exigencia de la mediación que ejercen los abogados de las distintas partes y que es imprescindible para la admisión de la demanda. Si la mediación es efectiva y el asunto no va más allá, el letrado tampoco cobra. «Se carga al abogado una tarea que en caso de funcionar la mediación no se le retribuye», denunció la decana, exigiendo igualmente que se solucione esta situación que además no afecta igual a profesionales de otras comunidades autónomas donde las competencias de Justicia ya están transferidas y no dependen del Ministerio.
Otro de los motivos por los que se deniega la justicia gratuita y que más se va repitiendo tiene que ver con los ingresos económicos del solicitante. El IPREM, Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, el índice de referencia en España utilizado para calcular el umbral de ingresos para acceder a diversas ayudas, prestaciones y beneficios sociales, se ha visto afectado por el incremento del salario mínimo interprofesional. «Es un contrasentido», afirmó la decana del Colegio de Abogados de Soria, pues se ha actualizado el sueldo mínimo pero no la Ley de Asistencia a Justicia Gratuita, por lo tanto, el riesgo que se corre es que muchos ya no tengan acceso por superar los umbrales. «Con la subida del IPREM se está dejando fuera a muchas familias. La cantidad de gente que necesita de nuestros servicios y no puede acceder a ellos. Somos un pilar básico para velar por los derechos y libertades de los ciudadanos», destacó Fernández sobre un servicio «vocacional», a dos días de que se celebre, el 11 de julio, el Día de la Justicia Gratuita, que el Colegio de Abogados conmemorará con el izado de bandera en el Palacio de Justicia y la lectura de un manifiesto. Entre sus reivindicaciones, un incremento de sus retribuciones ya que el aprobado del 8% lo consideran «insuficiente».
Por otro lado, mañana jueves se reúne la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Soria para dar resolución a la petición de amparo colegial solicitada por una abogada con embarazo de riesgo que fue expedientada por un juez de Soria por no acudir a la citación de un juicio, a pesar de que la letrada asegura que pidió un aplazamiento y justificó la solicitud. «El jueves se tomará la decisión sobre si se adopta el amparo colegial, y en caso de así sea, se procederá conforme a lo establecido en el Reglamento de Amparo Colegial aprobado por el Consejo General de la Abogacía Española en fecha 4 de junio de 2025», recalcó la decana del Colegio soriano.