AESA reclama a la Junta la solicitud para poder revisar el proyecto del ATI

Nuevo capítulo en el ‘culebrón’ del Aeroparque Tecnológico e Industrial (ATI) que promueve la Diputación provincial con el apoyo de la Junta de Castilla y León en el aeródromo de Garray. A través de una respuesta parlamentaria y, de forma contundente, el Gobierno central asegura que el desbloqueo de la tramitación del proyecto está en manos de la Junta. En esa contestación insiste en que se trata de una competencia autonómica y explica que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) está «a la espera» de que la Junta remita la solicitud que permita revisar el proyecto.

El Gobierno ofrece una única respuesta a dos cuestiones planteadas por el senador del PP por la provincia de Soria, José Manuel Hernando. El parlamentario preguntaba por la situación en la que se encuentra el proyecto de ampliación del aeródromo de Garray y añadía una segunda pregunta: «¿Por qué motivo se está retrasando, por parte de AESA, la tramitación de las autorizaciones para ejecutar el proyecto de ampliación del aeródromo de Garray?». Esta segunda cuestión ahonda en la postura que mantiene la Diputación que en repetidas ocasiones ha señalado a AESA, y al Gobierno, como culpables del retraso en el proyecto. Sin embargo, la respuesta del Ejecutivo apunta a la responsabilidad de la Junta porque, según defiende, es quién ostenta la competencia.

En primer lugar desde el Gobierno, en la respuesta fechada el 29 de diciembre, se hace alusión a un informe de la Abogacía del Estado del 30 de octubre de 2024 al que en su momento también se refirió el PSOE de Soria. En ese documento «se indicaba que la competencia para la autorización de aeródromos de uso restringido y de sus cambios y ampliaciones es de las Comunidades Autónomas que la hayan asumido en sus estatutos de autonomía.

Abundando en este sentido se recoge otra observación de dicho informe en el que se explica que «la competencia que tiene asumida como propia una Administración o un ente público es irrenunciable, de acuerdo con el artículo 8.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, LRJSP), que prevé, en su párrafo primero, que ‘la competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se efectúen en los términos previstos en ésta u otras leyes’, por lo que una Administración no puede abdicar el ejercicio de una competencia de su titularidad».

La respuesta del Gobierno además asegura que la Comunidad Autónoma de Castilla y León «asumió estas competencias mediante la Ley Orgánica 14/2007 de 30 de noviembre de reforma del Estatuto de Autonomía, artículos 70 y 76, por lo que «es la Junta quien debe autorizar la ampliación del aeródromo de Garray».

Bajo este contexto y justificando que la competencia es del a Comunidad, el Gobierno explica que el pasado 3 de junio remitió el expediente a la Junta «para que pudiera continuar la tramitación por los cauces legalmente establecidos». «AESA, dentro de sus competencias, ha realizado todos los trámites y análisis técnicos necesarios para continuar el proceso emitiendo los requisitos que debe cumplir la instalación para operar aeronaves de clave de referencia 3C, con una envergadura de entre 24 y 36 metros, que son las que se prevé que operen en el aeródromo». «Por lo tanto, la continuidad del procedimiento depende de la Junta de Castilla y León, que es la autoridad encargada de autorizar el establecimiento, las modificaciones y la apertura al tráfico de este tipo de aeródromos», remarca.

Para finalizar, el Gobierno revela que AESA «está a la espera» de que la Junta «como administración autonómica competente para tramitar y resolver este tipo de solicitudes» presente formalmente «la solicitud para revisar si el proyecto modificado cumple esas exigencias técnicas».

De la información aportada por el Gobierno se desprende que AESA hizo un primer informe explicando los requisitos y características que debe tener la instalación, y que ahora, según la versión del Gobierno, es la Junta la que debe remitir de nuevo el proyecto cumpliendo esos requisitos para ser validado por AESA. Esa revisión por parte de la autoridad en seguridad aérea permitiría a la Junta aprobar el proyecto.

Competencia

Mientras el Gobierno, y AESA, dan por transferida la competencia y por tanto, la responsabilidad sobre la aprobación del proyecto de ampliación del aeródromo y el desbloqueo del ATI, desde la Junta insisten en que debe formalizarse ese traspaso. Así lo verbalizó el consejero de Movilidad, José Luis Sanz Merino, durante una visita a Soria el pasado mes de octubre, donde reclamó «que el Consejo de Ministros apruebe el Real Decreto de Traspasos, tal y como viene recogido en la Constitución». En este sentido, insistía en que «tiene que celebrarse la comisión mixta de Transferencias como paso previo a la aprobación del Real Decreto». Un encuentro, recordó, que «ha sido solicitado por parte de la Consejería».

En este punto, el representante regional puso sobre la mesa que «el traspaso de competencias y servicios en el Estado español está regulado en la Constitución de manera que hay que hacerlo a través de un Real Decreto de Traspasos. Y esto no es una opinión, en el caso de Aragón, que lo pongo de ejemplo porque son vecinos, se ha hecho ya», explicó.

Precisamente, Sanz Merino reconocía que «aceptamos la competencia ya que estamos hablando de la gestión, por ejemplo, de la pléyade de helicópteros de prevención de incendios forestales y sanitarios, pero por mucha voluntad que tengamos aún no se ha realizado el traspaso de esa competencia por lo que no podemos asumirla».

En este mismo sentido se manifestaba hace escasos días el propio presidente de la Diputación provincial, Benito Serrano en el transcurso del Pleno celebrado hace unos días con motivo de la aprobación del presupuesto de la institución provincial para el 2026.

Serrano señaló a otras administraciones como responsables de la paralización, de la que no saldrá hasta que no se convoque la comisión de transferencias o AESA dé el visto bueno para iniciar las obras, «estamos parados hasta que el Gobierno resuelva».