La Junta reclama dinero y personal para asumir la competencia del aeródromo

La ampliación del aeródromo, y por tanto, el desarrollo del Aeroparque Tecnológico e Industrial está empantanado en una cuestión competencial. Si el Gobierno, a través de una respuesta parlamentaria, apuntaba que correspondía a la Junta la responsabilidad de desbloquear la tramitación, el Ejecutivo autonómico respondía ayer que asumirá la competencia siempre y cuando venga acompañada de financiación y recursos humanos, como ha ocurrido en otros traspasos. La Junta insistía en que mientras eso no ocurra «quién es competente debe llevarlo a cabo y pedimos que lo haga con la máxima celeridad».

De forma muy resumida, la postura del Estado, y del PSOE, pasa porque la competencia en la gestión de aeródromos es autonómica y en el caso de Castilla y León así está establecida desde la última reforma del estatuto en 2007. Para la Junta, y la Diputación, la cuestión es que el traspaso no se ha abordado en la comisión mixta de Transferencias y que no hay una valoración de los medios materiales y humanos y un traspaso de los mismos, por lo que la trasferencia de esa competencia no es efectiva. Dos posturas que hoy parecen irreconciliables y que bloquean una iniciativa señalada como clave de cara al futuro provincial.

El portavoz del a Junta, Carlos Fernández Carriedo, explicaba de nuevo la postura del Ejecutivo autonómico al término del Consejo de Gobierno y tras la información publicada por este medio en el que, a través de una respuesta parlamentaria, el Gobierno central asegura que la competencia es autonómica y que el desbloqueo depende de la Junta. «Dice que la competencia es de las Comunidades y en el caso de Castilla y León desde la última reforma del estatuto en 2007», resumió Carriedo añadiendo que «lo que quiere decir el Gobierno es que es una competencia que hemos asumido desde el año 2007». El portavoz ironizaba con que «no lo sabíamos hasta el año 2026, que nos lo han comunicado en el día de hoy» –en alusión a la respuesta parlamentaria y su publicación en este medio–.

Desde la Junta se entiende que el proceso se tiene que adaptar a las mismas condiciones que los traspasos del resto de competencias y que con la gestión de los aeródromos, no ha pasado. «Cualquier competencia exige un acuerdo en el seno del a Comisión mixta de Transferencia, una valoración de los fondos, de los medios materiales y humanos y una transferencia de estos recursos», detalló. Carriedo aseguró que «esto no se ha producido» por lo que «es como decir que éramos competentes en Justicia aunque no se haya reunido la comisión mixta de Transferencias».

«Nosotros no nos negamos a asumir esa competencia, siempre y cuando, lógicamente y como hemos dicho siempre, estén suficientemente valoradas y se nos transfieran recursos humanos y materiales suficientes», subrayó el portavoz del Ejecutivo autonómico. En tanto que esa circunstancia se produce «quién es competente, –en referencia al Gobierno y en particular a la Agencia Estatal (AESA)– tiene que llevarlo a cabo y pedimos que lo haga con la máxima celeridad».

PSOE

Un conflicto que es competencial, pero también político. A penas unas horas antes de que compareciera Carriedo, el secretario general del PSOE de Soria, Luis Rey, también se refería a este asunto y a la respuesta que había dado el Gobierno a través del Senado. «Hablamos con la Dirección General hace poco y ya lo habíamos dicho, la pelota está en el tejado de la Junta y no quieren resolver», lamentó. Rey recordó que ya hizo referencia hace meses al informe sobre las competencias al que alude el Gobierno en su respuesta parlamentaria.

El líder socialista aseguró que AESA está «dispuesta a todo» menos a «firmar» la autorización porque «entiende que no puede hacerlo porque es una competencia autonómica desde 2007. Rey considera que el PP «no ha hecho nada» por desarrollar esa competencia y que «creo que fue un corta y pega de otros estatutos y no sabían ni que tenían la competencia». «El compromiso de AESA es hace toda la tramitación, las evaluaciones y correcciones necesarias, pero lo tiene que firmar un técnico de la Junta», explicó. El PSOE insiste en que «está en sus manos». «La sensación es que muchos en vez de buscar soluciones han buscado excusas porque tienen otro tipo de problemas con este proyecto», concluyó.

Estatuto y Aragón

Dentro del problema de competencias conviene aclarar dos cuestiones. En la respuesta del Gobierno se alude a los artículos 70 y 76 del estatuto de autonomía. El 70 habla de «Competencias Exclusivas» y entre las materias cita, con el punto 9, «aeropuertos, helipuertos, muelles e instalaciones de navegación de carácter deportivo y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales». En el 76 bajo el epígrafe «Competencias de ejecución» cita «corresponde a la Comunidad de Castilla y León, en los términos que establezcan las leyes y las normas reglamentarias que en su desarrollo dicte el Estado, la función ejecutiva en las siguientes materias» apuntando en el punto 10 a «aeropuertos y helipuertos con calificación de interés general cuya gestión directa no se reserve el Estado».

Un ejemplo cercano en el traspaso de esta competencia, que la Junta incluso ha citado, es el de Aragón. El Real Decreto se publicó a mediados de febrero de 2011. Como curiosidad, el coste efectivo de la transferencia fue de poco más de 11.000 euros.