La Gerencia sanitaria de Soria ocultó a la Junta que Fiscalía pidió información en noviembre

La cúpula de la sanidad soriana saltó el pasado martes por los aires con la detención por parte de la Guardia Civil del gerente, José Luis Vicente, y el responsable económico, Óscar Pérez como presuntos autores de un delito de prevaricación administrativa continuada. Tras comparecer ante el juez fueron puestos en libertad. Una operación policial que llevaba en marcha un año y de la que los responsables sorianos conocían perfectamente su existencia y aún así, no informaron a sus superiores en la consejería de Sanidad. Este medio ya informó de que se ocultó un oficio del juzgado remitido en marzo, pero es que antes, en noviembre, hubo otro oficio de la Fiscalía solicitando información sobre contratos que tampoco se comunicó a la Junta de Castilla y León.

Tal y como ha ido informando este medio la detención de los directivos sanitarios de Soria es el resultado de una operación iniciada a mediados de 2025 y que en su  comienzo nada tenía que ver con el hospital de Soria, sino con una estafa por la gestión de residuos de la construcción que denunció la empresa Soria Natural. En el marco de ese procedimiento se realizan, entre otras cuestiones, labores de vigilancia en el vertedero ubicado en el municipio de Golmayo, en el alfoz de la capital soriana. Durante esa observación los agentes de la Guardia Civil detectaron que hasta el citado vertedero llegaban vertidos sanitarios sin que aparentemente estuvieran recibiendo el tratamiento adecuado.

Es en ese momento cuando se abre una pieza separada enfocada en las prácticas de contratación de la gerencia de asistencia sanitaria de Soria. Desde la Guardia Civil se observa el uso del fraccionamiento de contratos como tónica general en la administración de la Gerencia Sanitaria de Soria.

En el transcurso de la investigación de esa pieza separada que motivó la detención el pasado martes de los altos responsables sanitarios desde dependencias judiciales se solicitó información a los departamentos implicados sobre determinados contratos, según pudo saber este medio. Estos requerimientos estaban vinculados precisamente a los procedimientos de contratación para la gestión de residuos sanitarios.

Según pudo saber este medio, en el mes de noviembre de 2025, la Fiscalía remite a la gerencia de Asistencia Sanitaria un oficio donde ya revela la investigación en marcha y donde solicita de forma expresa documentación relativa de unos contratos firmados por la dirección sanitaria de Soria. Pese a la gravedad de los hechos, desde la Gerencia se ocultó de forma deliberada esta información a la consejería de Sanidad.

No es un hecho aislado. Unos meses después repetirían la operación. Como ya avanzó este medio, en el mes de marzo llega un nuevo oficio a la Gerencia soriana, en este caso directamente del Juzgado de Instrucción. De nuevo, desde dependencias judiciales se insta a la gerencia a aportar nueva documentación sobre algunos de los contratos suscritos así como certificaciones, facturas y expedientes completos. De nuevo, nadie de Soria informó a la consejería de Sanidad sobre la existencia de la investigación, su alcance o los contratos bajo sospecha de la autoridad judicial.

Fuentes cercanas al caso explicaron a este medio que en el transcurso de los últimos meses además de esas dos peticiones se han hecho diversos requerimientos a la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria sobre diversas cuestiones. Estas mismas fuentes destacan que en muchas ocasiones las peticiones de información no fueron contestadas y que en otras las respuestas eran vagas. Los datos aportados apenas han tenido relevancia en el desarrollo de la investigación.

El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL) publica ayer la orden firmada por el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, por la que se hace efectivo el cese «a petición propia» del gerente de Asistencia Sanitaria, José Luis Vicente. Cabe recordar que el miércoles por la mañana la Delegación Territorial confirmaba en su puesto tanto a Vicente como a Pérez y que horas después era la consejería de Sanidad la que emitía un comunicado anunciando su dimisión. Los dos investigados son personal funcionario de la Junta por lo que su dimisión afecta a los puestos que ocupaban en la dirección de la gerencia de asistencia sanitaria, no a sus plazas respectivas. Vicente tiene puesto en el organigrama de Sacyl y Pérez ha sido derivado a otro departamento.

«NORMALIDAD»

La Junta de Castilla y León descarta que la investigación judicial abierta sobre el ya exgerente de Asistencia Sanitaria de Soria, José Luis Vicente Cano, y el responsable del área Económica, Óscar Pérez, que derivó en sus detenciones, vaya a afectar a los proyectos en marcha de Sacyl en Soria.

Así lo señaló, tras el Consejo de Gobierno, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, que confirmó la «normalidad» en el funcionamiento de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria «tanto en la parte asistencial como administrativa» y también aseguró que «los proyectos en marcha seguirán adelante».

De hecho, avanzó que tras la dimisión se ha dado «continuidad» al funcionamiento habitual de la Gerencia de Asistencia Sanitaria soriana «de la forma habitual en estos casos», ya que ha sido la directora médica la que ha asumido las funciones de gerencia «de forma provisional» hasta que «en el plazo de unos días» la propia Junta de Castilla y León realice los nombramientos.

En cuanto a la propia investigación que se está llevando a cabo sobre el exgerente, Carriedo recordó que se trata de un proceso abierto en sede judicial y que, por lo tanto, desde la Junta solo queda «respetar el procedimiento y colaborar en lo que se nos pueda demandar para que avance la investigación».

«Poco más podemos aportar», afirmó Carriedo, desde la perspectiva de que en la Junta no conocen «exactamente» las «causas y motivos» del procedimiento judicial abierto. «Cuando lo conozcamos, podremos hacer una valoración y un análisis más en precisión y podremos cuantificar el importe» de la posible afectación a las cuentas públicas de las actuaciones del exgerente y el ya también cesado responsable del área económica de la Gerencia.

En todo caso, Carriedo volvió a mostrar la disposición de la Junta para colaborar «en todo lo que sea necesario» para que la investigación judicial «se desarrolle con eficacia», por lo que avanzó la posibilidad de «aportar documentación o cualquier elemento de interés».