Cuatro asociaciones recurren al Supremo la sentencia del TSJ sobre Cerro de los Moros

Cuatro asociaciones, Asden-Ecologistas en Acción, Amigos del Museo Numantino, Hacendera y Soria por el Futuro, han presentado un recurso de casación al Tribunal Supremo (TS) contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que obligaba al Ayuntamiento de Soria a tramitar el expediente de Cerro de los Moros. El Consistorio ya adelantó prácticamente que no recurriría la sentencia y que tramitaría el expediente, agotando el plazo para el recurso que caduca a finales de este mes y principios de junio.

Las asociaciones, eso sí, han dejado claro este miércoles en una rueda de prensa celebrada en el Casino que retirarán el recurso siempre y cuando el Ayuntamiento archive o rechace la tramitación urbanística de Cerro de los Moros, y ha advertido sobre las consecuencias jurídicas de aprobarlo: "Si lo aprueban se monta el lío", ha señalado Luis Giménez, de Asden. "Que se atengan a las consecuencias los que aprueben eso porque puede ser una prevaricación", ha añadido. Los colectivos consideran que la sentencia del TSJ anuló la resolución de Alcaldía que dejaba en suspenso el desarrollo urbanístico, pero no el acuerdo plenario posterior que hacía lo mismo,  y que por tanto "permanece vigente".

"Denegar urbanización Cerro de los Moros, ya", es lema de las asociaciones, que han reseñado que aparte del Ayuntamiento y de la promotora urbanística, Pilares de Arlanzón, "hay un tercer actor que es la sociedad soriana, una parte que está en contra de Cerro de los Moros, y mucha gente que también se opone".

Asden-Ecologistas en Acción y Amigos del Numantino ya se personaron en el procedimiento judicial del TSJ, una sentencia que para las asociaciones "carece de rigor jurídico, y por eso presentamos un recurso de casación". En concreto, el recurso se presentó el martes por la tarde.

Giménez ha rechazado que su objetivo sea dilatar el caso sino que pretenden que "el Ayuntamiento se pronuncie".

Del mismo modo, han pedido la convocatoria del Consejo Sectorial de Urbanismo, hace 11 días, como ya hiciera el PP, y han recordado la obligatoriedad en su reglamento de este órgano que se convoque al menos una vez al año. "Llevamos 4 años sin hacerlo y no quieren conocer la opinión de la sociedad soriana".

Las asociaciones han criticado también las declaraciones de Luis Rey cuando dijo que no se convocaría el consejo hasta que no se contara con los informes técnicos pertinentes. "¿A qué informes se refiere? ¿Qué quiere decir con eso?"

Del mismo modo, han pedido una reunión con el alcalde de Soria, Javier Antón Cacho, el martes, porque "del anterior era su no opinión", en referencia a Carlos Martínez Mínguez.

Giménez ha subrayado que tras la presentación del recurso, el TS "tardaría unos 8 meses en decidir si lo admite a trámite" y ha recordado que el recurso "se puede hacer contra algunos argumentos de la sentencia". "Por ejemplo, el TSJ no entra en el fondo porque uno de los peritos (Ricardo Mínguez) dice que es parcial, y nosotros creemos que jurisprudencialmente es un fallo porque debe entrar aunque uno de los personados sea perito de parte". Hasta que el TS emitiera una sentencia, en caso de que admitiera a trámite el recurso, el plazo para un fallo sería de entre dos o tres años.

Los recurrentes consideran que se les ha ocultado información porque "un abogado del Ayuntamiento realizó un informe sobre cómo se debe actuar en esta cuestión y no sabemos nada de ese informe"; "hay también un informe técnico del coste para el sistema general de hacer Cerro de los Moros, y que se elevaría a 10 millones de euros que solo beneficiaría a la promotora", han explicado.

Durante la rueda de prensa también se ha leído un comunicado en el que destacan que Cerro de los Moros permitiría la construcción de 40 bloques de viviendas de 6 plantas para 1.304 viviendas más los necesarios equipamientos en 28.000 metros cuadrados.

Las declaraciones de Rey y el informe de Pilares de Arlanzón sobre su proyecto, en el sentido de que no afectarían al paisaje, hacen pensar a las asociaciones que "la idea del equipo de gobierno es aprobar la modificación, escudándose en la sentencia del TSJ".

Señalan que la propuesta urbanística en la ciudad con la construcción de más de 1.300 viviendas "albergarían una población equivalente a la de Ólvega". "Con estas dimensiones, es obvio que el impacto paisajístico, lejos de ser casi nulo, sería muy relevante".

Además, recuerdan que la sentencia da por presentados todos los informes que el Ayuntamiento reclamaba, "incluso el imprescindible y preceptivo Informe Ambiental Estratégico, sin considerar que el que cita como vigente caducó en agosto de 2024".

Además, manifiestan que en el periodo de información pública de la propuesta se presentaron 373 alegaciones que "a pesar de ser obligatorio, están sin resolver", que el plazo legal que tenía el Ayuntamiento para hacerlo expiró el 6 de marzo de 2023, y que el promotor "no ha consolidado derecho alguno al no cumplir las obligaciones que impone el PGOU y haber vencido los plazos para ello hace años". 

Reiteran también que las intenciones del Ayuntamiento es aprobar el expediente "algo inviable a día de hoy por carecer de un nuevo informe ambiental y no haber resuelto las 373 alegaciones presentadas".