El PP pide explicaciones a Mínguez y Antón tras el registro del Ayuntamiento de Soria por corrupción

La portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Soria, Belén Izquierdo, exigió hoy explicaciones públicas tanto al alcalde de la capital, Javier Antón, como al exregidor y actual secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, tras la operación judicial que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos y que se ha saldado con la detención de la concejala Yolanda Santos y otras cinco personas más.

Izquierdo recordó que el Ayuntamiento adjudicó durante los últimos años distintos servicios a la empresa Biosfera, vinculados, entre otras cuestiones, a actividades medioambientales, ludotecas, campamentos y actuaciones relacionadas con el entorno natural. Al respecto, agregó que su grupo solicitó información en diversas ocasiones sobre estas contrataciones y sostuvo que siempre se les trasladó que Santos no mantenía ninguna vinculación activa con la mercantil.

La dirigente popular calificó los hechos de "extrema gravedad" y mostró su respeto al trabajo que desarrollan la Guardia Civil, la Unidad Central Operativa (UCO) y la autoridad judicial. "Queremos entender qué es lo que ha fallado en este Ayuntamiento y qué medidas se van a implementar para que esto no vuelva a ocurrir", afirmó.

Izquierdo diferenció entre las posibles responsabilidades penales, que deberán determinar los tribunales, y las responsabilidades políticas que, a su juicio, corresponde asumir al equipo de Gobierno socialista. En este sentido, reclamó explicaciones tanto del actual alcalde como de Carlos Martínez, al considerar que una parte de los hechos investigados podrían remontarse a la etapa en la que este último estuvo al frente del Consistorio.

"Las cuestiones penales las tiene que resolver el juzgado, pero las cuestiones políticas sí que las tiene que llevar a cabo el Grupo Municipal Socialista", señaló para insistir en que el exalcalde debe ofrecer explicaciones por su responsabilidad al frente del Ayuntamiento hasta el pasado mes de abril.

La portavoz ‘popular’ aseguró que cualquier investigación judicial que afecte al Ayuntamiento ya resulta preocupante por sí misma, independientemente de cuál sea finalmente su desenlace. "No solo por la existencia o no de delitos, sino porque pone de manifiesto que hay algo aquí que no funciona", manifestó.

En ese contexto, recordó las críticas que el PP ha venido realizando durante los últimos años sobre la gestión municipal. "Lo llevamos denunciando de una forma reiterada. Siempre habéis oído nuestras manifestaciones de que aquí hay cuestiones que no quedan claras y contrataciones que son dudosas", aseguró. Al respecto, afirmó que su formación había hablado en ocasiones de un "cortijo" y de una "red clientelar" en referencia al funcionamiento del Ayuntamiento.

No obstante, Izquierdo precisó que el Partido Popular no había presentado denuncias ante la Fiscalía por estos hechos concretos y explicó que las actuaciones impulsadas por su grupo habían sido fundamentalmente de carácter político y administrativo. Como ejemplo, citó el caso de la denominada quinta planta, que sí fue recurrido ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo.

Respecto al origen de la investigación, indicó que no dispone de más información que la publicada en los medios de comunicación y recordó que las diligencias permanecen bajo secreto de sumario. "Respetamos profundamente la labor que hace la Justicia y serán los juzgados los que tengan que determinar las responsabilidades que correspondan", apuntó.

Izquierdo también reclamó transparencia institucional una vez que avance la investigación. En su opinión, el equipo de Gobierno debe informar primero a los grupos políticos y posteriormente ofrecer explicaciones públicas a los ciudadanos. "Los sorianos no nos merecemos que el nombre de Soria esté en todos los medios por investigaciones judiciales y por la UCO saliendo de los garajes de este Ayuntamiento", afirmó.

Asimismo, aludió a que Carlos Martínez también dará explicaciones sobre sus declaraciones respecto a que sabía que se iba a producir un registro en el Ayuntamiento de Soria un día antes de producirse, y agregó que, a pesar de que se ha desdicho, es de “extrema gravedad”.

Finalmente, mostró su respaldo al actual alcalde, Javier Antón, al considerar que los hechos investigados se remontan a etapas anteriores de gobierno. "Lo siento por Javier Antón porque responde de unas actuaciones que vienen de la época anterior, ya que a él no le ha dado tiempo a nada", concluyó.

En este momento prestan declaración ante el Juzgado número 3 de Soria los cuatro detenidos en la provincia de Soria. Este juzgado dirige una investigación, que se encuentra bajo secreto de sumario, junto a la Fiscalía Provincial. La operación se saldó ayer con seis detenidos, cuatro en Soria y dos en Madrid, tras los registros practicados durante casi doce horas en el Ayuntamiento de Soria y en dos domicilios particulares vinculados a la causa.

La investigación analiza presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal. Las diligencias se centran en contrataciones vinculadas a la empresa Biosfera Soria y en la posible relación de Yolanda Santos con esa mercantil antes de acceder al Ayuntamiento.

Tras conocerse los hechos, el Consistorio suspendió cautelarmente las delegaciones de la edil, mientras que el PSOE solicitó también su suspensión cautelar de militancia. El Ayuntamiento ha reiterado su colaboración con la Justicia y no descarta personarse en la causa cuando el estado de las actuaciones lo permita.