El TSJ estrecha el cerco sobre el chivatazo en la trama corrupta de Soria

Nuevo episodio sobre el chivatazo en el operación Fuentona contra la posible corrupción en el Ayuntamiento de Soria. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) estrecha el cerco sobre el chivatazo en la trama corrupta de Soria. El Alto Tribunal de Castilla y León admite, a través de su departamento de prensa, que a través del Juzgado se le informó al alcalde Javier Antón el pasado lunes día 22 de junio a través de un oficio que se iba a "practicar una actuación de entrada y registro en dependencias municipales".

Un oficio, no una comunicación ni un "requerimiento", como se ha informado desde el consistorio de la capital soriana en sus diferentes versiones, hasta tres, y filtraciones interesadas, en el que ya se reconoce ya que iba a haber una operación importante con persona implicadas. Un oficio que, según se señala desde el departamento de prensa del TSJCyL, se realiza de conformidad con lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, concretamente en los artículos 546 y 547.

"En este marco, el Tribunal de Instancia de Soria remitió un oficio al alcalde de Soria el día 22 de junio, limitándose a dar cumplimiento a dicha previsión legal. En el mismo, se puso en su conocimiento la posibilidad de practicar una actuación de entrada y registro en dependencias municipales, sin que se concretaran ni la fecha ni la hora de la actuación, ni se detallaran el objeto de las diligencias, los hechos investigados y las posibles infracciones penales, como tampoco las personas afectadas", detalla la nota remitida por el TSJ

Un oficio judicial que llegaba a manos del alcalde Soria con una advertencia clara sobre el secreto de las actuaciones: "El oficio incorporó una advertencia expresa sobre el carácter secreto de las actuaciones y sobre las posibles consecuencias jurídicas derivadas de la revelación de cualquier información relacionada con las mismas".

Lo que está por determinar ahora es si el actual regidor soriano se comunicó con su antecesor, el líder del PSEOCyL, Carlos Martínez. Porque conviene recordar que el propio Carlos Martínez reconoció a El País el mismo día del registro, aunque luego cambió de versión, que sabía de la operación el lunes 22 pero que era algo menor de "tráfico de influencias". Toca determinar si hubo o no comunicación ese lunes tras recibir el oficio entre Javier Antón y Martínez. ¿Fue el alcalde quién llamó a Carlos Martínez? Esa es la pregunta que debe responderse. Hay que ver si se obró con la debida cautela, ya que en toda esta trama de corrupción está el Gobierno municipal que preside este, con una concejala detenida y las adjudicaciones se han hecho desde el Ayuntamiento.

Todavía hoy, tres días después del registro del Ayuntamiento de Soria el día 23 de junio, Antón no ha dado ni una sola explicación. El regidor, en aras de la transparencia, debería salir a dar explicaciones ante los indicios de un chivatazo, que es lo que ha llevado a VOX y PP a presentar una querella, ante el hecho de que el juzgado no decidiera abrir una pieza separada, actuando de oficio. Pieza que, finalmente, debería ser investigada por el TSJCyL ante la situación de aforado como procurador de Carlos Martínez.

El TSJ, según la nota remitida señala que, "en respuesta a dicho requerimiento, el alcalde trasladó su total disponibilidad y colaboración con el tribunal para facilitar cuantas actuaciones sean necesarias en el marco de las funciones legalmente atribuidas y con estricta observancia de las indicaciones contenidas en el mencionado oficio".

Es más, "a tal efecto, se puso a disposición del órgano judicial para atender las comunicaciones que procedieran y coordinar lo necesario a fin de dar debido cumplimiento a lo interesado con la máxima diligencia y la debida reserva".

Comunicaciones que, según el TSJ, "responden a la necesidad de garantizar la eficacia de las actuaciones judiciales, así como su confidencialidad, en los términos legalmente establecidos".