Los constructores alertan del sobrecoste del material que amenaza la obra pública en Soria

El sobrecoste de los materiales derivado del conflicto en Oriente Medio, con el tapón registrado en el estrecho de Ormuz, está perjudicando seriamente a la ejecución de obras, trasladan desde la Asociación de Empresas de la Construcción y Obras Públicas de Soria (Aecop), que ven un incremento de los precios que hace imposible cumplir los contratos firmados antes de que se desencadenara esta situación internacional. 

“El betún ha pasado de 500 euros por tonelada a 700 euros, un incremento del 40%”, pone de manifiesto la vicepresidenta de Aecop, Susana Beltrán, quien advierte de que la crisis energética ha encarecido también el precio del gasóleo así como los costes de materiales como el cemento, el acero, el aluminio o los cerámicos, al elevar el gasto de los procesos productivos. Todo ello está repercutiendo de manera directa en la obra pública. 

Por ese motivo, la asociación de constructores valora la reciente aprobación por parte del pleno de la Diputación Provincial de Soria de la moción que insta al Gobierno de España a habilitar un mecanismo excepcional de revisión de precios para los contratos de obra pública de duración inferior a un año afectados por el incremento extraordinario de los costes derivado del conflicto bélico en Oriente Medio.

La Asociación agradece así el respaldo mostrado por la institución provincial a una reivindicación que el sector considera imprescindible para garantizar la viabilidad de numerosas obras públicas y evitar que una situación completamente ajena a las empresas termine comprometiendo la ejecución de inversiones esenciales para la provincia.

"La Diputación ha entendido que este no es un problema exclusivamente de las empresas constructoras, sino también de las administraciones que promueven obra pública y, en última instancia, de todos los ciudadanos que son quienes pueden verse perjudicados si estas obras no llegar a ejecutarse”, considera Beltrán.

Desde la Asociación de Empresas de la Construcción y Obras Públicas de Soria recuerdan que el problema afecta especialmente a las obras licitadas y adjudicadas antes del inicio del conflicto en Oriente Medio. Las empresas presentaron entonces sus ofertas con unos costes de materiales, combustibles y energía muy diferentes a los actuales. Sin embargo, la brusca escalada de precios registrada desde el estallido de la guerra ha alterado por completo el equilibrio económico de esos contratos.

La problemática, indican desde Aecop, perjudica especialmente a los contratos con un plazo de ejecución inferior a un año, que constituyen la mayor parte de las obras de conservación y mejora de carreteras promovidas por diputaciones y ayuntamientos. La normativa vigente impide a estos contratos acceder al mecanismo de revisión periódica ordinaria al no alcanzar el umbral temporal mínimo exigido de un año, por lo que las empresas deben asumir íntegramente unos sobrecostes que no podían prever ni repercutir cuando presentaron sus ofertas.

"Estamos hablando de contratos firmados con unas condiciones económicas completamente distintas a las actuales. Nadie podía anticipar una subida tan extraordinaria del precio del betún, de los combustibles o de la energía. Las empresas no tienen posibilidad legal de revisar esos costes y, en muchos casos, ejecutar la obra supone asumir pérdidas muy superiores al importe de la garantía depositada", explica la vicepresidenta.

El incremento de costes afecta al sector en general pero especialmente a las empresas que se dedican a conservación y mejora de carreteras, ya que la mayor subida ha sido la experimentada por el betún, que acumulaba además un incremento notable de los años previos al conflicto. Según el Índice de Precios de Materiales Generales que publica el INE, el coste de los materiales bituminosos –asfalto y betún- habían acumulado subidas de más del 70% desde finales de 2019, por lo que el actual choque supone una nueva capa de incremento sobre una base ya históricamente elevada.

Con el marco legal actual, ni las empresas ni las administraciones cuentan con cobertura legal para reequilibrar este incremento de costes en los contratos afectados, por lo que existe un riesgo real de que obras ya adjudicadas no se puedan llegar a ejecutar ante la inviabilidad económica de su ejecución a los precios de contrato, según Aecop.

Pero además, avisa Beltrán, “determinadas obras pueden quedar desiertas, retrasarse o incluso no llegar a ejecutarse”. De hecho, alerta, la campaña de aglomerado de vías que debería estar ejecutándose está en peligro por esta situación. En Soria, y a nivel nacional.

Aecop insiste en que esta situación trasciende el ámbito empresarial. Supone también un problema para las administraciones públicas, que pueden encontrarse con dificultades para ejecutar inversiones necesarias en carreteras e infraestructuras si las empresas no pueden asumir unas condiciones económicas completamente desvirtuadas por circunstancias excepcionales. “Eso perjudica a las empresas, pero también a las administraciones que las licitan y, sobre todo, a los vecinos que necesitan esas infraestructuras", considera la vicepresidenta de la asociación.

Advierte además de que la problemática está lejos de mejorar. Las últimas noticias relacionadas con la tensión en torno al Estrecho de Ormuz continúan alimentando la incertidumbre sobre los mercados energéticos y mantienen la presión sobre los precios de los productos derivados del petróleo, fundamentales para la ejecución de obra pública. "El problema no solo no se ha resuelto, sino que sigue agravándose. La incertidumbre internacional hace muy difícil prever una estabilización de los costes y eso incrementa aún más el riesgo para las empresas y para las administraciones", añade Beltrán, quien recalca además que esta casuística no afecta sólo a la provincia de Soria. “Es un problema compartido por diputaciones y administraciones de toda España. De hecho, las diputaciones de Segovia, Burgos, Albacete… han trasladado los mismos hechos”, recuerda.

Por ello, Aecop considera imprescindible que esta reivindicación sea trasladada al Gobierno de España por el conjunto de las administraciones públicas y organizaciones representativas con el objetivo de impulsar una solución normativa que permita revisar excepcionalmente los contratos afectados, tal y como ya ocurrió durante la crisis derivada de la guerra de Ucrania. En concreto, se plantea la necesidad de aprobar con carácter urgente un Real Decreto-ley de revisión excepcional de precios para todo tipo de contratos de obra pública, incluidos aquellos de duración inferior a un año.

Desde la Asociación se insiste en la necesidad también de promover con la máxima celeridad posible la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público "con el fin de incorporar con carácter estructural y permanente la posibilidad de revisión de precios en los contratos de obras, especialmente en aquellos de duración inferior a un año, cuando concurran circunstancias excepcionales de alteración extraordinaria del mercado".

“Nos consta que la Confederación Nacional de Construcción (CNC) está en conversaciones con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y con el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y ha puesto encima de la mesa una propuesta para la revisión excepcional de precios ante esta situación, así como para modificar la Ley de Contratos del Sector Público. Sin embargo, hasta la fecha no se ha obtenido ningún tipo de respuesta por parte de estos dos ministerios”, lamenta la vicepresidenta de Aecop, quien confía no obstante en que se pueda desbloquear esta situación que está asfixiando a las empresas del sector y se puedan articular medidas de alivio como las que se han aplicado ya en otros colectivos, como el del Transporte.

La Asociación confía en que el respaldo de la Diputación de Soria sirva de impulso para desbloquear esta negociación así como para que otras instituciones se sumen a esta petición y los ministerios competentes adopten cuanto antes las medidas necesarias para garantizar la continuidad de la obra pública.

"No estamos pidiendo un trato de favor ni ayudas extraordinarias. Lo que reclamamos es una solución excepcional para una situación excepcional. Si no se actúa con rapidez, corremos el riesgo de que obras necesarias para nuestros municipios no puedan ejecutarse, con el consiguiente perjuicio para las empresas, las administraciones y, en definitiva, para toda la sociedad", concluye Beltrán, quien reitera la necesidad de “garantizar la viabilidad de la obra pública local y provincial, el mantenimiento del tejido empresarial constructor en Soria y la prestación de los servicios de infraestructura vial a los que tienen derechos los ciudadanos de esta provincia”.