La Diputación de Soria busca culpables en el bloqueo del aeródromo de Garray

El pleno celebrado este viernes en la Diputación Provincial de Soria se centró en la situación del Aeroparque Tecnológico e Industrial (ATI) de Garray. Por un lado, se desestimó el último recurso presentado por dos particulares aprobando de forma definitiva el proyecto de ampliación. Por otro, el vicepresidente de la Diputación, José Antonio de Miguel, sobre el bloqueo del traspaso de competencias entre AESA y la Junta, avanzó que «estamos pendientes del encargo realizado a un bufete de abogados para que emitan un informe sobre la responsabilidad en la que han podido incurrir las administraciones que están incluidas en este proceso». 

Un informe que «conoceremos este mes». Y es que, resaltó, «siempre he sido partidario de la vía judicial debido a los perjuicios que está causando a la provincia el retraso de estos permisos, algo injustificable». No en vano, añadió, «hay empresas que llaman para invertir y ante el escenario que tenemos se van». Sin contar con el interrogante de qué pasará con el dinero comprometido por Somacyl. Casi cinco millones de euros «que si no se ejecutan van a ir a remanentes y luego va a ser muy complicado recuperar».

La aprobación de la desestimación del recurso de reposición salió adelante con los votos del PP y de Vox. El PSOE se abstuvo, una votación que De Miguel lamentó: «En este barco hemos estado todos desde el principio». El recurso se presentó contra el acuerdo del pleno de noviembre de 2025 de aprobación definitiva del proyecto de ampliación del aeródromo de Garray.

Tal y como explicó el vicepresidente, los titulares de la finca en cuestión, de menos de media hectárea, apelan a que no está justificada la utilidad pública o el interés social así como a errores en la superficie añadiendo que los bienes afectos no son necesarios para la obra o servicio. 

Sin embargo, y así venía dictaminado por la comisión, «la utilidad pública de la expropiación está acreditada en el expediente así como en la necesidad de ocupación de los terrenos afectados, entre ellos la finca de los recurrentes». Además, continuó De Miguel, en este caso, «no se precisa de la autorización de AESA, con carácter previo, para la ampliación del aeródromo», un extremo que los recurrentes también recogían en su escrito. Por otro lado, «las variaciones en el proyecto no tienen trascendencia ambiental, por lo que es preciso reiterar el trámite ambiental ya realizado en 2023», continuó.

Por otra parte y respecto al precio del terreno en cuestión, De Miguel puntualizó que «no existe ninguna negativa de la Diputación a adquirir de mutuo acuerdo los terrenos, siempre que se realice por el valor que resulte de la aplicación de la normativa» añadiendo que «la Diputación no se ha negado al mutuo acuerdo; se ha negado a pagar lo que ellos piden. Tampoco estamos cerrados a una permuta». Además, en cuanto a las cuestiones relativas al valor de la finca «en el catastro está recogido que es de secano pero no hay inconveniente en fijar el precio como si fuera de regadío en función de las valoraciones técnicas».

Por todo ello, el pleno aprobó este viernes continuar la tramitación del expediente expropiatorio en los términos legalmente establecidos, incluida la apertura de la fase de justiprecio y, en su caso, la posibilidad de adquisición por mutuo acuerdo prevista en la Ley.

Preguntas de Vox

En el apartado de preguntas, el diputado de Vox, Eduardo Álvarez, interrogó al equipo de Gobierno sobre el futuro de la empresa Usado For Sale y la reunión mantenida con responsables del Ejército de Tierra con el objetivo de dar uso a las instalaciones. 

De Miguel apuntó que la situación de gestión del ATI «es peculiar e incómoda con un contrato prorrogado a Airpull pero con una nueva adjudicataria que, si no puede entrar a gestionar e invertir al final se irá ya que necesita el visto bueno de AESA para tomar posesión pero pasa la pelota a la Junta que, sin embargo, no tiene las competencias transferidas al no haberse producido la reunión de la comisión mixta».

En cuanto a la reunión con el Ejército de Tierra, De Miguel aseguró que tomó el guante lanzado en la anterior legislatura cuando se habló de descentralizar unidades del ejército poniendo a disposición las instalaciones garreñas para maniobras o formación. Un guante recogido, a su vez, por los militares.