El Ejército revive el aeródromo de Soria para maniobras y para la prueba de drones

El interés del Ejército de Aire por el aeródromo de Soria para llevar a cabo maniobras, probar la efectividad de drones y ensayar nuevas tecnologías aeronáuticas salva de la inactividad a las instalaciones en la que se encuentran ahora a causa del bloqueo de permisos por un conflicto en materia de competencias.

El Jefe de la Base Aérea de Zaragoza de la agrupación de dicha base y Comandante Militar Aéreo del Aeropuerto de Zaragoza, el General de Brigada, Luis Alberto Martínez Ruiz, trasladó al vicepresidente de la Diputación y responsable del Aeroparque Tecnológico Industrial (ATI), José Antonio de Miguel, en una reciente reunión, el interés por el enclave aeroportuario para realizar sus entrenamientos.

El comandante militar aéreo de la base de Zaragoza valoró positivamente las instalaciones, propiedad de la Diputación que las puso a disposición del ejército. 

La futura colaboración se enmarca en el convenio que firmaron ambas instituciones en 2021. Entonces, el Jefe de Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire, Ignacio Bengoechea Martí, y el presidente de la Diputación, Benito Serrano, rubricaron el convenio de colaboración, con el fin de llevar a cabo actividades conjuntas en el ámbito del desarrollo del proyecto del Aeroparque Industrial Tecnológico en el Aeródromo de Garray en Soria. 

Mediante este protocolo, se establecieron los términos generales de colaboración entre ambas instituciones, permitiendo iniciar actividades de colaboración orientadas a implementar soluciones innovadoras que hagan posible alcanzar una mayor eficiencia en la gestión de alguna de las flotas del ejército del aire.

Además, se planteó reactivar la colaboración tanto en el Área Operativa, con el personal, medios aéreos o terrestres, material e instalaciones o equipos, como en el Área Logística, así como en el Área de Instrucción, con actividades de carácter formativo y de divulgación que realice el ‘Centro Integral de Formación Aeronáutica’.

De Miguel aclaró que el vacío administrativo actual sobre las competencias para autorizaciones aeronauticas en Garray no afecta a la actividad del Ejército que cuenta con el convenio de colaboración. La empresa gestora, Airpull, está realizando la tramitación para facilitar al Ejército sus maniobras. 

El proyecto del ATI, que impulsa la Diputación y que ahora está parado, echó a andar con el objetivo de promover la formación y establecimiento de nuevas tecnologías, la diversificación ocupacional, el incremento poblacional y la apertura al exterior, en las infraestructuras actuales y futuras del aeródromo provincial. 

El proyecto está totalmente parado y promete estarlo durante todo este año. Falta la autorización para las obras de ampliación de la pista lo que permitirá la operación de aeronaves de mayor tamaño y también falta la autorización para que el nuevo gestor, la empresa Usado for Sale, pueda entrar a operar. 

Este bloqueo se debe a un conflicto entre la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y la Junta de Castilla y León. La primera indica que las competencias son del Gobierno regional y éste dice que no las recibido en el marco de una comisión de transferencias.

Este bloqueo arrancó el año pasado y el vicepresidente de la Diputación se teme que va a continuar a lo largo del presente por se un año electoral en Castilla y León, donde tendrá que salir un nuevo gobierno de los comicios del 15 de marzo.

José Antonio de Miguel aseguró que el de Garray es el único aeródromo que se encuentra en esta situación, es decir, con toda la tramitación avanzada a falta solo de los permisos. Por ello, la Diputación, como propietaria y promotora del ATI espera el informe de sus abogados para iniciar acciones legales y pedir responsabilidades. «Quieren paralizar el desarrollo de este aeródromo», asegura De Miguel y por ello la Diputación ha iniciado actuaciones judiciales.

El nuevo gestor, que ha salido de un proceso de licitación, tampoco puede entrar a operar y por ello se mantiene prorrogado el contrato con Airpull, que en 2023 comunicó su interés de concluir el contrato.

«Nosotros seguimos con la gestión porque no queremos que se pierda todo el trabajo realizado en los últimos 10 años», manifestó Juan Cabañero. Si el aeródromo se quedase sin gestor se tendría que cerrar y no podría volar ni siquiera el helicóptero del Sacyl.