Castilla y León, a la cabeza de la exclusión financiera con casi 200.000 personas sin oficinas bancarias

Ciudadanos sin bancos ni servicios financieros en sus localidades de residencia. Es lo que se llama ‘exclusión financiera’, un fenómeno que Castilla y León padece la que más entre todas las comunidades autónomas, aunque en los últimos años da muestras de resistencia. Más de 198.000 personas carecen de puntos de acceso presenciales a servicios bancarios en sus municipios. Eso sí, la situación en la Comunidad ha mejorado y entre 2021 y 2024, ya que el número de castellanos y leoneses sin este servicio se ha reducido un 31,8%, más que el 25,5% del conjunto nacional.

Son los datos de un estudio del Banco de España presentado este martes en Valladolid por la subgobernadora de la institución, Soledad Núñez. Un informe que pone sobre el tapete que todavía son 1.336 municipios de la región, el 59,4% del total, los que carecen de este tipo de servicio, un 13,8% menos, debido a que los habitantes de 114 nuevos municipios tienen acceso a ‘ofibuses’ respecto a 2021, principalmente en la provincia de León. En el periodo analizado, el número de puntos de acceso (oficinas, cajero o medios alternativos), se incrementó en Castilla y León un 1,9%, al pasar de los 4.369 a los 4.451. De ellos, 1.240 son oficinas, 2033 cajeros y el resto, 1.178, medios alternativos.

Castilla y León ha revertido, así, la tendencia y se ha convertido en uno de los principales escenarios de resistencia frente a la también denominada «desertificación bancaria» que azota al interior peninsular. Según el informe, la Comunidad ha logrado dar un vuelco histórico a su tendencia de exclusión presencial mediante fórmulas alternativas de atención.

El despliegue masivo de oficinas móviles –los denominados ‘ofibuses’– ha permitido revertir el cierre sistemático de sucursales, incrementando el número total de puntos de acceso a servicios bancarios (denominados PAC en el informe) en un 1,88% entre 2021 y 2024, situándose como una de las pocas regiones con balance positivo, solo superada por La Rioja (5,08%), Cataluña (3,85%) y región de Murcia (3,01%). Solo una más tuvo balance positivo, Navarra, pero menor (1,41%).

Los datos reflejan fielmente la profunda reestructuración del tejido financiero autonómico. En 2021, la Comunidad contaba con un total de 4.369 puntos de acceso presenciales (considerando oficinas tradicionales, cajeros automáticos y canales alternativos). Al cierre de 2024, esta cifra se elevó hasta los 4.451 puntos, impulsada de forma casi exclusiva por un extraordinario repunte del 1,55% experimentado solo durante el último año analizado (23-24). Esta inyección de servicios presenciales ha aliviado la situación de miles de pequeños núcleos rurales desprovistos de sucursales convencionales.

El dinamismo de los medios alternativos contrasta drásticamente con la parálisis y contracción de la banca física comercial. Si se analiza estrictamente la disponibilidad de oficinas bancarias tradicionales, Castilla y León sufrió una pérdida neta del 6,20% de su planta física en el período 2021-2024, pasando de 1.322 oficinas a apenas 1.240. La sangría de cierres comerciales no cesó en el último año, anotando un leve descenso adicional del 0,16% respecto a 2023.

Idéntico comportamiento de contracción se aprecia, en el informe del Banco de España, al aislar la infraestructura conjunta de oficinas y cajeros automáticos puros. Bajo esta denominación, los puntos de atención cayeron un 5,30% en el acumulado de los tres años, descendiendo de 3.456 a 3.273 puntos.

Ofibuses

Sin embargo, al introducir en la ecuación los canales móviles y alternativos en colaboración con administraciones locales y provinciales, el panorama cambia radicalmente. El Banco de España subraya explícitamente que la mejora en Castilla y León en 2024 (un aumento de cobertura del 1,6%) ha sido posible gracias a las rutas periódicas de las oficinas móviles, un «salvavidas» para la España vaciada.

El impacto directo sobre los habitantes de la Comunidad es el dato más reseñable del informe del supervisor del sistema bancario español. En 2021, la población de Castilla y León que residía en municipios sin ningún tipo de acceso a servicios financieros presenciales ascendía a 290.812 personas, representando un preocupante 12,16% del total regional. Tres años después, la cifra de ciudadanos en situación de exclusión presencial total ha caído con fuerza hasta las 198.326 personas (el 8,29% de la población total).

Esta reducción neta del 31,80% en el número de excluidos implica que más de 92.400 castellanos y leoneses han recuperado la atención presencial en sus localidades de residencia. Gran parte de este avance se concentró en el último ejercicio, que dio acceso a más de 70.000 ciudadanos: entre 2023 y 2024, la población sin acceso cayó un 26,61%, pasando de 270.248 a los citados 198.326 habitantes, consolidando a la Comunidad como una de las regiones que más terreno gana a la vulnerabilidad financiera en el medio rural. La diferencia, en números más precisos, alcanza los 71.922 vecinos.

A pesar del éxito en la extensión de rutas de oficinas móviles, la atomización municipal de Castilla y León sigue planteando grandes retos debido a su dispersión geográfica, tal como señala el informe. Las nueve provincias cuentan todavía con 1.336 municipios desprovistos de un punto de acceso fijo o alternativo estable, lo que equivale al 59,4% de todas sus localidades. No obstante, la evolución temporal demuestra que se transita por una senda de progreso: en 2021 eran 1.550 los municipios completamente desconectados (el 68,95% del total), lo que supone una disminución neta del 13,81% en el número de pueblos excluidos.

El Banco de España concluye que Castilla y León, junto con el interior de Cataluña, lidera los avances más significativos en la recuperación de servicios de proximidad mediante la adaptación de formatos. Mientras otras autonomías periféricas o insulares registran retrocesos generalizados en su infraestructura física por la digitalización acelerada, el modelo castellano y leonés fundamentado en el soporte móvil demuestra que es posible mitigar la brecha financiera y garantizar el derecho de acceso al efectivo de los colectivos más vulnerables del medio rural.

Quizá por ello la subgobernadora del Banco de España, Soledad Núñez, escogió Valladolid para presentar el informe en la mañana de este martes, ciudad donde manifestó que la inclusión financiera «afecta a la transmisión de la política monetaria, que se transmite mejor si hay bajos niveles de exclusión» y los sistemas financieros resultan «más estables». «Es la motivación de que los bancos centrales estemos tan interesados en la inclusión financiera. Aunque en general en España es alta, hay focos vulnerables, y entre ellos están las zonas más rurales y con menos población», determinó en declaraciones que recogió Ical.

A nivel nacional, en este período, el número de puntos de acceso presencial a los servicios bancarios se redujo un 2,5%, al pasar de 68.883 en 2021 a 67.166 en 2024. A pesar de esta reducción, el número de municipios sin acceso también disminuyó, pero crece la tasa nacional de personas con acceso a estos medios, algo que es consecuencia de que se han reducido los puntos «en zonas donde ya los había y se han puesto nuevos donde no los había, y en conjunto ha mejorado», expuso Núñez. Así, al final de 2024, 2.638 municipios -un tercio del total- carecían de acceso presencial a los servicios bancarios en España, lo que supone 608 menos que en 2021 (una caída del 18,7%), aunque en muchos de estos casos había oficinas móviles.

Autonomías

En lo que se refiere a la población sin acceso, entre 2021 y 2024 el número se redujo en 219.304 personas. No obstante, 435.340 españoles residen en municipios sin servicios bancarios, lo que implica que la población española sin acceso se redujo del 1,4% al 0,9% del total.

En términos absolutos, con 198.326 personas sin accesos bancarios presenciales, Castilla y León se sitúa en cabeza por delante de Aragón (58.243), Castilla-La Mancha (41.898), Navarra (32.322), País Vasco (21.575), Extremadura (21.466), Cantabria (15.548), Comunidad Valenciana (12.308), Andalucía (11.767), Cataluña (11.381). Lo mismo ocurre a nivel porcentual, dado que la Comunidad presenta al 8,3% de población sin servicio, por delante de Navarra (4,7%), Aragón (4,3%), Cantabria (2,6%) y Castilla-La Mancha (1,9%) y La Rioja (1,2%).

La subgobernadora destacó que el informe contempla en esta ocasión un capítulo nuevo sobre el acceso a este tipo de servicios por parte de la población inmigrante, con un alto peso ya de la sociedad nacional, dato, sin embargo, que solo se encuentra a nivel nacional y no regionalizado. Así, el uso de la oficina bancaria es algo menor que las preferencias declaradas en los nativos y algo mayor en los inmigrantes, aunque en ambos casos, cercano al 60%. En los dos, además, la banca online se utiliza unos 10 puntos porcentuales más. El uso de la oficina es seis puntos mayor en los inmigrantes que en los nativos (55,9%, frente al 49,4%) y el de la banca online menor (78,5%, frente al 85,4%, respectivamente).

La progresiva reducción de puntos de acceso también tiene implicaciones para las zonas urbanas. A su juicio, se observa una «heterogeneidad de accesibilidad» entre las principales ciudades españolas y entre sus distritos, por lo que «se está profundizando en este ámbito».

Por un lado, se consideran también otras características socioeconómicas relacionadas con los riesgos de exclusión, como el nivel de renta o el país de nacimiento y, por otro, midiendo la distancia por desplazamiento en carretera, en vez de en línea recta, en particular en zonas no urbanas.